El avance de las disidencias lideradas por alias Calarcá ha transformado el panorama de seguridad en Colombia, mientras el proceso de paz con este grupo se ha convertido en el segundo más costoso para el Estado, solo superado por el fallido intento de negociación con el ELN.
Bajo la política de paz total, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, la estructura de “Calarcá” ha experimentado un crecimiento del 16% en los últimos siete meses, sumando 387 nuevos integrantes y alcanzando un total de 2.802 combatientes en sus filas.
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La estrategia de diálogo con las disidencias de “Calarcá” ha requerido una inversión de $30.299 millones, según datos de la Consejería para la Paz, destinados a logística, transporte, seguridad y operación de las mesas de negociación.
Este monto forma parte de los $84.816 millones que el Estado ha desembolsado en la implementación de la paz total, una política que, de acuerdo con expertos, sectores de la oposición y los propios resultados, ha sido calificada como un “fracaso total”.
Lejos de lograr la desmovilización de los grupos armados, la iniciativa ha fortalecido a figuras como alias “Iván Mordisco” y “Calarcá”, ambos desertores del proceso de paz y fundadores de las principales disidencias de las antiguas Farc.
La ruptura entre “Iván Mordisco” y “Calarcá”, que en el pasado patrullaban juntos, ha marcado la dinámica reciente del conflicto. Mientras el Gobierno ha intensificado la ofensiva militar contra el Estado Mayor Central (EMC) liderado por “Mordisco”, ha optado por mantener el diálogo y otorgar concesiones a la estructura de “Calarcá”.
Entre los beneficios concedidos a este grupo se encuentra la suspensión de órdenes de captura para varios de sus miembros, lo que les ha permitido participar en las negociaciones con libertad de movimiento y un nivel de legitimidad inédito.
Actualmente, el Gobierno asiste a las mesas de diálogo con once delegados, mientras que la delegación de “Calarcá” cuenta con cerca de cuarenta representantes, muchos de ellos beneficiados por la suspensión de medidas judiciales.
La presencia de la disidencia de “Calarcá”, también conocida como Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf), se ha consolidado en regiones estratégicas para las economías ilícitas. El grupo ejerce control en zonas como el Catatumbo en Norte de Santander, el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar y extensos corredores que atraviesan Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare, Tolima y Cauca.
Su influencia se extiende a enclaves mineros, áreas cocaleras, pasos fronterizos y territorios donde el dominio social y armado asegura rentas y movilidad. Lejos de ser una estructura marginal, el Embf se ha posicionado como un actor con capacidad para influir, gobernar y someter a las comunidades bajo su control.
El análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) revela que, aunque el clan del Golfo registró el mayor crecimiento entre los grupos armados organizados hasta julio de este año, la disidencia de “Calarcá” mantiene una expansión sostenida y supera el promedio nacional de incremento de fuerzas, que se sitúa en el 15 por ciento, con un total de 3.320 nuevos integrantes en el periodo comprendido entre diciembre de 2024 y julio de 2025.
A pesar de los esfuerzos de negociación, la estructura comandada por “Calarcá” no ha mostrado intención de avanzar hacia una dejación de armas por la vía negociada. El grupo opera bajo una estricta cadena de mando y responde a las fracturas internas con nuevas implosiones o atentados.
Además de estar implicado en el escándalo por la infiltración y corrupción de miembros de las Fuerzas Militares y organismos de inteligencia del Estado, su nombre aparece vinculado a hechos violentos de alto impacto.
Entre los episodios recientes destaca la declaración de alias Gabriela, capturada por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, que afirmó ante la Fiscalía que la orden del magnicidio habría provenido de Caquetá, territorio bajo influencia de las disidencias de “Calarcá” y de las estructuras de “Iván Mordisco”.
Este último negó cualquier participación mediante un comunicado, mientras que “Calarcá” optó por no pronunciarse. A este caso se suma la masacre de Amalfi, Antioquia, donde trece miembros de la Fuerza Pública fueron asesinados y varias facciones de la estructura de “Calarcá” resultaron señaladas como responsables.
A pesar de este historial, la disidencia avanza en su séptimo ciclo de negociación. El encuentro más reciente tuvo lugar en Campo Hermoso, San Vicente del Caguán, con “Calarcá” encabezando la delegación.
Mientras el proceso permanece estancado, el costo para el Estado continúa en aumento, consolidando a este grupo como uno de los principales beneficiarios de la política de paz actual.
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