Ministro de Trabajo desmintió la pérdida de 500.000 trabajos en temporales: “No se castiga el empleo, se castiga el abuso”

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció en sus redes sociales en respuesta a las preocupaciones planteadas por el gremio de las empresas de servicios temporales Acoset sobre la propuesta de decreto que su cartera impulsó para combatir la tercerización laboral ilegal en Colombia.

Según el sector, el decreto podría poner en riesgo hasta 500.000 empleos; sin embargo, Sanguino salió al paso de estas declaraciones, al aclarar su postura y defendió la propuesta como una medida necesaria para proteger los derechos de los trabajadores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La propuesta de decreto busca establecer límites claros para las empresas de servicios temporales, al prohibir que más del 10% del personal de una compañía sea contratado a través de este tipo de empresas. Además, se establece un listado de indicios para que los inspectores laborales puedan determinar si existe una intermediación laboral ilegal.

Para el Gobierno, la tercerización ilegal es una práctica abusiva que perjudica a los trabajadores y fomenta un “dumping social”, es decir, una competencia desleal que reduce los derechos laborales.

Acoset, por su parte, señaló que la propuesta podría reducir hasta un 60% el mercado para las empresas de servicios temporales, un golpe significativo para el sector. El gremio también advirtió que la propuesta llega en un momento crítico, cuando las contrataciones para la temporada navideña ya están en marcha en sectores como hoteles, restaurantes, comercio e industria.

Ante esta situación, el ministro Sanguino decidió responder directamente a través de sus redes sociales. En un extenso mensaje en su cuenta de X, rechazó las alarmas que generó la propuesta y realizó varias aclaraciones clave. De acuerdo con el alto funcionario, el objetivo del decreto no es atacar el empleo formal, sino corregir prácticas laborales que, según él, llevan años violando la ley.

“Vamos punto por punto. La ciudadanía merece una conversación informada, no narrativas de miedo”, comenzó el ministro. En su mensaje, detalló que la propuesta no busca eliminar las empresas de servicios temporales ni acabar con el sector.

“Solo hace cumplir la Ley 50 de 1990, que desde hace 30 años establece que las temporales son excepcionales y solo pueden usarse para labores ocasionales, reemplazos o picos de producción”, explicó Sanguino. Según el ministro, el problema radica en que se había tolerado una violación de esta ley.

En cuanto a la cifra de los “500.000 empleos perdidos”, Sanguino calificó este argumento de “espantajo”. Según él, sectores como producción, comercio y logística seguirán necesitando trabajadores, aunque la forma en que se contraten cambiará.

El ministro señala que las contrataciones navideñas seguirán con garantías laborales

“Lo que cambia es cómo se contrata: los cargos permanentes deben ser contratos directos, con estabilidad y garantías”, aseguró el ministro. Afirmó que no se trata de una “Navidad sin empleo”, sino de una “Navidad con dignidad”, donde los trabajadores puedan tener los derechos y beneficios laborales que merecen.

Otro punto importante que tocó Sanguino fue la contratación estacional, que seguirá permitida bajo el nuevo decreto. El ministro explicó que las empresas temporales existen justamente para cubrir picos de demanda, como los que se presentan durante la temporada navideña; sin embargo, lo que se eliminaría, según Sanguino, es la práctica de rotar empresas para cubrir un mismo puesto estructural de manera ilegal, lo cual priva al trabajador de antigüedad, estabilidad y seguridad social: “Eso no es flexibilidad, es dumping social”.

El decreto también establece criterios claros para identificar al verdadero empleador, es decir, quien controla y dirige el trabajo, y fortalece la inspección laboral para frenar el fraude en la contratación. “No se castiga el empleo, se castiga el abuso”, insistió Sanguino en su mensaje.

El jefe de cartera resaltó que cumplir con una ley de 1990 no es un acto de radicalismo, sino una obligación que el Estado debe cumplir para garantizar los derechos laborales de los trabajadores: “Es lo mínimo que un Estado serio le debe a sus trabajadores”.