Aumento del salario mínimo de 2026 podría generar serios problemas de cobertura a los colombianos que están en el Sisbén

El proceso de negociación del salario mínimo en Colombia para 2026 iniciará de manera formal con posiciones muy diferentes entre el Gobierno, los sindicatos y los gremios empresariales. El Ejecutivo, liderado por Gustavo Petro, propuso con anterioridad un incremento del 11%, lo que llevaría el salario mínimo mensual de $1.423.500 (sin auxilio de transporte) a $1.580.085. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) considera que el aumento no debe ser inferior a ese porcentaje, por lo que argumentó la necesidad de acercar el ingreso de los trabajadores al costo real de la canasta familiar. Por su parte, los empresarios y centros de investigación como Fedesarrollo insisten en un alza más moderada, entre el 6% y el 7%, con el objetivo de preservar la formalidad laboral y evitar presiones inflacionarias.

Las propuestas se conocen en un momento en el que la inflación anual a octubre de 2025, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), se ubicó en 5,51% y la productividad total de los factores aumentó 0,91%, cifras que inciden en la discusión.

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La mesa de concertación salarial se instalará formalmente el 1 de diciembre de 2025, fecha a partir de la cual las partes buscarán un acuerdo sobre el ajuste del salario mínimo. El 6 de diciembre, la entidad estadística publicará la cifra actualizada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025, un dato clave para definir el incremento. El primer plazo legal para alcanzar un acuerdo vence el 15 de diciembre; si no se logra consenso, se abrirá una fase extraordinaria y, de persistir la falta de acuerdo, el Gobierno podrá fijar el salario mínimo por decreto antes del 30 de diciembre.

Dentro de las propuestas que hay sobre la mesa se reflejan la tensión entre la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y la preocupación por el impacto de un aumento elevado en la economía.

Negociación se complicó

Una de las nuevas propuestas la hizo la presidenta ejecutiva nacional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, (Acopi), María Elena Ospina, que considera que la concertación tripartita será compleja este año debido al punto de partida fijado por el Gobierno. “Lo que se espera es que realmente lleguemos a un acuerdo en este tema tripartito sobre el salario mínimo”, expresó la dirigente a La FM. También, advirtió que “haber colocado ya el Gobierno un piso de dos dígitos complica un poco la negociación”.

Ospina resaltó la importancia de esperar las cifras del IPC para entrar en la fase decisiva de la negociación, ya que este dato es fundamental para cualquier cálculo de incremento. Alertó sobre los riesgos de un aumento de dos dígitos: “Al subir el salario en dos dígitos eso implica que también suben los costos de absolutamente todos los productos de la canasta familiar”.

Además, advirtió al medio que, bajo ese escenario, “el aumento del salario real no sería tan representativo porque al aumentar los costos también es contraproducente para los empleados del país”.

Problemas en la estructura del mercado laboral colombiano

Por su parte, el contador público y coach Ángel Gerardo Escobar hizo un análisis exhaustivo sobre el impacto de un aumento del salario mínimo por encima de la inflación y el IPC. Por medio del pódcast denominado “Lo que no son cuentos son cuentas”, en el que se basó en cifras oficiales del Dane, describió la estructura del mercado laboral colombiano. Como ejemplo, indicó que de cada diez personas habilitadas para trabajar, una está desempleada, seis son independientes y solo tres tienen empleo formal. De los independientes, solo uno ejerce una profesión con ingresos superiores al salario mínimo, otro apenas alcanza ese umbral y los cuatro restantes se desempeñan en la informalidad, con ingresos inferiores al mínimo.

Entre los empleados formales, uno gana el salario mínimo, 1,5 perciben entre uno y cinco salarios mínimos (entre $1.423.500 y $7.117.500) y apenas 0,5 superan los cinco salarios mínimos (más de $7.117.500). Por eso, Escobar invita a reflexionar sobre cómo el aumento del salario mínimo afecta a cada grupo dentro de esta distribución.

