El reciente fallo judicial en el Valle del Cauca generó profunda indignación social tras conocerse la condena de 15 agresores sexuales responsables de delitos cometidos contra 11 menores de edad y tres mujeres adultas.
La Fiscalía General de la Nación informó que las sentencias, dictadas por distintos jueces de la región, oscilan entre ocho años y medio y 20 años de prisión, dependiendo de la gravedad y circunstancias de cada caso.
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Entre los hechos que más conmocionaron a la opinión pública se encuentra el caso de un padre biológico que, según la Fiscalía, abusó sexualmente de su hija desde que ella tenía nueve años y mantuvo esa conducta durante nueve años consecutivos, hasta que la víctima alcanzó la mayoría de edad.
Por estos actos, el hombre fue hallado culpable de acceso carnal violento y acto sexual con menor de 14 años, ambos en modalidad agravada, y recibió una condena de 19 años y cinco meses de prisión. La Fiscalía General de la Nación subrayó la gravedad de este caso, que evidencia la vulnerabilidad de las víctimas dentro del entorno familiar.
El informe oficial de la Fiscalía detalló que los condenados incurrieron en una variedad de delitos que afectan la integridad sexual de las víctimas, entre ellos: acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, acto sexual violento agravado, acto sexual violento con menor de 14 años, acto sexual abusivo con menor de 14 años, demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir y acceso carnal violento agravado.
Uno de los casos documentados corresponde a Rosembert Mauricio Cortés Lozano, de 56 años, que fue sentenciado a 15 años de prisión.
Según la Fiscalía, entre agosto y septiembre de 2023, este hombre sometió a una menor de 16 años a actos sexuales violentos, ofreciéndole dinero y un teléfono móvil a cambio de mantener relaciones íntimas y enviarle fotografías de carácter íntimo. El informe precisó que fue hallado responsable de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y acto sexual violento.
Otro de los condenados, Diego Alexander Pérez Plazas, recibió una pena de 12 años de prisión. De acuerdo con la Fiscalía, el 21 de julio de 2023, Pérez Plazas abusó sexualmente de su excompañera sentimental mientras ella dormía profundamente, tras haber compartido con varias personas en una reunión social. La Fiscalía demostró que el delito cometido fue acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.
El reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación también identificó a otros sentenciados por distintas agresiones sexuales:
- Brallan David Velásquez Jiménez
- Davinci Siachoque Beltrán
- Nelson Tovar Parra
- Yoel José Pérez Mota
- Juan Camilo Ospina González
- Juan Camilo Ceballos
- Alexis Cuspoca Marín
- Alejandro Alfonso Jansen Sierra
- Segundo Isidro Godoy Angulo
- Freddy Andrés Casamachín Santacruz
- Jhon Jairo Mendoza Guzmán
- José Iván Ambuila Montaño
Todos ellos fueron hallados responsables de delitos que atentan contra la integridad sexual de menores y mujeres adultas en el departamento. La Fiscalía General de la Nación reiteró la importancia de denunciar cualquier forma de violencia de género.
Las víctimas o personas cercanas pueden comunicarse con la línea nacional 155 para reportar casos de violencia psicológica, física, económica o sexual. Además, las denuncias pueden realizarse a través de las líneas de la Fiscalía General de la Nación: 018000919748 a nivel nacional, marcando el 122 desde un teléfono celular, o en Bogotá al 601 5702000.
En la capital, también está disponible la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137. En Cali, la Policía Metropolitana dispone de la Patrulla Púrpura, que atiende denuncias en el número 318 8611522.
La Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del departamento exhortó a las mujeres que sufran violencia de género a acudir a las autoridades que integran la ruta de atención, conformada por comisarías de Familia para casos de violencia psicológica, física y patrimonial; la Fiscalía para situaciones de violencia sexual, física, patrimonial y psicológica; instituciones de salud para casos de violencia física, psicológica y sexual; y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para la atención de niñas y adolescentes víctimas de violencia psicológica, física, patrimonial y sexual.
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