
Al cumplirse nueve años desde la suscripción del acuerdo de paz entre Colombia y la antigua guerrilla de las Farc-Ep EN 2016, el exmandatario Juan Manuel Santos afirmó en un video que compartió en sus redes sociales que la ejecución de lo establecido en ese pacto no se ha realizado de manera correcta. Según Santos, el origen de estas deficiencias se encuentra en la actitud de “mezquindad política” adoptada por varias partes involucradas.
Tras las declaraciones de Santos, el Centro Democrático respondió mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, donde sostuvo que el acuerdo de paz “no solo no cumplió sus objetivos: agravó el narcotráfico y fortaleció la criminalidad”. La colectividad en su momento hacía oposición al Gobierno de Santos.
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El partido político manifestó, a través de un mensaje en su cuenta de X, que el acuerdo alcanzado durante el mandato de Santos no solo dejó pendientes sus principales propósitos, sino que, según su análisis, profundizó problemas como el narcotráfico y el fortalecimiento de organizaciones criminales en Colombia. Además, el partido criticó la forma en que se abordaron los crímenes cometidos por las Farc-Ep, sosteniendo que se proyectó una postura tolerante ante delitos graves y que esto generó consecuencias perjudiciales para la justicia en el país.
“El problema de fondo es que su Acuerdo de Paz no solo no cumplió sus objetivos: agravó el narcotráfico y fortaleció la criminalidad en Colombia. Usted instaló una narrativa permisiva frente a los delitos más graves de las FARC, presentando incluso el narcotráfico y el secuestro como delitos políticos. ¿Resultado? Sin cárcel, sin extradición y con participación política asegurada. Un mensaje devastador para la justicia y un incentivo para quienes vivieron del crimen", comentó la colectividad en su publicación.

El Centro Democrático también responsabilizó al gobierno de Juan Manuel Santos por debilitar mecanismos de combate contra el narcotráfico y limitar la capacidad de respuesta estatal ante este fenómeno.
El partido atribuyó un aumento drástico en los cultivos de coca al desmonte de estrategias clave y a obstáculos creados desde el Ejecutivo, subrayando que este incremento coincidió con el periodo de diálogo y materialización del acuerdo de paz.
“Mientras tanto, su gobierno desmontó herramientas clave como la aspersión aérea y creó trabas que dejaron al Estado sin capacidad real de contención. No es coincidencia que entre 2012 y 2018 el país pasara de 48 mil a más de 220 mil hectáreas de coca, cifras certificadas internacionalmente. El boom ocurrió precisamente durante la negociación y la implementación del acuerdo”, explicaron en su mensaje.

Advirtió sobre las repercusiones actuales del acuerdo y de las decisiones tomadas durante el gobierno de Santos. Según el partido, el escenario posterior a la firma ha estado marcado por el resurgimiento de grupos armados, el retroceso de la presencia estatal en numerosas regiones y un crecimiento significativo de la economía ilegal.
Además, el partido político consideró que, pese al cambio de administración, la situación continúa agravándose debido a la herencia de un narcotráfico fortalecido.
“Las consecuencias están a la vista: grupos armados reconfigurados, territorios sin control estatal y una economía ilícita que hoy es más fuerte que nunca. Y a esto se suma que, después de más de tres años del actual gobierno, la producción sigue creciendo porque el país quedó atrapado entre dos economías: la legal… y la del narcotráfico que usted dejó fortalecida”, aseveró el partido político en su cuenta de X.
Por su parte, Juan Manuel Santos en su video comentó lo siguiente: “Infortunadamente, durante los últimos 7 años no ha habido una implementación adecuada por mezquindad política y por otras razones y esa esa es la explicación a lo que hoy está sucediendo: la pérdida de control de territorial por parte del Estado y el recrudecimiento de la violencia que estamos viendo en los territorios”.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha señalado que aún quedan por desarrollar aspectos fundamentales del acuerdo, como la reincorporación de excombatientes, los programas de sustitución de cultivos, la puesta en marcha de la justicia transicional y la reforma rural. Por su parte, la Contraloría informó que, si bien se ha destinado ya el 53 % de los recursos previstos para un periodo de quince años, únicamente el 17 % de los proyectos cuenta con una cuantificación que consideran “clara y verificable”.
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