Luego de que el presidente Gustavo Petro Urrego rechazara la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el rebase de los topes de financiación en su campaña electoral —que finalmente lo declaró ganador en la segunda vuelta del 19 de junio de 2022—, la precandidata presidencial María Fernanda Cabal arremetió contra el mandatario.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X en la madrugada del viernes 28 de noviembre de 2025, la senadora del Centro Democrático pidió la destitución del jefe de Estado.
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“Corresponde de manera inmediata que se destituya a Gustavo Petro como lo ordena la Constitución Política artículo 109″, inicia el mensaje de la congresista.
“La violación de topes electorales tiene esa consecuencia que se ha desconocido en la Comisión de Acusaciones”, cerró el breve mensaje que dejó la precandidata, la cual buscará ser la ganadora de la consulta interna del Centro Democrático para representar a su partido en las presidenciales de 2026.
Mientras tanto, y horas antes de que Cabal dejara su petición en redes sociales, la negativa del presidente Petro a aceptar la sanción reavivó el debate nacional sobre la fiscalización electoral y las acusaciones cruzadas entre gobierno y oposición.
El mandatario calificó la medida como “un acto político y no jurídico”, y también declaró que la sanción del CNE carece de fundamento legal y señaló inconsistencias en el manejo de los procesos de control electoral.
“No reconozco la autoridad moral de quienes han permitido la financiación ilegal en campañas anteriores y ahora me acusan de violar topes”, sostuvo el presidente.
Como parte de su intervención, Petro acusó a sectores de la oposición de aplicar una “doble moral” en la fiscalización de los recursos empleados durante la contienda electoral.
En un segundo mensaje que Cabal compartió la misma mañana del viernes, volvió a decir que “Petro debe ser destituido por violación de topes de campaña. Art 109 Constitución Política”, y señaló los motivos por lo que esto “está probado”.
“(1) una donación prohibida de Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) por 500 millones de pesos usada directamente para fines de campaña; (2) un préstamo de 500 millones del Polo Democrático eliminado irregularmente de los libros contables; (3) pagos no reportados por 931 millones a testigos electorales hechos por fuera de los canales oficiales”, menciona en la misma publicación.
“(4) una pauta publicitaria por 356 millones emitida antes de la primera vuelta pero registrada en la segunda; (5) el uso indebido de recursos del contrato con Ingenial Media, compartido entre campañas legislativas y presidenciales del Pacto Histórico; y (6) una donación de 600 millones por parte del sindicato USO, también considerada una fuente prohibida”, cerró Cabal.
Qué determinó el CNE sobre la campaña Petro Presidente en 2022
La decisión del Consejo Nacional Electoral forma parte de una investigación sobre los montos utilizados por la campaña de Gustavo Petro en 2022.
El organismo determinó que existieron “irregularidades en el reporte de gastos”, lo que motivó la sanción.
La resolución establece una multa dirigida tanto al presidente como a los responsables de su equipo de campaña. La sanción señala el supuesto incumplimiento de las normas que establecen los límites de financiamiento para candidatos presidenciales.
En otro apartado de su respuesta, el jefe de Estado reiteró su postura sobre la transparencia de su proceso electoral y aseguró que la orden del CNE tiene motivaciones políticas.
“Estoy dispuesto a acudir a instancias internacionales para proteger mi derecho y el de quienes participaron en mi campaña”, afirmó Petro, que hizo hincapié en la necesidad de revisar los procedimientos de control en la financiación política en Colombia y cuestionó que otras campañas con presuntas irregularidades no hayan recibido el mismo trato.
Además de Cabal, voceros de partidos de oposición respaldaron la decisión del CNE, mientras que funcionarios del gobierno rechazaron las acusaciones y reiteraron la legalidad de los recursos aportados a la candidatura ganadora.
De acuerdo con la normativa colombiana, las campañas presidenciales deben reportar el origen y uso de todos sus recursos, sin superar los topes fijados por ley, el motivo que dio pie a la apertura de la investigación y posterior sanción.
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