El escrutinio sobre la experiencia laboral de Jorge Andrés Carrillo Cardoso, exgerente de EPM durante la administración de Daniel Quintero y actual gerente de ISA, escaló nuevamente tras conocerse que la empresa Profesionales en Inversión S. A. (Profinvest S. A.), hoy en liquidación, aseguró no contar con los documentos que certifiquen la vinculación que el funcionario reportó en su hoja de vida.
La información, revelada por Revista Semana, expone que, en un lapso de un mes, esta compañía respondió en dos oportunidades al Consejo de Estado indicando la imposibilidad material de entregar los certificados correspondientes a los años 2008 y 2009.
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En un oficio dirigido a la magistrada Gloria María Gómez Montoya, la empresa explicó que “la información requerida corresponde al año 2009, es decir, a hechos ocurridos hace más de dieciséis (16) años”.
Según la comunicación, la sociedad se encuentra en liquidación, por lo que solo conserva documentos estrictamente necesarios para su cierre contable y jurídico.
El representante legal, Gustavo Enrique Ardila Gómez, añadió que “la compañía no conserva archivo histórico laboral, contractual ni administrativo de los años 2008–2009”, enfatizando que la falta de información se debe a la depuración archivística realizada durante el proceso de liquidación.
Asimismo, la empresa aclaró que “la ausencia de la documentación no obedece a una conducta evasiva”, sino a la inexistencia derivada de la reorganización interna y de la falta de entrega de archivos por parte de antiguos administradores. Esta respuesta se suma a otra enviada el 29 de octubre, en la que la compañía argumentó que los documentos solicitados contenían datos personales protegidos por las leyes de habeas data, lo cual restringía su entrega.
El Consejo de Estado requiere los soportes laborales debido a la demanda interpuesta contra el nombramiento de Carrillo como gerente de ISA, una de las empresas públicas más relevantes del país. La controversia ha generado inquietud entre sectores políticos de Medellín, que han seguido de cerca el historial del funcionario desde su paso por EPM.
El concejal Alejandro de Bedout reiteró en X que la situación refuerza señalamientos previos: “Se confirma lo que hemos venido denunciando hace meses: Jorge Carrillo mintió en la hoja de vida, y llegó con mentiras a la cabeza de ISA y EPM”. Agregó que su ascenso estuvo respaldado por el círculo de confianza de Daniel Quintero, y que su trayectoria en EPM dejó cuestionamientos.
En su publicación, el concejal sostuvo: “El proceso de llegada de Carrillo al poder está lleno de inconsistencias y cuestionamientos. Su paso por EPM dejó señalamientos por improvisación, politiquería y presuntos malos manejos. El que miente, roba. Y Carrillo mintió… saquen ustedes sus propias conclusiones”.
Revista Semana contactó a Carrillo para obtener una respuesta ante la ausencia de certificados. A pesar de los intentos vía WhatsApp y llamadas a su número registrado, no hubo contestación.
La revista también consultó a Daniel Quintero, precandidato presidencial, para conocer si conocía las dificultades en la verificación documental de Carrillo y las implicaciones políticas que podría tener la falta de soportes laborales. Quintero señaló que respondería únicamente por escrito, aunque al cierre de la nota no había enviado sus respuestas.
La firma Profinvest aseguró que, aunque la documentación histórica no existe en sus archivos, las entidades del sistema de seguridad social —EPS, fondos de pensiones y ARL— sí conservan certificaciones de afiliación y cotización incluso de años anteriores a 2009. Sostuvo que estas instituciones podrían entregar certificaciones oficiales en caso de ser requeridas.
Más allá de esta controversia, Carrillo enfrenta otros procesos. La Personería de Medellín le formuló pliego de cargos por presunta celebración indebida de contratos, y EPM mantiene una demanda en su contra ante la Fiscalía. Estas situaciones han alimentado más debate sobre su paso por las dos empresas y sobre los criterios usados para su nombramiento.
La discusión ha tomado fuerza por el rol estratégico que cumplen EPM e ISA en el mercado energético y de infraestructura. Por ello, los cuestionamientos sobre transparencia y experiencia han generado atención entre expertos y organizaciones de control ciudadano.
Mientras el proceso avanza en el Consejo de Estado, persisten dudas sobre la disponibilidad real de documentos laborales de Carrillo y sobre el alcance que pueda tener este episodio en los cargos públicos que ha ocupado.
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