La discusión sobre la reforma pensional se intensificó el martes 25 de noviembre luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, volviera a pronunciarse sobre el papel del magistrado Jorge Enrique Ibáñez dentro del proceso que adelanta la Corte Constitucional.
El señalamiento se produjo un día después de que la Sala Plena registrara un empate en la primera votación sobre la constitucionalidad de esta ley.
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En su declaración ante medios de comunicación, Benedetti afirmó que, desde su cartera, ha seguido el trámite de la norma y considera que las actuaciones del magistrado han incidido en el avance del proyecto. En su primera intervención señaló que “lo que ha pasado con la pensional es inaudito y antidemocrático. El magistrado Ibañez, por un tema personal contra Petro, ha puesto a todas las trabas y piedras para un buen suceso de la reforma pensional”.
Más adelante añadió que “ya el Congreso ha expresado su voluntad dos veces, en subsanar y en aprobar este proyecto”, destacando la posición del Legislativo durante el trámite. Posteriormente, Benedetti afirmó que, a su juicio, “este magistrado insiste en poner trabas e inventarse temas”, al referirse a los argumentos constitucionales presentados durante las discusiones.
Empate en la primera deliberación de la Corte
El lunes 24 de noviembre, la Sala Plena de la Corte Constitucional desarrolló la primera ronda de deliberación sobre la reforma pensional, uno de los proyectos centrales del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta etapa concluyó con un empate tras aprobarse la ponencia presentada por el magistrado Ibáñez, que solicitaba apartar del estudio al magistrado Héctor Carvajal.
La recusación fue promovida por la senadora Paloma Valencia, quie argumentó que Carvajal había asesorado jurídicamente a Colpensiones sobre la norma antes de incorporarse al alto tribunal. En su sustentación ante la Corte, Valencia afirmó que “la causal ‘haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada’ prevé como impedimento que un magistrado se haya pronunciado sobre la materia objeto de debate y busca evitar que quien ya haya fijado posición sobre la norma, dentro o fuera del proceso, termine resolviéndola, de manera que se garantice su imparcialidad”.
Con la aprobación de la recusación, Carvajal no participó en la votación, lo que modificó la correlación de fuerzas dentro de la Sala Plena y generó un empate que impidió adoptar una determinación en esta primera ronda.
Reconfiguración de las posiciones en la Sala Plena
En la votación se alinearon, de un lado, el magistrado Ibáñez —autor de la ponencia que propone declarar inexequible la reforma—, la presidenta de la Corte, Paola Meneses, la magistrada Lina Marcela Escobar y el magistrado Carlos Camargo, que participó por primera vez en una decisión de fondo sobre un proyecto del Ejecutivo.
En la otra postura se ubicaron los magistrados Miguel Polo, Vladimir Fernández, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel, que en otros procesos han respaldado interpretaciones más cercanas a las presentadas por el Gobierno. Aunque hubo diferencias internas en la manera de abordar algunos apartes del proyecto, la división final se configuró en cuatro votos por cada bloque.
Ante la ausencia del voto de Carvajal, la Corte debió convocar a un conjuez para completar la deliberación y avanzar hacia una decisión definitiva. El encargado de reemplazar el voto del magistrado recusado será Carlos Pablo Márquez, abogado con formación en derecho de la competencia y experiencia en la administración pública. Márquez es egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con una maestría en Derecho de la Escuela de Derecho de Harvard y un doctorado en Derecho de la Competencia otorgado por la Universidad de Oxford.
Fue director y comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, entre 2012 y 2015. También fue superintendente para la Protección de la Competencia entre 2010 y 2012.
Su trayectoria incluye, además, labores de asesoría en los ministerios del Interior y de Justicia entre 2006 y 2008, durante la administración del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Antes de su paso por el sector público, trabajó como asesor jurídico para distintas empresas en áreas como telecomunicaciones, agricultura, minería, energía, salud y comercio.
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