
En medio del revuelo generado en todo el país tras las revelaciones sobre presuntas alianzas entre el director de Inteligencia, Wilmar Mejía, y alias Calarcá, líder de una facción de las disidencias de las Farc, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) volvió a quedar en el ojo público tras conocerse un nuevo caso involucraría a otro alto mando de la institución.
Según información divulgada en la mañana del martes 25 de noviembre, un alto asesor de la DNI, el mayor (r) César Augusto Ortiz Ortiz, está bajo investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico en La Guajira y el contrabando.
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Ortiz, que actualmente cumple funciones clave en la contrainteligencia de la DNI y participa en la depuración interna de la Policía Nacional, ha sido mencionado en dos procesos judiciales que cuestionan la integridad de las instituciones de seguridad del país, según información conocida por la revista Cambio.
Ortiz Ortiz, con más de 20 años de trayectoria en la Policía Nacional, fue jefe de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en La Guajira antes de su retiro y posterior incorporación a la DNI en 2024.

Su carrera ha estado marcada por cargos de responsabilidad en áreas sensibles, lo que le permitió acceder a información estratégica y liderar operaciones relevantes. Desde su llegada a la DNI, habría asumido un papel central en la revisión de antecedentes y la toma de decisiones sobre traslados y ascensos dentro de la Policía, en medio de la purga institucional que dirige la entidad.
El primer proceso que involucra a Ortiz se remonta a julio de 2023, cuando un operativo en Maicao, Riohacha, Uribia y Bogotá permitió la captura de 23 integrantes de dos estructuras criminales dedicadas al narcotráfico en La Guajira.
La investigación, liderada por la DEA y autoridades colombianas, identificó a un grupo de 12 policías, conocidos como los ‘12 apóstoles’, que presuntamente facilitaban el paso de droga hacia Estados Unidos y otros destinos.
Cambio, citando fuentes cercanas al caso, informó que uno de los líderes de esta red sería un uniformado con más de 20 años de servicio, lo que encendió las alarmas en el sector Defensa.

Las pesquisas revelaron dos modalidades de corrupción entre los uniformados: extorsionaban a las redes narcotraficantes para permitir el tránsito de cargamentos y, en caso de negativa, incautaban la droga y luego la comercializaban por su cuenta, reportando solo una fracción mínima.
El expediente judicial incluye testimonios de extraditados, agentes encubiertos, entregas controladas e interceptaciones, y menciona expresamente a Ortiz, quien ejercía como jefe de la Sijín durante los hechos investigados.
La Procuraduría y la Fiscalía confirmaron al medio nacional que existen indagaciones en curso sobre estos hechos. El organismo de control disciplinario indicó que evalúa pruebas y que, en diciembre de 2025, decidirá si llama a Ortiz a responder formalmente.
Un documento conocido por el medio señala que la investigación abarca delitos como tráfico de estupefacientes, irregularidades en allanamientos, hurto y alteración de vehículos de alta gama.
Fuentes del sector Defensa aseguraron a Cambio que este proceso, bajo la lupa de la DEA, habría sido determinante para que Ortiz no ascendiera y fuera retirado de la Policía en 2023.
El segundo caso que salpicaría a Ortiz está relacionado con la red de contrabando liderada por Diego Marín, alias Papá Pitufo. A pesar de los cuestionamientos previos, el entonces director de la Policía, general William Salamanca, trasladó a Ortiz a la Interpol a mediados de 2023. Desde allí, junto al coronel (r) Mario Durán, participó en investigaciones contra Marín.
Sin embargo, la contrainteligencia de la Policía desarrolló un proceso paralelo que culminó con la captura de Marín en España, y en el que resultaron implicados tanto Durán como Ortiz.
El mayor Peter Steven Nocua Henao, jefe de la División de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Cartagena y agente encubierto en el caso, declaró ante la Fiscalía que Ricardo Orozco Baeza, alias el Bendecido y mano derecha de Marín, le habló de “un mayor Ortiz, de la Dijín”, a quien describió como “un mono” y presentó como amigo de Marín.
Según el testimonio recogido por Cambio, Orozco Baeza aseguró que Ortiz mostró fotografías en las que Nocua aparecía con Marín, como prueba de que las autoridades seguían sus pasos en octubre de 2023.
Estas imágenes, presuntamente filtradas tras una reunión en el Ministerio de Defensa, habrían alertado a Marín, quien salió del país para evadir a las autoridades. No obstante, los registros migratorios muestran que Marín regresó a Colombia el 29 de octubre, lo que introduce contradicciones en la cronología de la supuesta filtración.
Según información conocida por el diario nacional, Ortiz habría estado presente en una reunión clave en Bogotá, junto al director de la DNI, Jorge Lemus, en la que representantes de Estados Unidos transmitieron al gobierno colombiano la necesidad de controlar cerca de 30 sustancias químicas precursoras del fentanilo para evitar la descertificación en la lucha antidrogas.
Según la publicación, el mensaje no habría llegado al presidente Gustavo Petro, lo que derivó en la pérdida de la certificación. Lemus, consultado por Cambio, negó la existencia de dicha reunión y defendió la trayectoria de Ortiz, afirmando que “cumple misiones de trabajo, hace inteligencia de por sí, es una persona experimentada en hacer inteligencia (...) incluso tiene experiencia grande en Interpol la tuvo, entonces por eso es que nosotros lo traemos para acá”.
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