Polémica por petición de la esposa de Armando Benedetti sobre su casa en Puerto Colombia: un juez le dijo que no

El proceso judicial que involucra a la mansión de Pradomar y a la familia del ministro del Interior, Armando Benedetti, puso en el centro del debate la legitimidad de las medidas cautelares impuestas sobre varios predios en Puerto Colombia, Atlántico.

La controversia se intensificó cuando Adelina Guerrero Covo, esposa de Benedetti, solicitó a un juez de extinción de dominio la corrección de supuestos actos irregulares y el levantamiento de las restricciones sobre la propiedad, petición que fue rechazada, lo que ha generado un cruce de declaraciones y recursos legales.

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La disputa se remonta a la adquisición de la mansión en la urbanización Pradomar, una zona privilegiada de Puerto Colombia, que Benedetti compró en 2020 por 3.600 millones de pesos, según sus declaraciones, con fondos provenientes de un préstamo otorgado por el empresario Euclides Torres.

Este empresario es conocido por haber financiado el evento de la ‘P’ en Barranquilla, vinculado a la precampaña presidencial de Gustavo Petro.

Aunque en la escritura pública se consignó un valor de 1.500 millones de pesos, Benedetti afirmó que el pago real fue de 3.600 millones al vendedor, el empresario Luis Alberto Nicolella de Caro, exdirectivo de Inassa, empresa sancionada en 2018 por un caso de soborno transnacional.

El inmueble, que abarca tres predios con diferentes matrículas inmobiliarias y un terreno de 500 metros cuadrados frente al mar, fue transferida a nombre de Adelina Guerrero tras la reconciliación de la pareja durante la pandemia.

Desde entonces, Guerrero figura como “poseedora” de los bienes y ha sido quien ha presentado los reclamos judiciales para revertir las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía 13 de Extinción de Dominio en octubre de 2021. Estas medidas incluyen el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los predios.

El proceso de extinción de dominio se inició en 2022, tras una compulsa de copias dictada en 2021 por la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, que ordenó investigar a Benedetti por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación se centra en un incremento patrimonial cercano a los 3.000 millones de pesos que, según la acusación, no habría sido justificado por su actividad como legislador.

El 20 de noviembre de 2025, el juez Primero Penal de Extinción de Dominio de Bogotá, Clemente Sierra, rechazó la solicitud de Guerrero para levantar las medidas cautelares y archivar el proceso.

En la providencia, el juez argumentó: “El Despacho rechazará de plano el ruego allegado, por cuanto, como se dijo, no se trata de una solicitud de control, formulada con el rigor que le es propio a un petitum tal”. Esta decisión no fue la primera negativa, ya que en junio de 2023 el mismo juzgado había desestimado una petición similar, señalando que Guerrero carecía de legitimidad para reclamar sobre la mansión, al no figurar como propietaria sino como poseedora.

Guerrero apeló esta determinación y el Tribunal Superior de Bogotá, en una providencia del 1 de septiembre, le dio la razón, ordenando al juez Sierra que se pronunciara nuevamente sobre las medidas cautelares.

El Tribunal sostuvo: “Se puede afirmar que Adelina María Guerrero Covo tiene la posibilidad de defender su interés respecto de los bienes objeto de discusión, ya que ante una eventual declaratoria de extinción del derecho de dominio afectaría directamente su expectativa legítima, al ostentar la calidad de afectada dentro del trámite”, según reveló Cambio.

A pesar de este fallo, el juez Sierra volvió a rechazar la solicitud de Guerrero, esta vez argumentando falta de rigor en la petición y señalando que el Juzgado Tercero de Extinción de Dominio de Bogotá ya había resuelto en junio de 2023 que el secuestro y embargo de la mansión era “ilegal”, aunque mantuvo la medida de suspensión del poder dispositivo. Esta restricción impide a Guerrero realizar cualquier transacción sobre la propiedad, como venderla o transferirla.

El proceso de extinción de dominio continúa en el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, en el que se investiga un conjunto de bienes vinculados al patrimonio de Benedetti.

La compulsa de copias que originó este proceso fue emitida por la magistrada Lombana, que solicitó investigar al exsenador por “la presunta comisión de punibles que atentan contra la administración pública, mediante actos de corrupción en trámites de contratación”. Aunque Lombana fue apartada del caso principal por sus colegas en la Corte Suprema, el proceso de extinción de dominio avanza de manera independiente.

En medio de este escenario judicial, la mansión de Pradomar permanece deshabitada, según reveló Cambio en una investigación de 2023.

Actualmente, Adelina Guerrero reside en otra propiedad en el condominio Lagos de Caujaral, también en Puerto Colombia. Este inmueble fue objeto de un reciente operativo liderado por la magistrada Lombana y pertenece al empresario de conciertos Ricardo Leyva; anteriormente, fue propiedad de Alex Saab, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

Frente a las versiones publicadas por el medio citado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó en su cuenta en X: “La revista Cambio siempre en lo que tenga que ver conmigo es con mentiras de mala fe y con emboscadas. No es la primera vez que lo digo, ya es la cuarta vez. Primero, esa no es una mansión, es un terreno. Segundo, nosotros no estamos en choque con ningún juez sobre ese terreno. Tercero, en el 2023 un juez decretó ilegal el embargo y secuestro de ese bien. Lo que más me preocupa es que se crea que hay un choque con la justicia como lo dice el titular. Siempre he dado la cara a la Corte y a la justicia y he tenido confianza en ellos”.