La designación de Carlos Pablo Márquez como conjuez en la Corte Constitucional de Colombia colocó en una encrucijada el destino de la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro, intensificando la incertidumbre jurídica y económica que atraviesa el país. El futuro del sistema de pensiones quedó en suspenso tras el empate en la Sala Plena, una situación inédita que generó preocupación entre trabajadores, fondos privados y adultos mayores.
El origen de este escenario se remonta a la recusación del magistrado Héctor Carvajal, que previamente ejerció como abogado del presidente Petro. Su apartamiento dejó a la Corte dividida en dos bloques de cuatro magistrados cada uno, lo que forzó la notificación formal de Márquez el 24 de noviembre de 2025. A partir de ese momento, el conjuez recibió acceso completo al expediente y asumió la responsabilidad de definir si la reforma pensional puede avanzar o si debe regresar al Congreso de la República para una nueva revisión.
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La Sala Plena de la Corte Constitucional se encuentra fracturada en torno a la interpretación del procedimiento legislativo. Por un lado, los magistrados Juan Carlos Cortés, Miguel Polo, Vladimir Fernández y Natalia Ángel consideran que la Cámara de Representantes cumplió con la subsanación ordenada previamente por el alto tribunal. En contraste, Jorge Enrique Ibáñez, Lina Marcela Escobar, Paola Meneses y Carlos Camargo sostienen que la reforma requiere una “resubsanación”, es decir, una nueva corrección parlamentaria.
Mientras se define qué pasará con la iniciativa, desde Villavicencio, Meta, la Gerencia Regional de Prosperidad Social confirmó que el ciclo 11 de la iniciativa Colombia Mayor para ayudar a este sector de la población sin acceso a una pensión tendrá cambios.
Luego del anuncio, el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló en sus redes sociales la fecha en que se entregará el subsidio, además del monto monetario que recibirán los beneficiarios.
“A partir del 1 de diciembre inicia con toda la reforma pensional en la fase más necesaria: la población de la tercera edad sin pensión que pasará a recibir 230.000 pesos mensuales”, escribió en su cuenta de X.
La defensa de Petro sobre la reforma pensional
Con respecto a las trabas que ha tenido la reforma pensional, el presidente Gustavo Petro afirmó que la Corte Constitucional se está confabulando para hundir una de las iniciativas clave de su administración.
“Parte de la Corte Constitucional se mueve para hundir la reforma pensional, sería un gran insulto a la idea de construir un Estado social de derecho. Qué aversión tan terrible a que la gente trabajadora de Colombia tenga derecho a pensionarse. No sé si el odio a Petro los lleva a odiar a los viejos y viejas de Colombia. No sé si no han comprendido que, al hundir la ley pensional, llevarán a la quiebra también a los fondos privados de pensiones”, según expresó el jefe de Estado.
Petro también defendió la actuación del magistrado Carvajal, subrayando que no tuvo injerencia en los procedimientos formales del Congreso de la República. El mandatario cuestionó la validez de los argumentos que señalan supuestos incumplimientos en los requisitos de forma durante el trámite legislativo. En sus palabras.
“La tesis de decir que no se cumplieron los requisitos de forma, es decir, que los anuncios en sesiones tienen que tener mayoría de asistentes, lo cual borra todo el trabajo legislativo del Congreso en años, es un absurdo. El magistrado Héctor Carvajal no participó para nada en las actuaciones de forma del Congreso. Es un verdadero movimiento de tipo político y no jurídico para hundir la reforma pensional”.
En respuesta a este escenario, el gobernante de los colombianos reiteró la necesidad de avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente, proponiendo la creación de un comité encargado de recolectar las firmas necesarias para su convocatoria. Petro sostuvo: “La instauración del comité para reunir las firmas suficientes para convocar la asamblea constituyente debe ponerse en práctica. No nos debemos dejar quitar la posibilidad de que Colombia sea un país de oportunidades para progresar y de esperanza, y no una finca de seis sujetos que la manejan para enriquecerse y excluyen a todos los demás, incluidos los viejos que ya no pueden trabajar. La Constitución dice Estado social de derecho y por ninguna parte aparece la palabra exclusión y fascismo”.
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