El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda que denuncia la presunta pérdida de independencia editorial y el uso político de los medios públicos de Colombia, Rtvc, así como las supuestas omisiones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el cumplimiento de su deber de control y vigilancia. Un proceso con el que se busca establecer si, justamente, estos espacios han perdido independencia y pluralismo.
El recurso fue presentado por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia), respaldada por documentación de renuncias, presiones editoriales y cambios de programación que, según los demandantes, comprometen la función democrática y el pluralismo informativo en un sistema con cobertura nacional. Y que vendrían registrándose en el presente Gobierno, según se ha conocido a través de múltiples casos que han salido a la luz.
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Según el documento de la acción popular, la fundación advirtió sobre “un patrón de injerencia política en la línea editorial del sistema de medios públicos”, que se habría consolidado en los últimos dos años. En la argumentación, la parte accionante indicó que las decisiones al interior del sistema público han llevado a una “clara alineación con la narrativa del Gobierno” y a “la exclusión de voces críticas”, afectando la misión de Rtvc como canal del Estado.
En ese sentido, el tribunal ordenó, además, la vinculación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) al proceso. En la demanda se indicó que las omisiones de la CRC y del ministerio han permitido, en consecuencia, la consolidación de “un ecosistema mediático que favorece los postulados del Gobierno y limita el acceso de la ciudadanía a información equilibrada y plural”; pese a que la posición de Rtvc ha sido la desvirtuar dichas acusaciones.
Los motivos por los que se admitió el recurso interpuesto contra Rtvc y el ministerio TIC
Entre los episodios documentados por FEDe Colombia se destacan renuncias y despidos de directivos y periodistas que reportaron presiones, el aumento de contenidos favorables para el Ejecutivo, la supresión de franjas educativas y culturales, y la transmisión de programas sin contraste crítico. Un panorama inquietante a 254 días para el final del actual periodo, inmerso en una serie de escándalos que también han permeado la imagen del sistema de medios públicos.
“En los últimos dos años hemos visto la salida de periodistas y directivos que se atrevieron a cuestionar la línea editorial oficial, a la par que han desaparecido espacios de debate y de programación infantil, cultural y educativa. Hoy, Rtvc parece una plataforma del Gobierno, no de la ciudadanía”, expresó Andrés Caro, director ejecutivo de la Fundación, frente a lo que sería el radical giro en la línea editorial de estos espacios durante el mandato Petro.
Entre los casos que dio a conocer la fundación se destaca el de Iván García, que fue director de Radiónica durante veinticinco años. Según la demanda, García afirmó que “expresar desacuerdos editoriales tuvo consecuencias profesionales para mí”; por su parte, Ángela María Arboleda, exdirectora de Radio Nacional y otrora defensora del Gobierno, argumentó que su renuncia se debió a “la injerencia absoluta en los contenidos y decisiones editoriales”.
En esta misma línea se expresó Silvana Orlandelli, exdirectora de Señal Colombia, que fue contundente al afirmar los motivos por los cuales terminó dándose su desvinculación del sistema de medios públicos. “Alerté sobre la eliminación de las franjas infantiles y de los proyectos educativos, pero la respuesta fue mi desvinculación”. A este testimonio se sumó, incluso, uno al que tuvo acceso directo Infobae Colombia y que resultó siendo el más reciente caso.
En efecto, esta redacción habló en su momento con la periodista Cielo Reyes, que también denunció ante la fundación el haber sido “acosada, humillada y perseguida por directivos de Rtvc”. Asimismo, la comunicadora social describió el ambiente laboral como hostil y condicionante para ejercer con libertad, y no dudó en apuntar a dos nombres en concreto: Wilver Raillo, subdirector de Rtvc Noticias; Pablo Bastidas, exdirector del noticiero del fin de semana.
Líneas ideológicas afines al Gobierno, según FEDe Colombia
La demanda señaló que algunos programas de Rtvc y Radio Nacional incluyeron contenidos ideológicamente alineados con el gobierno y la exclusión de visiones opuestas. Por ello, se acusó a la administración de utilizar espacios públicos para promover explícitamente iniciativas del Ejecutivo, como la consulta popular y la eventual Asamblea Nacional Constituyente, y de transmitir programas “declaradamente partidistas” con el Gobierno de Gustavo Petro.
Entre los ejemplos figura una edición especial de La Base, producto audiovisual del español Pablo Iglesias, político de izquierda, enfocado en acusar a medios tradicionales de propiciar un “golpismo mediático”. También resultó polémica la emisión de un especial sobre Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, excabecilla de las extintas Farc, que fue rechazado por sectores de derechos humanos por lo que sería su apología a la violencia.
A su vez, en uno de los apartes del documento, FEDe Colombia denunció que “la emisión de estos programas ha tenido como resultado titulares perfectamente alineados con la narrativa oficial, sin espacio para el contraste o la crítica”. Además, la fundación advierte que en algunos espacios “se han emitido acusaciones contra actores políticos y periodistas opositores, vulnerando los estándares internacionales para la comunicación estatal”.
Las omisiones del ministerio y de la CRC también han sido motivo de inquietud en la acción legal. De acuerdo al texto, pese a las “múltiples alertas, públicas y privadas, y a la preocupación expresada por organismos internacionales de derechos humanos”, la cartera no ha tomado “acciones preventivas ni correctivas ante los evidentes cambios editoriales en Rtvc”. Por su parte, la CRC reconoció que “apenas se han iniciado averiguaciones preliminares” y que el último estudio dedicado a riesgos para el pluralismo informativo en RTVC se llevó en 2022.
En ese sentido, se destacó que Rtvc abarcó el 93 % del territorio nacional, lo que implica una alta incidencia sobre la opinión pública en regiones donde se trata, con frecuencia, de la única fuente disponible de información. “Cuando la única señal que recibe un territorio está sesgada, no solo se afecta el derecho a la información, se afecta la democracia misma”, sostuvo Caro, que remarcó que “no puede convertirse en un instrumento de propaganda”.
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