El más reciente pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo irrumpió en el debate sobre la negociación con grupos armados al respaldar públicamente los avances del séptimo ciclo de diálogos entre el Gobierno de Gustavo Petro y las estructuras conocidas como las disidencias de alias Calarcá, un gesto que busca dar mayor solidez institucional a los compromisos anunciados y reafirmar la importancia de mantener la ruta pactada pese a las tensiones políticas y las dudas que persisten en algunos sectores.
En su comunicado, la Defensoría señaló que estas estructuras corresponden al Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte y Frente Comandante Raúl Reyes (Embf). Al hacerlo, deja claro que el proceso en curso involucra a un actor con presencia real en distintas zonas del país, lo que da dimensión a la importancia de los acuerdos alcanzados.
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Entre los puntos que más celebró la entidad está la decisión del Embf de no vincular a menores de edad a sus filas. La Defensoría del Pueblo calificó este paso como determinante porque, según el comunicado, “su cumplimiento permitirá demostrar que los grupos irregulares están en capacidad de suspender este crimen aberrante”. Al mismo tiempo, recordó que aún hay adolescentes retenidos por esas estructuras y reiteró su disposición a colaborar a través de los canales humanitarios para facilitar su liberación.
El respaldo no se quedó ahí. La entidad también resaltó el compromiso adquirido por las partes para blindar el ejercicio político de cara a las elecciones de 2026, un aspecto que, según la Defensoría, responde directamente a los hallazgos y recomendaciones de la Alerta Temprana Electoral N.º 013-25. En el documento se lee: “Destacamos el acuerdo que garantiza el libre ejercicio de los derechos a elegir y ser elegido, así como la posibilidad de que todos los partidos y candidaturas expongan sus programas ante la ciudadanía”. Para la institución, este punto es crucial en un contexto donde la presión armada sigue condicionando la participación democrática en varios territorios y donde se requieren medidas adicionales que fortalezcan la seguridad, la transparencia y la presencia estatal durante todo el proceso electoral.
Además, insistió en la importancia de que los grupos armados respeten el desarrollo normal de las elecciones y eviten cualquier forma de interferencia. Con esto, la Defensoría busca anticiparse a escenarios de riesgo y dejar sentadas responsabilidades claras en un proceso electoral que desde ya muestra tensiones crecientes.
Uno de los elementos que la entidad describió como “alentador” es la creación de una veeduría compuesta por delegados de las comunidades que habitan en las zonas donde opera el Embf. Este mecanismo, según el comunicado, permitirá monitorear el cumplimiento de los acuerdos y, especialmente, de las medidas orientadas a desescalar la violencia. La posibilidad de que las propias comunidades participen en la vigilancia directa de lo pactado se entiende como un paso hacia una mayor legitimidad de la verificación.
La veeduría también se inscribe en un esfuerzo por incluir voces locales en la implementación, una demanda recurrente de líderes sociales y organizaciones territoriales que han insistido en que los procesos de paz deben anclarse en realidades comunitarias para evitar que se diluyan en el papel.
A medida que avanza esta fase del diálogo, la Defensoría del Pueblo optó por ubicarse como acompañante activo, aunque sin comprometer su independencia. Por eso, el comunicado cierra con una declaración enfática: “Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera su disposición para acompañar, desde nuestra autonomía e independencia, todas las acciones que mejor garanticen los derechos de la población”. Con esta frase, la institución asegura que su rol no se limitará al respaldo público, también se extenderá al seguimiento permanente de lo acordado.
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