Colombia cumple nueve años del histórico Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las Farc, un pacto que buscaba poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado. Con una inversión superior a 107 billones de pesos, el proceso ha logrado hitos importantes, aunque aún enfrenta retos significativos en su implementación, seguridad y justicia transicional.
Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se han logrado progresos en diferentes frentes, especialmente en la reincorporación de excombatientes. Más de 11.000 firmantes continúan su proceso de reintegración a la vida civil, a pesar de los riesgos persistentes y los problemas de seguridad en varias regiones del país.
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La Agencia Nacional de Tierras reporta que hasta agosto de 2025 se han adjudicado 16.500 hectáreas, con un total general de 275.577 hectáreas, aunque el 84% de los títulos definitivos de propiedad aún está pendiente. Esto representa apenas el 9% del objetivo de 3 millones de hectáreas previsto en el Acuerdo para tierras redistributivas. Por su parte, se han formalizado 3,5 millones de hectáreas, la mitad de la meta de 7 millones, beneficiando al 64% de los agricultores y al 75% de las comunidades étnicas.
En seguridad, durante el Gobierno del Cambio, se han activado instancias del Sistema Integral para el Ejercicio de la Política (SISEP), así como la aprobación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP). Además, se reglamentó el Programa de Protección Integral (PPI), que busca garantizar la seguridad de los excombatientes y sus familias.
Justicia transicional y participación política
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido sanciones en casos relevantes como el caso 01 donde sancionó a siete miembros del último Secretariado de las Farc por crímenes de guerra y lesa humanidad. También esta el caso 03 donde sancionó a 12 miembros de la Fuerza Pública por asesinatos y desapariciones forzadas en la región Caribe.
En cuanto a participación política, el partido Comunes, que representa a los excombatientes, enfrenta el último período legislativo con sus diez escaños. En las próximas elecciones, deberán competir en igualdad de condiciones para mantener su representación.
Reformas pendientes y retos en seguridad
A pesar de los avances, persisten desafíos en reincorporación, sustitución de cultivos ilícitos, justicia transicional y reforma rural. La Jurisdicción Agraria y Rural, clave para resolver los conflictos por la tierra, sigue estancada en el Congreso, motivo por el cual la Defensoría del Pueblo exhorta a avanzar en los dos debates pendientes.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) ha firmado más de 56.000 planes de inversión, aunque solo el 1,5 % de las familias ha recibido atención completa. Mientras tanto, el Programa RenHacemos ha incorporado a 3.913 personas, comprometiendo 5.885 hectáreas para transitar hacia economías lícitas.
Enfoque en víctimas y derechos humanos
El Acuerdo ha reforzado la protección y asistencia a víctimas, mediante la Ley 2421 de 2024 y la coordinación de políticas con enfoque de género y diversidad. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha logrado 1.239 cuerpos recuperados, 162 entregas dignas y la localización con vida de 141 personas.
La Misión de Verificación de la ONU ha documentado 481 excombatientes asesinados, 164 intentos de homicidio y 57 desapariciones desde la firma del Acuerdo. En regiones como Bolívar y Antioquia, persisten graves violaciones a los derechos humanos, desplazamientos forzados y violencia sexual.
Reforma Rural Integral y desarrollo sostenible
En el ámbito rural, el Estado adquirió más de 640.000 hectáreas para el Fondo de Tierras, entregando 250.703 hectáreas con carácter redistributivo. Además, se han creado Zonas de Reserva Campesina en Áreas de Reserva Forestal, brindando seguridad jurídica a familias campesinas y fomentando el desarrollo rural sostenible.
El Programa de Política de Drogas 2023–2033 plantea un enfoque ambiental y de corresponsabilidad internacional, con la meta de reducir 90.000 hectáreas de coca para 2026 mediante conservación y restauración.
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