El reciente desmantelamiento de una mina ilegal de oro en el departamento de Caquetá puso en evidencia la magnitud del daño ambiental que sufren los ríos de la región amazónica, así como el papel central que juega la minería ilícita en la financiación de los grupos armados que operan en el sur de Colombia.
En una acción coordinada, unidades militares y policiales intervinieron en la zona rural de Cartagena del Chairá, específicamente en el sector conocido como Bocana del Guayas, donde sorprendieron a seis personas en plena extracción de oro y confiscaron maquinaria de alto poder destructivo.
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El operativo, ejecutado por efectivos de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional a través del Batallón de Infantería N.º 35 Héroes del Güepí, en conjunto con el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 31 y agentes de la Sijín de la Policía Nacional, permitió incautar dos embarcaciones y una draga de gran capacidad.
Este tipo de maquinaria, capaz de remover grandes volúmenes de sedimento en poco tiempo, representa una amenaza directa para los ecosistemas fluviales, ya que altera la estructura de los ríos y destruye el hábitat de peces y otras especies locales.
Las autoridades calificaron el desastre ambiental provocado por la minería ilegal en los ríos de Cartagena del Chairá como “irreversible”, advirtiendo que los daños generados pueden tardar décadas en ser mitigados.
Entre las consecuencias más graves de esta actividad se encuentran la contaminación de las aguas con mercurio, la pérdida acelerada de biodiversidad tanto acuática como terrestre, la desviación de los cauces naturales y la sedimentación masiva de los lechos fluviales.
Los informes oficiales subrayan que la minería ilegal constituye una de las economías criminales más agresivas para el medio ambiente en la Amazonía, afectando de manera directa a las comunidades indígenas y campesinas que dependen de estos recursos.
La operación no solo tuvo un impacto ambiental, también golpeó las finanzas de las disidencias armadas que controlan la zona. La inteligencia militar determinó que la extracción ilícita de oro es un componente esencial en la logística de los Grupos Armados Organizados residuales (GAO-r), ya que les proporciona un flujo de recursos constante y difícil de rastrear.
A diferencia del narcotráfico, el oro obtenido de manera ilegal puede integrarse con relativa facilidad a los mercados legales a través de intermediarios, lo que dificulta el seguimiento de su origen y fortalece la economía criminal.
Las investigaciones previas al operativo permitieron identificar las rutas de transporte, los puntos de acopio y las dinámicas de abastecimiento utilizadas por la estructura criminal para mantener su presencia en el sur del país.
Desde la Décima Segunda Brigada se destacó la complejidad de combatir este delito, ya que involucra redes de lavado de activos, tráfico de insumos químicos y la explotación de mano de obra vulnerable.
Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con las operaciones interinstitucionales para proteger los recursos naturales y frenar el avance de las economías ilegales en territorios donde la presencia estatal ha sido históricamente limitada.
De hecho, el Ministerio de Defensa atribuyó el crecimiento de las organizaciones criminales a las finanzas derivadas de la minería ilegal y el narcotráfico, mientras advierte que el fortalecimiento de estas economías ilícitas permite a los grupos armados expandirse en distintas regiones, pese al incremento de las operaciones militares.
Pedro Sánchez, jefe de la cartera de Defensa, señaló que la minería ilegal y el narcotráfico impulsaron la expansión de los grupos armados organizados en el país. De acuerdo con el diagnóstico compartido por el funcionario, las finanzas provenientes de estas economías ilícitas facilitaron la capacidad de recuperación y fortalecimiento de las organizaciones ilegales.
Según el funcionario, “detrás de la minería ilegal hay un problema social, un problema económico. Estos grupos están utilizando a la población para oponerse a la fuerza pública”, una afirmación que muestra cómo las organizaciones criminales buscan incidir en el tejido social para dificultar la labor estatal en las zonas afectadas.
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