En la mañana del lunes 1 de diciembre de 2025 se realizó la audiencia de imputación de cargos contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, por su participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).
Los exfuncionarios son acusados por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, cargos que no fueron aceptados por ambos dirigentes.
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Por un lado, el exministro de Hacienda llegó presencialmente a las instalaciones del Tribunal Superior de Bogotá, en la que reiteró su inocencia frente al caso. “Soy inocente”, declaró Bonilla a los medios de comunicación.
Entre tanto, Mauricio Pava, abogado defensor de Ricardo Bonilla, recalcó que cuentan con los elementos materiales probatorios que demostrarían la inocencia del exfuncionario.
“Venimos con una cantidad importante de elementos. Hemos desarrollado más o menos siete u ocho audiencias. A todas esas audiencias hemos convocado a la Fiscalía y ya hoy pasamos del debate mediático tan importante que se ha dado alrededor de esto a un debate que es jurídico”, expresó el jurista a la prensa nacional.
Entre tanto, Luis Fernando Velasco asistió a la audiencia de forma virtual. Mientras que el equipo de fiscales, la Procuraduría y las alegadas víctimas fueron personalmente a la citación que dirige la magistrada Aura Alexandra Rosero.
La decisión de la Fiscalía de avanzar con la imputación contra dos de los exministros del Gobierno de Gustavo Petro surge tras la negociación de un principio de oportunidad concedido a la exasesora María Alejandra Benavides, quien ha entregado información clave tanto a la Fiscalía como a la Corte Suprema de Justicia.
Responsabilidad de Velasco y Bonilla en el caso Ungrd
Inicialmente, la fiscal María Cristina Patiño detalló que los dos exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro habrían participado en la dirección de contratos de la Ungrd a cambio de que en el legislativo se respalden los proyectos liderados por el Ejecutivo.
“Los exministros Velasco y Bonilla acordaron entre sí, con otros funcionarios de la Rama Ejecutiva y con ciertos parlamentarios de las comisiones primera y séptima del Senado, y de la comisión interparlamentaria de crédito público del Congreso, el direccionamiento de proyectos contractuales a cambio de su apoyo a los intereses del Gobierno en el legislativo”, indicó la delegada del ente acusatorio en la audiencia.
A su vez, Patiño aseveró que los dos exministros habrían sido partícipes de un ‘pacto criminal’, con la que se buscaba el respaldo de congresistas hacia las iniciativas del Gobierno Petro.
“En desarrollo del pacto criminal, los ministros Velasco Chávez y Bonilla González ofrecieron a determinados parlamentarios, quienes se precisarán al abordar cada uno de los sucesos delictivos, dirigir, tramitar y priorizar proyectos contractuales que cursaban ante el Invías y la Ungrd, en los que los congresistas tenían interés, a cambio de que apoyaran, según el caso, las propuestas legislativas presentadas por el Gobierno nacional que cursaban en el Congreso de la República o que concurrieran, deliberaran y votaran en las sesiones de la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público, a fin de darle continuidad al trámite del endeudamiento de la nación”, explicó.
Así mismo, la fiscal detalló que, “entre mayo de 2023 y febrero de 2024, lapso durante el cual direccionaron en favor de parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las Comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara y Senado y de la Comisión Séptima del Senado, 74 proyectos radicados en el Invías por 561.701.463.657 pesos y cinco proyectos en la UNGRD por 40.536.363.430 pesos, para un total de 612.237.837.087 pesos”.
En dicho entramado, según la fiscal, participaron Olmedo López y Sneyder Pinilla, exfuncionarios de la Ungrd que habrían sido los encargados de tramitar la contratación.
Igualmente, Patiño sostuvo que ambos funcionarios “lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del Invías y de la Ungrd, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”.
Luis Fernando Velasco y Olmedo López
Incluso, la fiscal apuntó contra el exministro del Interior, al considerar que, según la investigación realizada por la funcionaria, habría ordenado la presencia de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, durante el trámite de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado.
