La decisión del juez de conocimiento en el proceso contra Nicolás Petro Burgos generó un nuevo capítulo judicial al ordenar la compulsa de copias penales y disciplinarias contra varios funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, del CTI y Vicky Dávila, que dirigía la revista Semana en la época de los hechos. Esta determinación surge tras considerar que se habrían vulnerado derechos fundamentales durante la captura de Petro Burgos, materializada en julio de 2023.
El magistrado fundamentó su decisión en los videos presentados por la defensa, los cuales, según su análisis, muestran que agentes del CTI grabaron la diligencia dentro del ámbito privado del procesado. El juez subrayó que la normativa procesal exige resguardar el lugar, permitir el cambio de ropa y brindar protección especial a personas en situación de vulnerabilidad, como las mujeres embarazadas. En este sentido, recordó que el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal impone a la Fiscalía la obligación de actuar “con sumo cuidado” durante los procedimientos de captura.
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De acuerdo con el juez, los investigadores y policías judiciales que ingresaron al inmueble de Nicolás Petro Burgos no observaron las formalidades exigidas por la ley. Esta falta de rigor en el procedimiento fue uno de los elementos que motivaron la compulsa de copias.
A la par, precisó que la medida no se origina en la posible filtración del video desde la Fiscalía, sino en la publicación de imágenes por parte de la revista Semana y su entonces directora, Vicky Dávila. Dichas imágenes mostraban al procesado y a su esposa en estado de desnudez, lo que, a juicio del juez, podría constituir una grave vulneración del derecho a la intimidad y a la dignidad humana. “La publicación de estas imágenes representa una afectación seria a derechos fundamentales”, sostuvo en su intervención.
El análisis del juez también valoró los argumentos de la defensa, a los que calificó como no “banales” y respaldados por evidencia material. Por este motivo, ordenó que se investigue al fiscal delegado Mario Burgos, que dirigió el operativo, así como a los funcionarios del CTI que participaron en el allanamiento y la captura. La compulsa de copias busca establecer posibles responsabilidades penales y disciplinarias en la actuación de los involucrados, tanto en el procedimiento judicial como en la difusión mediática de las imágenes.
Las pruebas aceptadas por el juez Carbonó
Durante la audiencia celebrada el 28 de noviembre de 2025, el juez Carbonó admitió informes y documentos que abarcan desde movimientos migratorios hasta registros financieros de Nicolás Petro Burgos, incluyendo declaraciones de renta y certificados expedidos por la Asamblea del Atlántico.
El magistrado explicó que estos elementos, agrupados en lo que la defensa denomina “bloque cuatro”, resultan relevantes para la hipótesis de la defensa, que sostiene la licitud de los ingresos del exdiputado. En palabras de Carbonó, “los elementos probatorios y anexos corresponden a los que se ha denominado, en el orden interno, el bloque cuatro. Resultan pertinentes estas pruebas correspondientes al bloque cuatro, desde la perspectiva de la teoría de la defensa, en lo concerniente, exactamente, a una presunta licitud de los ingresos del procesado, en su teoría, en lo cual se vale de la trazabilidad de actividades económicas del mismo”.
El juez consideró que la pertinencia de estas pruebas radica en su potencial para demostrar la ausencia de los denominados verbos rectores en la conducta atribuida a Petro Burgos, es decir, los elementos esenciales que configuran los delitos imputados. Carbonó precisó: “Siendo que, en el juicio, también le servirán para controvertir elementos de pruebas y exámenes periciales de los cuales la Fiscalía se valió y los traerá a juicio. Desde esa perspectiva, el juzgado los encuentra pertinentes y conducentes”.
Otro aspecto relevante de la audiencia fue la aceptación de las declaraciones de Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás y considerada testigo clave en el proceso. La defensa podrá utilizar sus manifestaciones públicas, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, para intentar impugnar su credibilidad, refrescar su memoria y evidenciar posibles contradicciones. Entre los medios citados por la defensa se encuentran W Radio, Semana y Los Informantes, además de las declaraciones que Vásquez rindió ante la Fiscalía.
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