
La administración de Gustavo Petro atraviesa uno de sus momentos más críticos a tan solo unos meses de las elecciones presidenciales de 2026 y de concluir su mandato. Una semana cargada de escándalos golpeó la credibilidad y la estabilidad del mandatario colombiano, al poner en cuestionamiento no solo la financiación de la campaña que lo llevó al poder, sino su estilo de gobernar y las promesas de su política estrella: la Paz Total.
Las noticias no se limitan a la filtración de información crucial entre los altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de las Farc, ni tampoco a la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), sino que abarca la sanción histórica impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a su campaña presidencial por irregularidades en la financiación.
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Así, en pocos días, el gobierno de Petro se vio envuelto en un torbellino de acusaciones y medidas legales que golpean diversos frentes: la seguridad nacional, la lucha contra la corrupción y, sobre todo, la transparencia de su campaña electoral. Estas revelaciones no solo evidenciaron la creciente fractura de su agenda política, sino que alimentaron la ya quebrada política en el país, entre los diferentes extremos.

La infiltración de las disidencias de las Farc
El lunes 24 de noviembre comenzó la semana con una investigación revelada por Noticias Caracol, la noche anterior, que expuso una preocupante infiltración de las disidencias de las Farc en el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según el informe, el general del Ejército Juan Miguel Huertas y un alto funcionario de la DNI Wilmar Mejía habrían filtrado información reservada a las disidencias, concretamente al Estado Mayor de los Bloques y Frente (Embf), liderado por alias Calarcá.
La supuesta filtración habría permitido a los miembros de estas disidencias evadir operativos militares y facilitar sus desplazamientos, socavando la seguridad nacional.
Aunque la denuncia fue recibida con preocupación por amplios sectores de la sociedad, incluidos políticos de derecha, centro e izquierda, el presidente Petro no tardó en descalificar las acusaciones. En una serie de declaraciones, el mandatario calificó las revelaciones como “falsas” y expresó sus dudas sobre la veracidad de la información.
De hecho, en una alocución televisada, Petro insistió en su “desconfianza” frente a las denuncias, señalando que sería necesario un examen forense de los chats y correos involucrados antes de tomar cualquier decisión al respecto.

El eterno escándalo de la Ungrd que cada vez tiene más implicados
El martes, el panorama político se complicó aún más cuando la Fiscalía General de la Nación anunció que solicitaría la detención preventiva de dos exministros clave del Gobierno de Petro: Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior.
Ambos fueron acusados de estar involucrados en un entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), donde, presuntamente, desvió recursos destinados a proyectos de ayuda humanitaria hacia congresistas y contratistas a cambio de apoyo político para las reformas del Gobierno.
El escándalo en la entidad puso nuevamente en el centro de la polémica la lucha contra la corrupción en el Gobierno de Petro. Aunque Bonilla y Velasco no están aún en prisión, el simple hecho de que la Fiscalía haya avanzado con la imputación de cargos dejó una marca difícil de borrar para la administración de Petro, especialmente en una situación donde la lucha contra la corrupción fue una de las banderas del presidente.

Es importante resaltar que este escándalo se convirtió en uno de los más graves para el Gobierno nacional, especialmente luego de que diversos medios de comunicación informaran sobre una desviación masiva de recursos destinados a la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a La Guajira. Más adelante, las investigaciones revelaron un complejo entramado en el que varios políticos, al parecer, se beneficiaron de esos recursos y de otros contratos destinados a impulsar las reformas de Petro.
Entre los implicados figuran Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Ungrd, respectivamente, que serían los principales responsables de este desfalco. Además, los exministros señalados y los presidentes del Congreso en ese momento, Andrés Calle, de la Cámara de Representantes, e Iván Name, del Senado, también están en el centro de la investigación, junto con una larga lista de otros involucrados que las autoridades están señalando como parte de este entramado de corrupción.
La sanción del Consejo Nacional Electoral a la campaña de ‘Petro Presidente’
El jueves, un nuevo golpe a la administración de Petro vino del CNE, que sancionó la campaña presidencial del mandatario por ocultar gastos y superar los límites de financiación electoral en más de $5.300 millones (aproximadamente USD1,4 millones) durante la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Esta es la primera vez que el CNE impuso una sanción de tal magnitud a una campaña presidencial en Colombia, lo que resaltó la gravedad de las irregularidades.
El CNE también impuso sanciones a los partidos políticos que respaldaron la campaña de Petro: Unión Patriótica y Colombia Humana, lo que dificulta aún más el proceso de consolidación del Pacto Histórico como un partido político único. Esto complicó la estrategia del Gobierno de cara a las elecciones de 2026, pues la fusión de los partidos que apoyan al presidente solo puede llevarse a cabo si superan los procesos sancionatorios.
Aunque Petro se escudó en el fuero presidencial para protegerse de una investigación directa, la sanción tocó a su círculo más cercano. Ricardo Roa, gerente de la campaña de Petro y actual presidente de Ecopetrol, fue señalado como uno de los responsables, y la institución electoral autónoma recomendó que la Fiscalía investigara su papel en las irregularidades.

La respuesta del Gobierno ante la avalancha de escándalos que sacudieron su Gobierno
Frente a los múltiples escándalos que lo involucran, el presidente Petro rechazó las acusaciones y las calificó como parte de una estrategia en su contra, destinada a debilitar su Gobierno; sin embargo, en relación con el escándalo de la Ungrd, mantuvo silencio, a pesar de que en ocasiones anteriores había reconocido haber cometido errores al designar a las personas equivocadas en esa unidad, al pedir, en su momento, que se aplicara todo el peso de la ley a los responsables.
Así, el presidente Gustavo Petro reaccionó con firmeza a la sanción impuesta por el CNE a su campaña presidencial por exceder los topes de financiación. En sus declaraciones, Petro negó las acusaciones y acusó a los miembros de la institución electoral de ser parte de la oposición, que buscaban un “golpe blando” en su contra.
“El juicio contra cualquier conducta política de un movimiento debe ser de acuerdo al principio universal del juez independiente, neutral y no de nuestra propia oposición, que lo que quiere es hacer un golpe de Estado”, dijo el mandatario en alocución.
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