La senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, salió al paso de las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la Nación, que la vinculan con el esquema de corrupción relacionado con la adjudicación de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
En un video difundido en sus redes sociales, Peralta rechazó enérgicamente los señalamientos y advirtió sobre el impacto que estas imputaciones podrían tener sobre sus derechos políticos y su candidatura.
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“Faltando tres meses para las elecciones, ahora la Fiscalía me señala sin tener la competencia para investigarme, con afirmaciones falsas, actuando en contra de mi buen nombre y de mi proceder político, que ha sido transparente y por el beneficio de los colombianos”, dijo la congresista.

“Ni siquiera nos han dado la oportunidad de defendernos. Yo jamás he sido imputada. Aquí lo que están buscando es callarnos para no seguir luchando por las reformas sociales; eso les incomoda. A pesar de todas estas dificultades, seguiremos hacia adelante porque somos la voz de los pueblos”, afirmó Peralta con firmeza en el video.
La Fiscalía podría vincular a Martha Peralta en el ‘carrusel’ de contratación de la Ungrd
Las palabras de la congresista se deben a que la Fiscalía acusó a Peralta de haber influido en el direccionamiento de un contrato por $2.170 millones destinados a la contratación de maquinaria amarilla en La Guajira, en particular en el municipio de Riohacha.
Según el ente acusador, la congresista habría solicitado la adjudicación del contrato a favor de la empresa Inversiones IRL SAS, representada por los contratistas Isaac Francisco Riscala Lozano y Jorge Riscala Muvdi, en una reunión celebrada el 19 de septiembre de 2023 en la sede de la Ungrd.

En este encuentro, la senadora habría solicitado directamente que la Ungrd contratara maquinaria amarilla para el corregimiento de Monguí, en La Guajira. De acuerdo con el testimonio de Olmedo López, exdirector de la entidad, él mencionó que, tras la solicitud de Peralta, se asignó un funcionario de la Unidad, Sneider Pinilla —exdirector de la entidad y también salpicado—, para que gestionara la petición.
Para el ente acusador, estos hechos podrían formar parte de una práctica conocida como “cupos indicativos”, en la que congresistas influyen en la adjudicación de contratos para beneficio propio o de sus allegados.
Cabe destacar que durante la audiencia pública de imputación de cargos contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exjefes de las carteras de Hacienda y del Interior, respectivamente, en la que se detalló la vinculación de la congresista en el esquema de direccionamiento de contratos. Según las revelaciones, Peralta habría sido una de las articuladoras de los “cupos indicativos” para darle viabilidad a los proyectos del Gobierno nacional en el Congreso.

Según la Fiscalía, Peralta habría coordinado la entrega de contratos a congresistas a cambio de su apoyo a la reforma pensional. En particular, la senadora habría solicitado proyectos de infraestructura en diversas regiones, como Puerto Concordia (Meta) y Aguazul (Casanare), con un valor total superior a los $10.000 millones. Estos contratos habrían sido negociados con el exdirector de la Ungrd que habría actuado bajo instrucciones del entonces ministro Luis Fernando Velasco.
Uno de los puntos clave del caso son los mensajes filtrados entre Peralta y López, en los que la senadora del Pacto Histórico se muestra preocupada por el avance de los proyectos. En uno de los chats, del que hizo mención la fiscal María Cristina Patiño, durante la audiencia contra los exministros.
Peralta le escribe a López: “Hola, doc. Te estaba llamando porque estoy preocupada por Riohacha, nada ha avanzado”.
Aunque la investigación está en etapa preliminar, la Corte Suprema de Justicia será la corporación encargada de decidir si procede con cargos formales y por el momento la senadora Martha Peralta rechazó las acusaciones y aseguró que siempre trabajó en beneficio de su comunidad.
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