Desde su cuenta de X, la cabildante de Bogotá Ana Teresa Bernal manifestó su preocupación por la reciente ola de amenazas de muerte contra los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de El Porvenir y Mataratón, en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.
La concejala calificó estos hechos como “un ataque directo contra la democracia y contra las comunidades campesinas históricas de la región”, subrayando la importancia de proteger a quienes defienden la tierra, los derechos humanos y la organización comunitaria.
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En su publicación, Bernal señaló que: “Exigimos protección inmediata, presencia efectiva del Estado y acciones urgentes que garanticen su seguridad. La vida no se negocia ni se intimida. Acompañamos y respaldamos la valentía de estos liderazgos que, pese a las amenazas, siguen defendiendo la dignidad y los derechos de su gente”.
La denuncia pública, compartida a través de sus redes sociales, sostiene que la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello (Ccnpb), entidad defensora de derechos humanos y acompañante de comunidades indígenas y campesinas en la Orinoquía y la Amazonía colombiana, documentó los hechos y los presentó ante el Gobierno nacional, la comunidad de derechos humanos y entes internacionales. La preocupación crece ante la reiteración de intimidaciones y amenazas contra los líderes comunales y quienes participan en procesos de defensa territorial y acceso a la tierra.
Según la Ccnpb, los hechos se iniciaron el 18 de noviembre de 2025 cuando Elkin Salgado, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Matarratón, recibió a su celular mensajes amenazantes desde el número “3233982554”. El remitente, identificado como “Cristian Camilo”, citó de manera urgente a Salgado a una reunión, adjuntando un video de extrema violencia donde se evidencia el homicidio y desmembramiento de una persona.
Al día siguiente, Salgado recibió otro mensaje del mismo número, presionándolo a obedecer y advirtiéndole: “Compañero, nosotros no estamos jugando, para darle el tiempo que usted quiera, si nosotros lo llamamos para pedirle un favor es para que lo haga breve, no cuando usted quiera, por eso es que se hacen matar...”, acompañado de una imagen de un arma de fuego y municiones.
El remitente exigió la presencia de Salgado en un punto específico, “El Viento”, finca “Las tres corocoras”, y la entrega de los libros de afiliación de la Junta, advirtiéndole que, de no asistir, lo asesinarían de la misma manera que la persona mostrada en el video. En la foto de perfil de WhatsApp del remitente aparece una mujer con uniforme, armada y con una bandera de Colombia con las siglas Farc-EP de fondo.
Ante la gravedad de los hechos, el líder comunal contactó a Asojuntas, la Secretaría de Gobierno Municipal, la Policía Nacional de Puerto Gaitán y la Fiscalía General de la Nación-Seccional Orocué, donde interpuso la denuncia formal el 19 de noviembre.
Ese mismo 18 de noviembre, Arnulfo Bonilla, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Porvenir, recibió mensajes similares desde el mismo número. El texto solicitaba información sobre la afiliación de un tercero y estaba acompañado por un video similar al enviado a Salgado.
Posteriormente, los archivos fueron eliminados y se realizó una llamada telefónica de seguimiento. De esta manera, quedó en evidencia que ambas amenazas coincidían en modalidad, remitente y formato, elaborando un patrón sistemático de intimidación hacia los procesos organizativos rurales.
La denuncia destaca que, en escenarios previos, miembros de las comunidades informaron sobre la presencia de personas armadas patrullando en zonas como La Portuguesa y Matarredonda, con indicios de pertenencia a grupos armados paramilitares, inquietud respaldada por reportes a las agencias estatales.
Tanto Salgado como Bonilla lideran el proceso emblemático de tierras de El Porvenir y han sido objeto de intimidaciones sistemáticas por exigir la implementación de la Sentencia SU426/16, cuya ejecución por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), según las comunidades, se encuentra dilatada.
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello hizo un nuevo llamado a las autoridades locales, nacionales e internacionales para garantizar la protección de los líderes rurales amenazados y avanzar en la investigación de estos hechos. Además, solicitó que la atención del Estado se centre en resolver la situación de fondo y evitar nuevas vulneraciones a los derechos fundamentales de la comunidad campesina de Puerto Gaitán.
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