La Delegación del Gobierno en la mesa de diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), al mando de alias Walter Mendoza, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la precandidata presidencial Claudia López.
La decisión fue anunciada mediante una declaración pública firmada en Llorente, Nariño, el sábado 29 de noviembre, en la que los delegados señalaron que las afirmaciones recientes de López generan afectaciones al proceso adelantado desde junio de 2024.
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Las declaraciones de la precandidata fueron realizadas el 24 de noviembre y motivaron la acción penal. En esa fecha, López afirmó: “Toda mesa de negociación de paz de este Gobierno debe terminarse ya! Son pura corrupción, un concierto para delinquir contra el país”.
La delegación calificó estas expresiones como “temerarias” e indicó que los señalamientos de López están descritos en la denuncia como hechos que, de acuerdo con el Código Penal, podrían constituir delitos contra la honra. En el documento señalaron que consideran estas expresiones como acusaciones sin sustento dirigidas a funcionarios autorizados para llevar a cabo diálogos con actores armados al margen de la ley.
La declaración incluye el señalamiento de que “los anteriores señalamientos son irresponsables y calumniosos como lo afirmamos en la denuncia instaurada”, según quedó consignado por los negociadores en el texto difundido. También sostienen que los integrantes de la Mesa “no han incurrido ni incurrirán en actos contrarios a la Constitución y la Ley”.
Como parte del soporte de la denuncia presentada ante la Fiscalía, la delegación anexó las actas de los acuerdos suscritos con el grupo armado desde junio de 2024, los cuales, aseguraron, se desarrollan con fundamento en las autorizaciones emitidas por el Presidente de la República.
Llamado a investigaciones por posible corrupción
En la misma comunicación, los negociadores solicitaron a las autoridades competentes avanzar en las investigaciones relacionadas con hechos de corrupción que puedan haberse cometido en medio de las mesas de negociación. También pidieron tener en cuenta los reportes periodísticos publicados al respecto, así como declaraciones del presidente de la República.
El equipo de negociadores afirmó que la condición de precandidata presidencial no otorga facultades para formular acusaciones: “La condición de precandidata presidencial no habilita a la señora López para hacer señalamientos irresponsables sobre delitos que no hemos cometido”. Asimismo, aseguraron que este tipo de afirmaciones “degrada la calidad del debate electoral que reclama la sociedad colombiana”.
La delegación también incluyó en su pronunciamiento un rechazo al asesinato del teniente coronel Rafael Granados, ocurrido en Popayán en un ataque sicarial icurrido la noche del 28 de noviembre. De acuerdo con la información divulgada por autoridades locales, el oficial fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta mientras se desplazaba por el sector de La Esmeralda.
Tras recibir varios impactos de arma de fuego, Granados fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas. En el texto, los firmantes expresaron solidaridad con la familia del oficial y reiteraron el llamado a respetar la vida de los miembros de la fuerza pública en medio del contexto de seguridad que atraviesa la región.
Además, insistieron en que ninguna de las mesas de negociación en las que participan tolera actos irregulares y reiteraron su postura frente a la necesidad de que cualquier denuncia sea tramitada ante las autoridades judiciales. “Nuestra delegación condena cualquier conducta de corrupción que se cometa a instancias de las mesas de paz”, señalaron.
El comunicado fue firmado por el jefe negociador Armando Novoa García y por los delegados Gloria Arias y Parmenio Cuéllar. En la declaración reafirmaron que continuarán desarrollando el mandato recibido por el Gobierno nacional dentro del marco legal correspondiente.
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