
La negociación del aumento del salario mínimo 2026 en Colombia está a punto de comenzar de manera formal en un ambiente de tensión que involucra a actores clave como el Gobierno de Gustavo Petro, los gremios empresariales y las centrales sindicales, y se perfila como uno de los debates económicos más relevantes del año.
Para 2026, la propuesta oficial del Ejecutivo plantea un incremento del 11%, lo que elevaría el salario mínimo de $1.423.500 a cerca de $1.580.085. La cifra contrasta con la sugerencia de Fedesarrollo, que recomienda un aumento entre el 6% y el 7%, fundamentado en una inflación anual de 5,51% y una productividad cercana a cero. El debate se centra en variables como la inflación, la productividad y el crecimiento económico, factores que determinarán el porcentaje final del ajuste.
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Las diferencias entre los sectores involucrados se hicieron evidentes desde el inicio de las conversaciones. El Gobierno, por medio de la propuesta de Petro, busca un incremento importante, mientras que los sindicatos insisten en la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Por su parte, Fedesarrollo argumenta que el aumento debe alinearse con la inflación y la baja productividad registrada en el año.

El sector empresarial, representado por la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), manifestó su desacuerdo con la propuesta oficial. El presidente de Fenalco, Jaime Cabal, calificó la iniciativa del Gobierno como populista y advirtió sobre los riesgos que un aumento elevado podría suponer para la competitividad y el empleo. Incluso, planteó la posibilidad de retirarse de la mesa de concertación si no se consideran sus advertencias. Estas posiciones reflejan la complejidad de alcanzar un consenso en un contexto económico desafiante.
Retos y prioridades de la concertación
Ahora, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se refirió al asunto y habló sobre los retos y prioridades de la concertación.
Así las cosas, el dirigente resaltó la dificultad del proceso y la importancia de abordar las diferencias estructurales del mercado laboral colombiano. “Es que hay una diferencia gigantesca entre los ingresos promedio de los trabajadores formales, que en Colombia ganan en promedio $2.500.000, y los trabajadores informales que ganan cerca de $1.040.000, y esa es la verdadera causa de la iniquidad en un país como Colombia”, precisó.

Mac Master evitó fijar una postura definitiva sobre el porcentaje de aumento, al argumentar que la cifra aún no se estableció de manera formal y que la discusión debe darse de manera directa con los representantes de los trabajadores y el Gobierno. No obstante, enfatizó en la necesidad de proteger el empleo formal y de considerar el impacto de la inflación y la productividad en la decisión final.
“Tratamos entre todos de tomar la mejor decisión posible para Colombia, teniendo en cuenta, por supuesto, el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos, teniendo en cuenta la generación de empleo formal, que es la que realmente nos termina afectando a nosotros”, afirmó el presidente de la Andi. Asimismo, dejó claro que “sabemos que hay algunos productos en los cuales el costo laboral termina afectando la inflación que, por cierto, es una variable que en este momento está bastante fuera de las proyecciones que se habían hecho para fin de año”.
Preocupante contexto económico de Colombia
De igual forma, advirtió sobre el contexto económico con el que el país cierra 2025. Remarcó que “Colombia no entra en las metas que se proyectaron a inicio del mismo año”. Por lo anterior, señaló que “esta parte es otro ítem que deberá ser analizado antes de definir el salario mínimo de los colombianos para el periodo casi entrante”.

Puntos clave de la negociación
El proceso de negociación del salario mínimo para 2026 está regido por un calendario legal que establece fechas y etapas precisas. Por ejemplo, el 28 de noviembre se desarrollará la subcomisión de Productividad, con la presentación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre la Productividad Total de los Factores. La instalación formal de la mesa de concertación está prevista para el 1 de diciembre, seguida de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el 5 de diciembre, que servirá como base técnica para la discusión.
Las jornadas de concertación continuarán el 9 de diciembre, con presentaciones del Dane, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República sobre la coyuntura macroeconómica y las proyecciones de inflación. El primer plazo legal para alcanzar un acuerdo vence el 15 de diciembre. Si no se logra consenso, se abrirán sesiones extraordinarias y la decisión podría recaer en un decreto presidencial, con fecha límite el 30 de diciembre de 2025.
El panorama económico con el que Colombia llega a esta negociación añade presión al proceso. Las metas de crecimiento y control de la inflación proyectadas a inicios de 2025 no se han cumplido, lo que obliga a los negociadores a considerar un entorno menos favorable de lo previsto. La inflación, que se sitúa en 5,51%, y la baja productividad, son factores que limitan el margen de maniobra para un aumento sustancial del salario mínimo sin afectar la estabilidad del empleo formal ni la competitividad empresarial.
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