El Gobierno está revisando un borrador de decreto que busca limitar la contratación laboral a través de empresas de servicios temporales, con el argumento de combatir la tercerización ilegal y promover la formalización.
La iniciativa aparece en un periodo en el que numerosas compañías incrementan la vinculación de personal por picos de producción asociados a Navidad y Fin de Año. Sin emabrgo, de acuerdo con las proyecciones de gremios empresariales, esta medida podría tener efectos significativos sobre el empleo estacional en el país.
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Según la información del borrador de decreto, el Gobierno sostiene que su propósito es impedir que las empresas utilicen figuras contractuales para evitar el reconocimiento de prestaciones sociales, vacaciones, primas o estabilidad laboral. No obstante, expertos del sector han advertido que esta revisión normativa afectaría a trabajadores independientes y a sectores cuya operación depende de incrementos temporales en la demanda.
Intermediación y topes a la contratación temporal
El documento publicado por el Ministerio del Trabajo establece que ninguna empresa podría tener a más del 10% de su personal contratado mediante empresas de servicios temporales, límite que aplicaría en todas las dependencias corporativas. Las empresas de servicios temporales solo podrían suministrar personal para reemplazos por licencia o vacaciones, o para aumentos en la producción o actividades, por un máximo de un año.
En el texto, el Gobierno señala: “El propósito fundamental de la presente reglamentación es materializar el mandato constitucional del trabajo en condiciones dignas y justas, garantizando la aplicación efectiva del principio de la primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales. La norma busca erradicar las prácticas de intermediación laboral ilegal y tercerización fraudulenta que, bajo el ropaje de figuras civiles o comerciales, precarizan el empleo y vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Las disposiciones contemplan multas que podrían superar los 7.100 millones de pesos por cada cargo en infracción, además de sanciones como la suspensión de actividades. Además, el documento incluye un conjunto de condiciones que, para el Ministerio del Trabajo, constituyen indicios de intermediación ilegal; entre ellas están que la empresa contratista no sea propietaria del software o de los equipos necesarios para la labor, o que incumpla “sistemáticamente” obligaciones contables, tributarias o legales.
Preocupación de Acoset por el impacto en el empleo
La Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) presentó una advertencia sobre los efectos del borrador de decreto. El gremio considera que las medidas planteadas modifican lo acordado durante el trámite de la reforma laboral y ponen en riesgo la contratación estacional, especialmente en meses de alta demanda laboral.
Acoset aseguró que el documento “cambia reglas e impone cargas sancionatorias que impactan negativamente la formalización del empleo flexible en Colombia, y la operatividad y productividad de todos los sectores económicos”.
La entidad proyecta que el borrador podría ocasionar la pérdida de más de 50.000 empleos formales en diciembre y hasta 500.000 durante 2026. Sectores como logística, comercio minorista, consumo masivo, call centers, manufactura, vigilancia, hotelería, turismo y servicios serían los más afectados por la reducción en la contratación flexible.
Miguel Pérez, presidente de Acoset, afirmó que mientras los sectores productivos se preparan para la temporada navideña, “el borrador de decreto publicado por el Gobierno deja sin apoyo la contratación estacional formal y afecta la respuesta operativa de miles de empresas”.
Advirtió que una de las medidas propuestas podría reducir en hasta un 60% el mercado laboral formal flexible. Según el gremio, esto desincentivaría la contratación en temporadas pico y tendría impactos en la productividad nacional: “Las Empresas de Servicios Temporales (EST) cumplen un rol fundamental en la formalización del empleo, pues permiten a diversos sectores responder a necesidades operativas, reemplazos, cosechas y estacionalidades ‘con todas las garantías de ley’”, señaló el líder gremial.
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