
El proceso de negociación del aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 comenzó de manera oficial el 1 de diciembre de 2025 con la instalación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la que están representantes del Gobierno, empresas y sindicatos de trabajadores. Dicho inicio estuvo marcado por la oficialización de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) de retirarse de la mesa de concertación.
La organización argumentó que el Ejecutivo ya había tomado una decisión y que no existía un espacio real para la negociación. Según el presidente del gremio, Jaime Cabal, la inclusión anticipada del 11% evidenció la falta de apertura al diálogo y la concertación genuina.
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Dicha cifra sigue generando preocupación en varios sectores. Por ejemplo, la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), uno de los centros de pensamiento económico más influyentes del país, propuso un aumento más moderado, situado entre el 6% y el 7%. Según sus estimaciones, un incremento del 7% ubicaría el salario mínimo en cerca de $1.523.145 mensuales. La entidad argumentó que su propuesta se basa en la inflación registrada y la productividad laboral proyectada para 2026.

Y es que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que la inflación anual en octubre de 2025 alcanzó el 5,51%, mientras que la productividad laboral creció un 0,91% durante el año. Fedesarrollo y otros expertos señalaron que un ajuste salarial que supere estos indicadores podría tener efectos adversos sobre el empleo formal y la competitividad empresarial.
Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que lidera Bruce Mac Master, participa de forma activa en la mesa de concertación y solicitó que la discusión se base en criterios técnicos, en especial, en la inflación y la productividad. Insistió en que el debate debe centrarse en datos objetivos y en el impacto real sobre el empleo formal.
Como se recordará, el Gobierno de Gustavo Petro, por medio del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, propuso un incremento del 11%, lo que llevaría el sueldo de $1.423.500 a $1.580.085, sin incluir el subsidio de transporte. La iniciativa del Ejecutivo de aumentar el sueldo en esa cifra, según el funcionario, busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos. Sanguino defendió la propuesta como una medida alineada con las necesidades sociales y económicas del país.

Propuesta incluida en el presupuesto
La decisión, de acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco), Camilo Sánchez, ya está dada, debido a que está incluida en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026. Por eso, cuestionó la anticipación del Gobierno: “En el presupuesto nacional el incremento ya está escrito: 11%. Así dice el presupuesto. Esto no es una sorpresa”, precisó el dirigente al insistir en que este escenario limita la capacidad real de negociación entre las partes.
Camilo Sánchez, en su doble rol como presidente de Andesco y del Consejo Gremial, resaltó la autonomía de los gremios que integran la mesa: “Los gremios que representan al Consejo General son cinco: la SAC, Fenalco, los pequeños industriales, Acopi, Asobancaria y otros. Ellos tienen autonomía, los oyen, pero cada uno toma su decisión”, explicó al recalcar que su intervención representa la posición de Andesco y del sector de servicios públicos.
Postura técnica y críticas al proceso
El dirigente es una de las voces más críticas respecto al proceso de negociación. En rueda de prensa, del 2 de diciembre, reiteró la necesidad de que la discusión se base en criterios técnicos y no en decisiones políticas anticipadas. “Acabamos de firmar un documento con exministros y técnicos diciendo que solicitamos que esa mesa de concertación se dé técnica”, informó. Enfatizó en que la falta de rigor técnico puede tener consecuencias negativas para el empleo formal.

De paso, advirtió que no se están considerando los estudios económicos existentes: “No estamos oyendo a los técnicos, no estamos oyendo a los gremios interesados en el tema técnico”, señaló al mencionar que en la negociación tampoco se tienen en cuenta los análisis de Fedesarrollo ni del Banco de la República sobre los impactos de un ajuste elevado.
Cuál debe ser el objetivo del aumento del salario mínimo
Sánchez insistió en que el objetivo no debe ser competir por quién propone un aumento mayor, sino proteger el empleo formal: “Aquí no estamos en la competencia de quién sube más el salario mínimo, sino en cómo hacemos para que perdamos menos salarios formales”, afirmó. Recordó que la informalidad laboral (trabajadores que no pagan salud, pensión y no tienen derecho a vacaciones ni cesantías) en Colombia “está en el 56%” y advirtió que decisiones sin soporte técnico pueden ampliarla.“La informalidad del sector agropecuario es superior al 80%”, lamentó.
Asimismo, resaltó que los incrementos salariales deben considerar la inflación y la productividad: “Lo serio es inflación más uno o dos puntos por productividad. Lo demás se lo come la inflación”, sostuvo. Alertó que aumentos desbordados afectarían sectores intensivos en mano de obra como vigilancia, turismo y actividades rurales.
Al cierre de su intervención, Sánchez reiteró el compromiso de Andesco con una mesa técnica: “Acompañamos esa mesa técnica. Puede que no nos ganemos los aplausos, pero los aplausos de hoy son lágrimas del mañana”, concluyó. Además, enfatizó: “Yo estoy hablando por Andesco, por servicios públicos, sin el miedo de ser populistas en época electoral, simplemente, qué puede pasar con los empresarios de ese sector que van a quitar puestos muy seguramente a personas que podríamos mantener si tuviéramos un incremento económico como debe ser”.
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