“Usted, Luis Fernando Velasco Chávez, en junio del 2023, le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez apoyar la reforma pensional, para lo cual debía presentarse en uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado de la República, con el fin de entregar contratos a ciertos parlamentarios para seguir ampliando las mayorías en esa comisión, pues allí se tramitaban las reformas importantes del gobierno nacional, esto es, a la salud y a las pensiones, y ponerse también a disposición de la senadora Martha Peralta Epieyú, quien estaba liderando por el Gobierno el sí de la reforma pensional”, aseguró.
Por ello, la fiscal delegada del caso aseveró que los dos procesados “están llamados a responder en calidad de autores a título de dolo de la conducta punible de concierto para delinquir agravado”.
Exasesoras de Ricardo Bonilla
Del mismo modo, la fiscal María Cecilia Patiño hizo referencia a María Alejandra Benavides y Andrea Ramírez, exasesoras del Ministerio de Hacienda que desempeñaron un papel clave en la articulación de estos procesos bajo la dirección de Ricardo Bonilla.
En su intervención, la funcionaria recordó que Ramírez había entregado a Benavides un documento con un listado de 71 proyectos, cuyo objetivo era favorecer a determinados congresistas mediante los denominados cupos indicativos, autorizados por el entonces ministro Bonilla.
El reparto de estos proyectos se organizó de la siguiente manera: 13 proyectos para la comisión cuarta de la Cámara, destinados a Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena, por un valor de 142.658 millones de pesos; 19 proyectos para la comisión cuarta del Senado, dirigidos a Magdalena, Córdoba, Montería, Atlántico, Nariño y Caldas, por 80.816 millones; y 14 proyectos para la comisión tercera del Senado, enfocados en Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, por 155.145 millones.
Además, la comisión tercera de la Cámara habría recibido 25 proyectos para Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Bolívar, Valle y Arauca, por 177.380 millones. En total, la suma de los recursos direccionados alcanzaría 556.473 millones de pesos.
Los beneficiarios indebidos serían los senadores y representantes Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya.
Estos proyectos, además de estar vinculados a Bonilla, habrían contado con el interés del exministro Luis Fernando Velasco, quien buscaba que los congresistas respaldaran al Ejecutivo.
Caso Julio Chagüi y cumbre en el Dapre
El escándalo también involucra al Invías, especialmente por la intervención de Benavides, quien habría recibido la orden de reunirse con el senador Julio Elías Chagüi. En ese encuentro, el congresista del Partido de la U le expuso tres proyectos: uno en Lorica por 8.500 millones de pesos, otro en Los Córdobas por 4.500 millones y uno más en Tierralta por 2.700 millones, sumando 15.700 millones de pesos.
Chagüi habría manifestado a Benavides que representaba a nueve senadores de la comisión primera y que estaba pendiente de quince cupos indicativos destinados a garantizar la gobernabilidad en esa instancia. Además, señaló que “en Invías tenía tres proyectos, y que lo demás -refiriéndose a más cupos- los gestionaba con el ministro Velasco directamente”.
Durante la audiencia, se abordó también el denominado cónclave en las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), convocado el 27 de noviembre de 2023 por Carlos Ramón González, actualmente prófugo de la justicia.
Allí, según la investigación, Bonilla, Velasco y otros exfuncionarios del gabinete de Gustavo Petro discutieron estrategias para lograr la aprobación de los proyectos prioritarios para el Gobierno.
La decisión de la Fiscalía de avanzar con la imputación surge tras la negociación de un principio de oportunidad concedido a la exasesora María Alejandra Benavides, quien ha entregado información clave tanto a la Fiscalía como a la Corte Suprema de Justicia.
Según la investigación, Benavides habría actuado como enlace entre el Ministerio de Hacienda y la Ungrd en el presunto direccionamiento de tres contratos por 92.000 millones de pesos.
