Ministro de Defensa aclaró si recibió las denuncias sobre presiones a agentes de la DNI para ‘salvar’ a Gustavo Petro: “Me llegó información”

La reciente revelación de un audio en el que un agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) solicita información para “salvar al presidente” Gustavo Petro ha generado reacciones y respuestas oficiales en Colombia.

Según información revelada por EL Tiempo, el material expone a Wilmar de Jesús Mejía, director de Inteligencia de la DNI, pidiendo a un alto oficial datos relevantes con el objetivo de desviar la atención pública y proteger al mandatario en medio de una coyuntura adversa.

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Asimismo, se conoció que las denuncias sobre estas presiones fueron puestas en conocimiento del entonces director de la Policía, Carlos Fernando Triana, y del ministro de Defensa Pedro Sánchez.

Consultado por El Tiempo, el ministro Sánchez confirmó que recibió información sobre presuntas presiones a oficiales.

“Sí. Es cierto que me llegó esa información sobre presiones a oficiales y también me llegó información contraria que decía que eso era mentira”, declaró el titular de Defensa.

Sánchez explicó que, tras recibir estos reportes, ordenó la aplicación de los protocolos internos y solicitó una verificación exhaustiva para determinar la veracidad de las denuncias.

“Me ha llegado información de que quieren sacar algunas cosas en medios y que le preguntan todo tipo de cosas a oficiales y también lo contrario. Mi posición ha sido que cualquier delito deben denunciarlo, que nadie está autorizado a entregar información que no corresponde de quién no corresponde”, puntualizó el ministro en diálogo con El Tiempo.

Con relación a las presuntas consecuencias para los oficiales presionados, Sánchez indicó que se revisaron varias decisiones de retiro.

“Yo reversé varias decisiones. En el caso de un coronel específico, llegó la junta en la que se revisaron aspectos de desempeño. Yo revisé muy bien cuáles son los méritos y si sigue o no sigue y me di cuenta de que no ameritaba que saliera de la fuerza pública”, detalló el ministro.

El proceso de ascensos y designaciones dentro de la fuerza pública también fue abordado por Sánchez. Según explicó, la decisión final recae en quien firma la resolución, ya sea el presidente o el ministro de Defensa, pero antes debe cumplirse un procedimiento establecido.

“Debe ir a una junta de generales y ahí se revisan todos los temas de desempeño y se llega con la información que tenga que ver con Procuraduría o Contraloría, se le pregunta a la Inteligencia de las Fuerzas Militares, de la Policía y de la DNI, se le pide a todos si tienen alguna información incluso a la Fiscalía”, precisó el ministro.

Sánchez añadió que las presiones detectadas no provienen únicamente de la DNI, sino de personas que afirman llevar información a medios de comunicación. “Yo promuevo mucho la denuncia de quienes están pidiendo información de quien no corresponde”, destacó el ministro en sus declaraciones a El Tiempo.

El titular de Defensa insistió en que toda la información relacionada con presiones a oficiales y los casos específicos permanece bajo estricta reserva, dada la naturaleza delicada de los asuntos de inteligencia y la seguridad institucional.

Entretanto, el contenido del audio divulgado mostraría a Mejía instando a su interlocutor a proporcionar información que permitiera “llegar con algo bueno” y así contrarrestar la presión sobre el presidente Petro.

En la conversación, el agente sugiere que la información podría centrarse en antiguos generales y en supuestos seguimientos al actual gobierno, lo que ha sido interpretado como un intento de influir en la opinión pública y en la percepción sobre la cúpula militar.

Tras la publicación del audio, generales en retiro y exministros de Estado manifestaron su rechazo a las presuntas presiones ejercidas sobre oficiales activos. Estas figuras públicas condenaron la solicitud de declaraciones en contra de generales, tanto en servicio como retirados, y expresaron su preocupación por la posible instrumentalización de la inteligencia estatal para fines políticos.