El director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, lanzó una advertencia pública sobre lo que considera una situación delicada dentro de la Corte Constitucional.
En un mensaje divulgado a través de redes sociales y citado por Revista Semana, aseguró que dos magistrados estarían realizando gestiones internas para influir en la elección de un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.
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La afirmación abrió un nuevo foco de atención alrededor del proceso, que involucra una vacante estratégica para la administración de justicia.
Bustos indicó que la magistrada Natalia Ángel y el magistrado Miguel Polo Rosero estarían interviniendo de forma activa en la elección, la cual, según explicó, se realizará antes de que termine el año.
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La vacante corresponde a un cargo que manejará recursos estimados en 12 billones de pesos vinculados al funcionamiento de la rama judicial. En su mensaje, Bustos planteó que tal escenario exige máxima transparencia, dado que la decisión incide en la estructura directiva del sector justicia.
En su declaración, Bustos afirmó que cuenta con información que refuerza su preocupación. Según su versión, la magistrada Ángel estaría apoyando a la candidata Juanita Durán, quien ha ocupado cargos en la Fiscalía durante la administración de Eduardo Montealegre y también habría tenido vínculos profesionales con el exministro de Educación Alejandro Gaviria. Para Bustos, ese antecedente sugiere un respaldo político que amerita vigilancia institucional sobre la forma en que se desarrollan las deliberaciones.
El director de la Red de Veedurías también se refirió al rol del magistrado Miguel Polo Rosero. Aseguró que el magistrado estaría compartiendo artículos periodísticos con los demás integrantes de la Corte, con el objetivo de generar dudas sobre una de las aspirantes al cargo. Bustos consideró este comportamiento como parte de una estrategia que podría traducirse en presiones indebidas dentro del proceso. Su señalamiento se sumó a un llamado a que los debates se orienten exclusivamente por criterios de mérito y no por discusiones relacionadas con afinidades políticas o personales.
En otra parte de su intervención, Bustos dijo que tanto Ángel como Polo Rosero suelen respaldar las iniciativas del Gobierno nacional cuando estas llegan al análisis del alto tribunal. Para él, esa coincidencia de posiciones frente a proyectos del Ejecutivo sería otro indicio de un movimiento articulado que podría influir en la elección de la vacante. Aunque no presentó documentos adicionales para sustentar esa conclusión, insistió en que su preocupación surge de información recibida durante los últimos días.
El director de la Red de Veedurías calificó como “grave” que, de acuerdo con lo que ha conocido, se estaría configurando una campaña interna con prácticas cuestionables. Señaló que existen comentarios que circularían entre algunos funcionarios para desacreditar a determinados candidatos. A su juicio, el proceso debe estar guiado por la valoración objetiva de las capacidades académicas, profesionales y gerenciales de quienes aspiran al cargo. Sostuvo que cualquier método que se aparte de esos principios genera riesgos para la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
Bustos también advirtió que la elección de un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura debe realizarse en un ambiente de imparcialidad. Consideró necesario que se garanticen reglas claras y un escrutinio estricto para evitar que la decisión se tome bajo presiones. Denunció que las supuestas campañas internas, según él, no solo afectarían a los aspirantes, sino que además proyectarían dudas sobre la independencia del tribunal frente a actores externos que podrían tener intereses particulares en la designación.
En su mensaje final, hizo un llamado a la Corte Constitucional. Pidió “juego limpio” y transparencia absoluta en todas las etapas del proceso de selección. Reiteró que una corporación de la magnitud de la Corte debe actuar con una conducta ejemplar en el manejo de decisiones que impactan al sistema judicial. Insistió en que las diferencias entre candidatos deben resolverse con base en argumentos jurídicos y técnicos, sin espacio para desinformación ni competencia desleal.
El pronunciamiento de Bustos generó reacciones inmediatas entre sectores que siguen de cerca las discusiones en la rama judicial. Algunas voces solicitaron que la Corte aclare si existen mecanismos internos para prevenir este tipo de situaciones. Otros pidieron que se verifique la información presentada. En cualquier caso, la alerta planteada abrió un debate sobre la manera en que se gestionan los procesos de elección dentro de los altos tribunales, especialmente cuando se trata de cargos que administran recursos significativos.
El proceso de selección continúa en curso y se espera que la decisión final sea adoptada en las próximas semanas. Mientras tanto, el llamado de Bustos se suma a otras discusiones que han surgido en torno al funcionamiento y transparencia de las instituciones judiciales, lo que mantiene la atención pública sobre el desenlace de esta elección y sus implicaciones para la administración de justicia en el país.
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