El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que la Fuerza Pública capturó en julio de 2024 a los jefes disidentes conocidos como “Calarcá” en Antioquia y los trasladó a Medellín para quedar a disposición de la autoridad competente.
La declaración del titular de la cartera, respondió a los cuestionamientos sobre la actuación oficial en este caso, que abarca a figuras clave en los grupos armados organizados.
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"La Fuerza Pública procedió a dicha captura y llevaron a estos individuos a Medellín, los pusimos a disposición de las autoridades competentes“, declaró Sánchez a Caracol Radio.
Señaló que las decisiones judiciales que exceden las competencias del Ministerio de Defensa corresponden a los entes judiciales, puntualizando: “Ya decisiones por fuera del Ministerio de Defensa que tengan que ver con el área judicial no me competen”.
El funcionario explicó que el operativo involucró a las fuerzas militares y la Policía Nacional, quienes remitieron a los detenidos al batallón del Ejército Nacional en Bello.
Recalcó que el Ministerio de Defensa solo interviene hasta el momento de la captura, mientras que los procesos judiciales posteriores pertenecen al ámbito de la justicia.
Sánchez enfatizó que la obligación constitucional de capturar a personas en flagrancia se mantiene incluso cuando existe una suspensión de orden de captura.
“He sido supremamente muy claro que, aunque tengan orden de captura suspendida, si la fuerza pública, si algún militar o un policía los encuentra en flagrancia, deben proceder a capturarlos. Esa es la orden constitucional. No es simplemente una decisión del ministro de Defensa”, puntualizó al medio citado.
Las declaraciones del ministro reiteran la postura del Gobierno ante capturas de integrantes de grupos ilegales, precisando que la intervención militar y policial sigue los lineamientos constitucionales y se aparta de posibles interpretaciones políticas o judiciales.
Ministro de Defensa se refirió a las versiones de presiones a agentes de la DNI para ‘salvar’ a Petro
La circulación de un audio que involucra a un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia ha desencadenado una ola de reacciones institucionales y políticas.
Según reveló El Tiempo, Wilmar de Jesús Mejía, director de Inteligencia de la DNI, aparece solicitando datos a un oficial con el objetivo de “salvar al presidente” Gustavo Petro, en un contexto marcado por la presión mediática y cuestionamientos públicos hacia el Gobierno.
El mencionado material, difundido por fuentes periodísticas, evidenciaría una petición directa para obtener información relevante, buscando desviar la atención sobre la coyuntura presidencial.
El audio también sugiere que el funcionario pretendía que los datos facilitados permitieran “llegar con algo bueno” y, así, aliviar la tensión sobre el mandatario. En esa comunicación, Mejía hace referencia a antiguos generales y reconstruye escenarios de supuestos seguimientos al Ejecutivo, abriendo interrogantes sobre la utilización política de la inteligencia estatal.
De acuerdo con el medio citado, las denuncias sobre presuntas presiones llegaron al entonces director de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, y al ministro de Defensa Pedro Sánchez.
Consultado por ese medio, Sánchez confirmó que conoció versiones encontradas sobre intentos de influenciar a oficiales dentro de las filas, señalando: “Sí. Es cierto que me llegó esa información sobre presiones a oficiales y también me llegó información contraria que decía que eso era mentira”.
Al recibir estos reportes, Sánchez aseguró que activó los protocolos necesarios dentro del ministerio y ordenó verificaciones exhaustivas. “Mi posición ha sido que cualquier delito deben denunciarlo, que nadie está autorizado a entregar información que no corresponde de quien no corresponde”, indicó el funcionario.
Frente a posibles represalias a funcionarios, el ministro aclaró que varias decisiones de retiro fueron revisadas bajo estrictos criterios de mérito.
“Me di cuenta de que no ameritaba que saliera de la fuerza pública”, detalló respecto a casos particulares como el de un coronel sometido a evaluación. Sánchez explicó que los ascensos y retiros requieren de múltiple revisión institucional, incluyendo juntas de generales y consultas a diferentes entidades como Contraloría, Procuraduría y Fiscalía.
El jefe de la cartera defendió la necesidad de promover la denuncia cuando se presenten solicitudes indebidas de información y calificó como confidencial todo el proceso relacionado con casos de presión y manejo de datos delicados.
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