La Fiscalía General de la Nación emitió una resolución de acusación contra nueve exmilitares por el delito de tortura agravada, presuntamente cometida durante los hechos conocidos como el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá.
Los acusados son: Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo Moreno, Iván Ramírez Quintero y Bernardo Alfonso Garzón.
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La acusación, realizada cuarenta años después de los hechos, responde a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la retoma militar del Palacio.
Según la resolución de acusación de la Fiscalía, recogida en documentos oficiales, la decisión se fundó en pruebas y testimonios que señalan que las víctimas fueron calificadas como “sospechosas o especiales”, trasladadas inicialmente al segundo piso de la Casa del Florero, donde las víctimas sufrieron malos tratos.
Posteriormente, fueron conducidos a guarniciones militares, lugares donde se perpetraron actos de tortura física, moral y psicológica contra varias personas, incluidos Yolanda Ernestina Santodomingo Alberricci, Eduardo Arturo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis, Aristóbulo Rozo, Orlando Quijano, Orlando Arrechea Ocoro, Saul Antonio Arce, Jaime Buitrago Castro, Ana Lucia Limas Montaña y Héctor Dario Correa Tamayo.
La Fiscalía incorporó como pruebas documentos del Ejército, como el Plan Tricolor 83 y manuales, cuya aplicación, según el ente investigador, propició la vulneración de derechos humanos y motivó los actos cometidos por los procesados.
También resultaron relevantes los informes sobre la participación del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici), la coordinación de las unidades y la cadena de mando encabezada por Sánchez Rubiano y bajo el mando de Arias Cabrales. Un elemento clave es el Informe de Policía Judicial del 26 de septiembre de 2016, que fue citado por la Fiscalía como prueba durante la investigación.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) representa a la parte civil en el litigio. Rafael Barrios Mendivil, cofundador de la organización y representante de las víctimas, afirmó ante medios nacionales que se trata de “una decisión histórica, por la cual las víctimas han esperado por cuatro décadas y que valida la verdad que siempre han defendido”.
Barrios Mendivil insistió en la necesidad de investigar a fondo la cadena de mando responsable del patrón de tortura y tratos crueles, enfatizando que “la defensa de los derechos humanos en Colombia exige el esclarecimiento total de estos hechos y la sanción de todos los responsables, especialmente de quienes dieron la orden”.
Militares facilitaron la toma del Palacio de Justicia como represalia contra el M-19, señaló ex presidente de la Corte Suprema
El abogado Nilson Pinilla Pinilla, expresidente de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, planteó ante El País una de las hipótesis más inquietantes sobre los hechos ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia: “Algunos militares propiciaron la toma del Palacio de Justicia para cobrar represalias contra el M-19”.
Pinilla, que fue parte de la Comisión de la Verdad que investigó durante cinco años la tragedia de noviembre de 1985 en Bogotá, recordó que el plan del M-19 era conocido por las autoridades desde el 18 de octubre de ese año. “Es inconcebible que se descubriera el plan de la guerrilla y que de todas maneras lo hubieran podido hacer”, explicó al medio citado.
Según Pinilla, miembros del Ejército habrían permitido la ejecución de la toma como respuesta a los ataques previos del grupo insurgente contra la Fuerza Pública, incluidos el robo de armas del Cantón Norte y el intento de asesinato del comandante general de las Fuerzas Militares.
El jurista destacó que, tras el descubrimiento del plan, se incrementó la vigilancia policial sobre el Palacio, pero ese operativo fue retirado días antes de la toma. Asimismo, desmintió la versión oficial según la cual la salida del cuerpo especial de policía fue solicitada por Alfonso Reyes Echandía, entonces presidente de la Corte Suprema, afirmando que dicha versión no corresponde a las fechas ni a las circunstancias señaladas.
Durante la entrevista, Pinilla reiteró que la supuesta pasividad de algunos sectores militares permitió que el M-19 concretara el ingreso violento, lo que, en su opinión, obedece “probablemente” a intereses de represalia interna contra la insurgencia. Esta interpretación, según el abogado, plantea nuevos debates sobre la responsabilidad institucional en la mayor tragedia judicial ocurrida en Colombia.
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