
La divulgación de archivos relacionados con Alexander Díaz, alias Calarcá, uno de los principales líderes de las disidencias de las Farc, en la que se evidencia una supuesta alianza entre el grupo armado con altos mandos militares y funcionarios de inteligencia ha provocado múltiples reacciones en diferentes sectores del país.
Uno de ellos fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó la situación como un “entramado criminal” y solicitó que todas las personas implicadas sean investigadas por las autoridades correspondientes.
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En declaraciones a Blu Radio, el mandatario antioqueño hizo una petición exclusiva al gobierno de los Estados Unidos para que la funcionaria también sea incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, al considerar que fue cómplice de la libertad del líder disidente, tras haber sido capturado en un operativo policial ocurrido en julio de 2024.
“Yo creo que el gobierno americano debería meter en la lista Clinton también a todas las personas vinculadas en este entramado criminal, empezando por la fiscal Camargo”, declaró Rendón al citado medio de comunicación.

Adicional a ello, el gobernador sostuvo que las recientes revelaciones confirman las sospechas y denuncias que él y su equipo habían presentado 16 meses atrás.
“Nosotros denunciamos eso siempre, siempre sospechamos que había habido una connivencia criminal, pero ahora lo que ratifica este informe es que en realidad lo que había era un concierto para delinquir entre Petro, su fiscal Camargo y ese sector de las Farc. Nosotros llevamos 16 meses denunciando eso y ahora entendemos muy tristemente para el país que Petro les pagó a los pre varones criminales, su apoyo y financiación de la campaña, entregándoles no solo la inteligencia del Estado, sino la lealtad de algún sector de los oficiales de las fuerzas militares”, añadió.

Aumento de disidencias en Antioquia
Igualmente, el gobernador aseveró que, desde la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño (el 7 de agosto de 2022), las disidencias de las Farc han experimentado un crecimiento del 70 por ciento en Antioquia, siendo responsables de la mayoría de los homicidios, tanto de miembros de la fuerza pública como de civiles, así como de los confinamientos y desplazamientos en la región.
“En Antioquia, en lo que va de nuestro mandato, nunca se ha bombardeado ni a las Farc ni al ELN. Todos los bombardeos que se han hecho han sido contra el Clan del Golfo. Y eso está bien, pero ¿por qué no combaten con la misma contundencia operacional a las Farc y al ELN si son responsables de tanto o más problemas de seguridad y orden público, eh, que los mismos del Clan del Golfo?”, insistió.
Incluso, Rendón denunció haber sido objeto de una “persecución inusitada” por parte de la Fiscalía desde que hizo públicas estas acusaciones.
“Desde que yo denuncié esto, lo que vi fue una persecución inusitada por parte de la fiscalía, jugando a robarme la libertad y a entregarle la gobernación a Petro para poner él, un gobernador de bolsillo que le sirviera en este proceso electoral que, que se avecina (...) ahora entendemos por qué aparecieron las llaves. Aparecieron las llaves y se van encajando las piezas de todo este rompecabezas criminal”, puntualizó.

Cronología del caso
El origen de este escándalo se remonta al 23 de julio de 2023, cuando durante un Consejo de Seguridad, el entonces comandante de la Séptima División, brigadier general Juan Carlos Fajardo González, le informó sobre un retén realizado en Barbosa, al norte del Valle de Aburrá.
En ese operativo, según detalló Rendón a Blu Radio, las autoridades detuvieron a alias Calarcá junto a otros integrantes de las disidencias de las Farc. Los capturados se resistieron a descender del vehículo y a ser requisados, mientras el general Fajardo enfrentaba presiones para liberarlos.
Tras el traslado de los detenidos a un batallón, se llevó a cabo una inspección judicial conjunta con la fiscalía, donde se constató la presencia de varios cabecillas de las disidencias y se incautaron armas, municiones y dinero. La fiscal seccional de Antioquia a cargo del caso dejó en firme las capturas.
No obstante, Rendón denunció que, pocas horas después, una “contraorden de la fiscal Camargo” permitió la liberación de los detenidos, quienes posteriormente fueron designados como “gestores de paz”.
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