La Fiscalía General de la Nación, por medio de un comunicado emitido el 24 de noviembre de 2025, confirmó que tiene en su poder la información incautada a Alexander Díaz, alias Calarcá, y a otros miembros de las disidencias de las Farc.
El 23 de julio de 2024, en Anorí (Antioquia), una caravana del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc fue interceptada en un retén militar. Entre los ocupantes se encontraban Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá; Erlinson Echavarría Escobar; Juan Antonio Agudelo Salazar; Diana Carolina Rey Rodríguez; María Alejandra Ojeda Londoño; Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver; y Édgar de Jesús Ortega, alias Firu.
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En ese operativo, las autoridades incautaron computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos, los cuales fueron sometidos a cadena de custodia y legalizados ante jueces de la República. La Dijín de la Policía Nacional asumió la extracción y análisis de la información digital, generando cinco informes técnicos, el último de los cuales fue entregado el 26 de junio de 2025 a la fiscal especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín, responsable de la investigación.
El 24 de septiembre, la fiscal General Luz Adriana Camargo Garzón ordenó un nuevo cruce y análisis de datos, junto con un despliegue de actos investigativos para validar la evidencia ante la Judicatura. Aún se verifica la gran cantidad de información hallada.
Los dispositivos incautados han permitido judicializar a 28 disidentes del frente 36 de las Farc en Antioquia. Además, tres integrantes de la caravana enfrentaron procesos judiciales: María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver, aceptaron cargos por porte ilegal de armas de fuego y cumplen condena en prisión, mientras que Édgar de Jesús Ortega, alias Firu, fue acusado de homicidio y permanece privado de la libertad.
Respecto a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar y Diana Carolina Rey Rodríguez, la Fiscalía aclaró que “ese día no fueron capturados, porque previamente fueron suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra y las que pudieran emitirse en el futuro, en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley 2272 de 2022 y las resoluciones 0005 del 16 de enero de 2024 y 0282 y 0283 del 4 de julio del mismo año”.
La fiscal General dispuso la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada para impulsar nuevas líneas de investigación sobre “posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales”.
La Fiscalía de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue la conducta del brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los elementos incautados.
La entidad recordó que debe acatar lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total) sobre el levantamiento de órdenes de captura contra miembros-representantes de organizaciones armadas para su participación en las mesas de diálogos de paz, conforme a lo comunicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de agosto de 2024.
En este sentido, la fiscal general emitió la Directiva 003 del 10 de julio de 2025, precisando que “aún bajo el régimen de suspensión de órdenes de captura con ocasión de diálogos de paz, procederá la captura en situación de flagrancia respecto a delitos de lesa humanidad, crímenes contra el derecho internacional humanitario y por graves violaciones a los derechos humanos.
En tales eventos, la captura se someterá a control judicial y, de contarse con respaldo suficiente, se realizará la formulación de imputación y se solicitará la imposición de medida de aseguramiento, según lo considere pertinente el fiscal delegado a cargo de cada caso”.
La Fiscalía informó que los dispositivos recuperados han permanecido bajo custodia de la Dijín desde su incautación, y calificó como “alarmante que su contenido hubiera trascendido públicamente, en clara violación del principio de reserva que rige las actuaciones penales”.
Finalmente, la entidad subrayó que, “sin perjuicio de los principios de unidad de gestión y jerarquía, propios de la Fiscal General de la Nación, los fiscales delegados actúan con autonomía en el ámbito de sus facultades y que, como corresponde en investigaciones de alto impacto, la información se gestiona bajo estrictos protocolos de reserva legal para proteger la eficacia de las actuaciones y la integridad de la evidencia”.
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