La investigación divulgada por Noticias Caracol destapó un entramado de comunicaciones, cartas, fotos y documentos que apuntarían a acuerdos, filtraciones de información clasificada y negocios irregulares entre mandos de las disidencias de las Farc y altos funcionarios colombianos.
Entre los señalados figuran el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, dirigente de la Dirección Nacional de Inteligencia, quienes habrían facilitado datos estratégicos y propuesto la creación de empresas de seguridad junto a cabecillas disidentes.
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Los archivos mencionan, además, posibles apoyos logísticos, filtración de operativos, acercamientos políticos y hasta referencias a aportes a campañas. También aparece el nombre de un empresario chino vinculado a compra de armamento e inversiones ilegales.
Para comprender la sensibilidad del caso, Infobae Colombia consultó a un enlace de Inteligencia retirado del Ejército —quien pidió reserva de identidad— para analizar el alcance de lo revelado.
“No son casos totalmente aislados”
Al preguntarle si estos acercamientos reflejan prácticas puntuales o un fenómeno más amplio, el especialista sostuvo que “estos acercamientos no pueden considerarse totalmente aislados.”
Explicó que, aunque la mayoría del personal actúa dentro del marco ético, “los riesgos de penetración y cooptación por parte de actores armados ilegales son permanentes y se documentan en distintos eslabones de las Fuerzas Militares y los organismos del Estado.”
Añadió que, si bien no existe evidencia de un fenómeno generalizado, “sí hay intentos constantes por parte de grupos criminales y, en ocasiones, logran materializar contactos con funcionarios vulnerables o con fallas en los sistemas de control.”
Impacto de las filtraciones recientes
Analizando la gravedad de los archivos revelados, el experto resume:
“Cualquier filtración relacionada con operaciones en curso, identidades del personal, fuentes humanas, recursos de inteligencia o capacidades tácticas constituye un riesgo crítico para la seguridad nacional”, mencionó a este medio.
El oficial retirado sostiene que la exposición de información clasificada y la posibilidad de influencia externa en personal estratégico revelan fallas directas en la contrainteligencia.
“Cuando la infiltración ocurre en estructuras con poder de decisión, la situación se agrava a niveles insospechados. Cualquiera que haya tenido contacto con el infiltrado entra en sospecha operativa inmediata”.
Operación de empresas privadas y señales de alerta
Sobre la creación de empresas de seguridad mixtas, el especialista advirtió que estas estructuras pueden convertirse en frentes legales para intereses ilegales. Como principales alertas señaló:
- Controles de acceso y certificación del personal.
- Brechas patrimoniales o de estilo de vida sin justificación.
- Uso de canales informales de comunicación: Telegram, Signal, WhatsApp.
- Movilización irregular y reuniones no reportadas.
“Si quienes aplican los protocolos ya están cooptados, todo el sistema pierde efectividad (...) Esto es justamente lo que estamos observando en este momento”, afirmó el experto a Infobae Colombia.
Vulnerabilidades internas: el terreno fértil para la cooptación
El entrevistado subrayó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) concentra factores que facilitan infiltración, dada la mezcla de personal desmovilizado, funcionarios civiles y exmiembros de Fuerzas Armadas.
“La pérdida de material, el uso de vehículos para actividades criminales y las filtraciones son tan recurrentes que resultan casi un chiste desde la perspectiva de seguridad nacional”.
El militar retirado identificó varias dimensiones en las que se abren las puertas a la infiltración, como:
- Económicas: salarios bajos, endeudamiento, presión criminal.
- Motivacionales: descontento, sanciones, falta de reconocimiento.
- Institucionales: supervisión débil, rotación inadecuada.
- Estructurales: presencia territorial de grupos armados, corrupción local.
Riesgos en esquemas de seguridad y procesos de paz
Acerca de la posible facilitación de contactos entre grupos armados y el Estado durante procesos de paz y los esquemas de seguridad asignados a figuras con pasado criminal —como alias Calarcá—, el experto respondió:
“Cualquier escenario en que convivan funcionarios y protegidos con antecedentes terroristas constituye un riesgo táctico-operacional. Pone en contacto a actores con capacidad de cooptación y funcionarios en situación de vulnerabilidad“.
Enfatizó que la supervisión, los reportes inmediatos de aproximaciones no autorizadas y el control estricto de accesos resultan imprescindibles para evitar filtraciones.
“Sin estos protocolos, los grupos ilegales pueden influir, obtener información o identificar vulnerabilidades”, explicó a este medio.
Indicadores de alerta y patrones de desviación
Consultado sobre cómo identificar cuando un funcionario puede estar excediendo su rol o colaborando con estructuras ilegales, enumera:
- Accesos no justificados a información o instalaciones.
- Movilización irregular o sin trazabilidad.
- Comunicaciones secretas o cifradas sin motivo.
- Cambios de estilo de vida incompatibles con su salario.
- Reuniones no documentadas.
- Contactos en zonas de influencia criminal
“Cuando estos patrones coinciden con áreas de influencia criminal, se activan las alertas de contrainteligencia”.
Peligro de pactos de no agresión
Finalmente, sobre la eventual existencia de acuerdos entre funcionarios y estructuras armadas, el especialista fue enfático:
“Cualquier hipótesis que mencione la posibilidad o incluso la sospecha de pactos de no agresión entre miembros del Estado y estructuras armadas debe ser tratada como una amenaza grave y directa a la seguridad nacional y una infiltración ya comprobada de actores criminales dentro de las instituciones”.
De acuerdo con el experto, “este tipo de situaciones deben investigarse con el mayor secretismo, con protocolos de verificación cruzada, análisis de trazabilidad de la información y la depuración total del personal involucrado”.
Y concluyó con una advertencia contundente: "La seguridad nacional, según este escenario, básicamente está desmantelada y violada totalmente".
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