Estos contratos, según la hipótesis fiscal, buscaban beneficiar a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público a cambio de su respaldo a la ampliación del endeudamiento del Gobierno Nacional. Entre los municipios implicados en la adjudicación de los contratos figuran Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), por un valor de $89.619 millones.
Además, la Fiscalía recopiló pruebas materiales que apuntan a que los procesados habrían coordinado con Ricardo Bonilla González, entonces ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides y Sneyder Pinilla el direccionamiento de los contratos.
Defensa de los imputados
Tras dos horas de fundamentación de la Fiscalía, tanto el representante de las víctimas como la Procuraduría General de la Nación respaldaron la imputación presentada por el ente acusatorio, consolidando así la postura de la parte acusadora en la audiencia.
Sin embargo, Mauricio Pava, abogado defensor de Ricardo Bonilla, anunció que solicitará la nulidad de la imputación relacionada con el delito de concierto para delinquir.
“Creemos que la calificación jurídica es manifiestamente improcedente, toda vez que lo que es un evento de una hipotética y supuesta coparticipación criminal, está siendo convertido en un concierto para delinquir”, dijo el jurista durante la audiencia.
No obstante, el exfuncionario del Gobierno Petro manifestó tener ciertas inquietudes frente a los delitos por los que fue acusado por parte de la Fiscalía.
“Yo he escuchado atentamente a la señora fiscal, a la cual apenas conozco hasta hoy. Nunca quiso hablar conmigo. El doctor Mauricio Pava hizo algunas precisiones que yo recojo, porque finalmente me acojo a lo que dice mi defensor y sobre eso puedo decir que quedan una serie de inquietudes (...) ya sé cuáles son los hechos, no estoy de acuerdo con ellos y ya lo demás vendrá en el proceso”, manifestó Bonilla.
A su turno, Luis Fernando Velasco insiste en que el tiempo de los hechos por los cuales se le están imputando los delitos no corresponden, debido a que, según él, no se desempeñaba como ministro.
“Debo confesar que estoy muy confundido porque cómo me voy a defender si me acusan de haber intentado comprar ocho congresistas de la Comisión Primera y no sé, no sé quiénes son. ¿Cómo no voy a estar confundido si hablan de casi 600.000 millones de todos en contratos en el Instituto Nacional de Vías y no sé a qué congresistas se les ofrecieron ni para qué proyectos de ley, a cambio de qué? (...) me hablan de unos convenios firmados en el 2021 y 2022, cuando ni siquiera el presidente era Gustavo Petro, mucho menos yo ministro”, apuntó Velasco.
Al término de la audiencia, ambos exfuncionarios expresaron sus motivos por los cuales no aceptaron los cargos.
Por un lado, Ricardo Bonilla expresó que sus actuaciones fueron conformes a lo establecido por la ley y aseguró que defenderá su inocencia hasta las últimas consecuencias.
“Más de medio siglo trabajando actividades públicas y privadas y nunca he tenido un peso de actividad ilícita. Eso lo conoce bien la Fiscalía. Lo tiene que conocer porque ya me exculcó. Cumplí cabalmente con mis funciones como ministro de Hacienda conforme a la Constitución y la ley. Yo no me salí de ahí. Yo tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia con mi equipo de defensa hasta las últimas consecuencias”, detalló el exministro de Hacienda.
Entre tanto, Luis Fernando Velasco descartó cualquier acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, al reiterar su inociencia frente a los hechos.
“No acepto cargos, señora magistrada. No tengo absolutamente nada que negociar con la Fiscalía General de la Nación, porque soy completamente inocente. Hasta hoy en la investigación, se ha escuchado a unos testigos interesados que han reconocido sus delitos. Incluso dos de ellos terminaron beneficiándose económicamente de esos delitos. Se han hecho asesorar para pagar unas penas mucho menores a las que debían pagar. Y las víctimas de ese asesoramiento están aquí ante los colombianos (...) En el momento que escuchen mis palabras, mis pruebas, mis argumentos, muy seguramente la visión del país será otro”, puntualizó.
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