El ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, y Armando Benedetti Villaneda, ministro del Interior, presentaron el proyecto de ley con el que el Gobierno de Gustavo Petro busca combatir el tráfico, fabricación, desvío o porte ilegal de fentanilo.
La iniciativa fue radicada el martes 2 de diciembre ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes, en la que se propone tipificar estos delitos para garantizar investigación, judicialización y sanción efectiva.
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El objetivo principal del proyecto es reforzar la prevención, vigilancia sanitaria y sensibilizar sobre los riesgos del uso indebido de fentanilo, en un proceso de protección integral de la ciudadanía.
Los ministros recalcaron que el enfoque está basado en la salud pública y la seguridad ciudadana, enfatizando la apuesta del Gobierno por una política de cero tolerancia frente al desvío de fentanilo desde el sector salud.
De acuerdo con las declaraciones de Idárraga Franco, recogidas durante la radicación de la iniciativa, la propuesta es “un mensaje para la comunidad nacional e internacional, a propósito de una medida preventiva que estamos aplicando y que esperamos, tenga eco en el Congreso de la República para impedir que Colombia se convierta en un lugar de transporte o fabricación de una sustancia que mucho daño hace a la salud pública”.
El titular de Justicia también hizo un llamado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que observe el esfuerzo del Gobierno en la lucha contra el tráfico de fentanilo y reiteró que Colombia “está lejos de cualquier país al que pueda referirse el presidente Trump en el tema de las drogas”, destacando la fortaleza institucional del país en la lucha contra drogas como el fentanilo, que en 2024 provocó 48.000 muertes en Estados Unidos.
¿Qué cambiaría de aprobarse el proyecto de ley contra el fentanilo?
La propuesta legislativa contempla modificar artículos del Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), estableciendo penas de entre 11 y 30 años de prisión y multas comprendidas entre $2.164 y $81.000 millones por delitos relacionados con el fentanilo.
Además, agrava las sanciones entre un tercio y la mitad cuando los hechos involucren a menores de edad, intervención de servidores públicos o contratistas, o desvíos desde IPS, farmacias o laboratorios.
También se consideran circunstancias agravantes si los delitos se ejecutan mediante redes organizadas o transnacionales, dentro de instituciones educativas u hospitales, si hay adulteración con otras drogas, o participación de grupos armados organizados.
Para los profesionales de la salud que formulen, suministren o apliquen fentanilo de forma ilegal o contraria a la normativa, se establecerán penas más severas.
“Este es un proyecto de ley preventivo, pues con él buscamos evitar que se vengan para Colombia los laboratorios de fentanilo que hay en México. Por ello, los precursores y todo lo que tiene que ver con su transporte, uso, exportación y distribución, va a ser penalizado”, sostuvo el ministro del Interior.
Añadió que el país actualmente destruye un laboratorio de droga cada 40 minutos y ha alcanzado un récord en incautaciones de estupefacientes.
El proyecto endurece la eliminación de beneficios y subrogados penales como la sustitución de pena o la libertad condicional en delitos asociados al fentanilo, con el propósito de fortalecer su capacidad disuasoria. Se mantienen excepciones limitadas para colaboraciones eficaces y mujeres cabeza de familia.
Por último, Idárraga Franco destacó que la iniciativa integra medidas preventivas centradas en la salud pública para informar a la ciudadanía sobre los daños del consumo de fentanilo y reiteró el compromiso de continuar la labor pedagógica sobre los efectos negativa del tráfico o porte de esta sustancia.
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