El proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, experimentó un giro relevante tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario.
La petición, presentada por la fiscal Lucy Marcela Laborde ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, se fundamenta en la presunta implicación de Petro Burgos en un esquema de corrupción vinculado a contratos para la atención de adultos mayores en el departamento del Atlántico.
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La acusación sostiene que Petro Burgos habría intervenido en irregularidades relacionadas con la Fundación Conciencia Social, entidad que gestionó contratos con la Gobernación del Atlántico. En este contexto, el ente acusador imputó cinco delitos: peculado por apropiación, tráfico de influencias de particular, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.
Durante la audiencia, la fiscal Laborde expuso que se detectaron inconsistencias tanto en la hoja de vida del exdiputado como en su declaración de renta. Estos elementos, según la funcionaria, refuerzan la necesidad de restringir su libertad. Además, subrayó que el exdiputado actuó con pleno conocimiento de la ilicitud de sus acciones. “El indiciado es imputable y conocía lo que estaba haciendo al momento de ejecutar las conductas, pues tenía la capacidad de comprender su ilicitud”, afirmó Laborde.
La representante del ente acusador detalló que las pruebas recabadas evidencian un interés personal de Petro Burgos en los contratos gestionados a través de la Fundación Sucos, así como una apropiación irregular de recursos públicos. “Comprendió que estaba mostrando su interés en esos contratos que se realizaron a través de la Fundación Sucos. Además, se apropió en provecho suyo y de terceros —como Daysuris del Carmen Vázquez Castro, Pedro Name y Gustavo De La Causa— de fondos derivados de los contratos celebrados entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Fucoso”.
La justificación de la fiscal Laborde para pedir la medida de aseguramiento contra Nicolás Petro
La fiscal Lucy Laborde explicó que es necesario que el hijo del presidente Petro sea enviado a la cárcel para evitar que utilice sus influencias para obstaculizar el proceso.
Según Laborde, el hijo del jefe de Estado gozó de información privilegiada sobre los testigos, en especial, de su expareja Daysuris Vásquez, a quien se le otorgó un principio de oportunidad para colaborar en el caso.
De igual manera, señaló que accedió a información sensible sobre un testigo protegido, de quien su identidad no había sido revelada para evitar consecuencias.
Tras una pausa, el abogado defensor Alejandro Carranza se retiró de la audiencia y fue reemplazado por Miguel Ángel Ramos. Luego del cambio, la representante del ente acusador explicó que Petro Burgos es un peligro para la sociedad por la naturaleza de sus delitos y su presunta obstrucción de la justicia, por lo que “urge y apremia la imposición de la medida de aseguramiento”, dijo al juez.
A lo largo de su extensa intervención, la fiscal Laborde expuso las conversaciones entre Petro Buros y Vásquez para esconder el dinero recibido de manera ilícita y no ser descubiertos por la justicia colombiana. En ese sentido, señaló que el exdiputado del Atlántico “puede cometer conductas delictivas en un futuro”.
Al finalizar la intervención, el juez del proceso anunció que se suspende la audiencia, por lo que pidió a las partes estudiar el material probatorio expuesto por la Fiscalía para determinar si Petro Burgos tiene medida de aseguramiento mientras continúa el caso por corrupción en la Gobernación del Atlántico.
Después de una larga deliberación para definir una fecha en la que se retome la audiencia, el juez determinó que se reserve el día 15 de diciembre a las 8:30 a. m. para la intervención del Ministerio Público. Además, solicitó que las partes también se conecten el 18 de diciembre desde 8:30 a. m.
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