Uno de los ejemplos que plantea es el de las cotizaciones al sistema general de salud y pensión. Según él, si cinco de cada diez personas ganan menos del salario mínimo o están desempleadas, resulta inviable que puedan cotizar los cerca de $406.000 mensuales requeridos, lo que los deja dependiendo de familiares empleados, del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) o, en el peor de los casos, sin cobertura.

Por supuesto, esta es una situación que preocupa, ya que el Sisbén IV clasifica a las personas en cuatro grupos principales (A, B, C y D), según su nivel de ingresos y vulnerabilidad de la siguiente manera:

• Grupo A: pobreza extrema.
• Grupo B: pobreza moderada.
• Grupo C: vulnerabilidad.
• Grupo D: sin pobreza ni vulnerabilidad.

Además, dentro de cada grupo, los hogares se clasifican en subgrupos (por ejemplo, A1, B7, C18) para una mayor precisión. Entonces, a menor número en el subgrupo, se considera una menor capacidad de generación de ingresos.

Valores de la vivienda de interés social

Recordó Escobar que el aumento del salario mínimo también impacta el techo de los valores de la vivienda de interés social (VIS), que se fija en función del salario mínimo. Anotó que para seis de cada diez personas, la posibilidad de adquirir una vivienda se aleja aún más con cada aumento.

Y es que el tope para una VIS en 2025 es de hasta 150 salarios mínimos ($213,525,000) para ciudades principales (más de un millón de habitantes) y 135 salarios mínimos ($192,172,500) para el resto del país.

De igual forma, se refirió al impacto en la canasta familiar. Señala que, aunque muchos productos suben con el IPC, la mano de obra necesaria para su producción y comercialización se ajusta con el sueldo básico, lo que eleva los precios de manera indirecta.

Otro aspecto relevante es el de las cuotas de administración en conjuntos residenciales, donde el 60% del costo corresponde a gastos de aseo y vigilancia. Las cuotas deben ajustarse al salario mínimo, lo que puede llevar a aumentos superiores al IPC y, en algunos casos, a la sustitución de personal por sistemas automatizados, con la consiguiente pérdida de empleos.

El experto destaca que el 98% de las empresas activas en Colombia son pequeñas y medianas empresas (pymes), responsables de la mayoría de los empleos formales. Las mismas empresas operan con utilidades reducidas y son muy vulnerables a los incrementos de nómina, lo que puede llevarlas al fracaso si los gastos superan sus ingresos.

Entonces, el impacto de un aumento del salario mínimo superior a la inflación se extiende a todos los sectores de la sociedad. “Para quienes están desempleados, la adquisición de bienes y servicios se vuelve aún más difícil debido al encarecimiento generalizado. Si la cotización a salud y pensión sube de $406.000 a $447.000 con un incremento del 10%, o si la administración de un conjunto residencial pasa de $200.000 a $220.000, muchas personas y familias verán restringido su acceso a estos servicios”, precisó en el análisis.

Mientras que en el caso de los trabajadores informales o independientes que apenas alcanzan el salario mínimo, el aumento de los costos asociados a multas, servicios y productos atados al salario mínimo representa una carga adicional. “Para las pymes, un incremento salarial del 10% puede resultar insostenible si solo pueden trasladar un 5% de aumento a sus productos o servicios, lo que reduce sus márgenes de ganancia y puede llevar a recortes de personal o incluso al cierre de negocios”, alertó.

Cuándo se sentirán los efectos del aumento del salario mínimo

De paso, advirtió que los efectos de estos incrementos no se perciben de inmediato, sino que se manifiestan a mediano y largo plazo, cuando las empresas y conjuntos residenciales toman decisiones de ajuste en sus asambleas o cuando las pymes reducen su nómina durante el año siguiente.

Así las cosas, dice Escobar, solo dos de cada diez personas se benefician de manera directa de un aumento del salario mínimo superior al IPC o la inflación, mientras que para los otros seis de cada diez, la situación se complica al encarecerse los bienes y servicios básicos.