
Avanzan las investigaciones por los problemas que rodearon la licitación pública fallida que buscaba elegir a la empresa que se encargaría de garantizar el suministro de pasaportes en Colombia. La Fiscalía General de la Nación radicó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán.
De acuerdo con el ente acusador, el ex jefe de la cartera será investigado por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo por haber varios actos administrativos contrarios al derecho en el proceso de licitación pública.
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Dicha licitación (LP-001-2023) tenía el objeto de “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libreta de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios tan fijos unitarios y sin fórmula de reajuste para el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Fue suspendida en julio de 2023 por medio de la Resolución 5778, en la que se explicó que, en aras de asegurar el respeto a los principios de la contratación estatal y de garantizar la seguridad jurídica del proceso y de la contratación, era necesario tomar esa medida.
En septiembre de 2023, la licitación fue declarada desierta, tras haberse efectuado tres aplazamientos. “Esa licitación se declaró desierta porque el pliego de condiciones se estructuró de manera de la única empresa que ha prestado el servicio (Thomas Greg & Sons)”, indicó Leyva en declaraciones que dio ante la Procuraduría General de la Nación en una versión libre sobre los hechos.
La sanción de la Procuraduría contra Álvaro Leyva
El organismo de control sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años al exministro de Relaciones Exteriores por las decisiones que tomó siendo canciller, que derivaron en la imposibilidad que elegir un oferente que garantizar el suministro de los pasaportes.

De acuerdo con el Ministerio Público, Álvaro Leyva desconoció los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes. Esto, debido a que, desde la perspectiva de la Procuraduría, el excanciller no tomó esa decisión con el fin de “salvaguardar el deber de selección objetiva”.
Según precisó, la licitación debió mantenerse, pese a que la empresa Thomas Greg & Sons quedó como único oferente luego de que los demás interesados dieran un paso al costado y desistieran de su participación en el proceso para la adjudicación del millonario contrato.
Los oferentes advirtieron en varias oportunidades que el proceso de licitación estaba favoreciendo a dicha multinacional, lo que indicaba que el proceso de impresión y suministro de los pasaportes continuaría en sus manos. Finalmente, Leyva declaró desierta la licitación, acción que, según la Procuraduría, fue equivocada.

“El Ministerio Público encontró que la determinación adoptada por el exministro se basó en el hecho de que al proceso había concurrido un único oferente, lo cual no lo habilitaba para declarar desierta la licitación pública, dado que este cumplió con todos los requisitos definidos por la entidad en los pliegos de condiciones”, indicó la Procuraduría en un comunicado.
Así las cosas, el organismo de control consideró que el exministro incurrió en una falta gravísima a título de dolo. Esto, al desconocer los principios de transparencia, economía y responsabilidad.
Sin embargo, el exministro aseguró que declaró desierta la licitación porque tenía motivos para hacerlo. “Acto de buena fe. Pensando en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se aplicó el principio de interés general, de económica, de transparencia, de responsabilidad”, detalló el excanciller ante la Procuraduría.
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