La inspección realizada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en el despacho de la fiscal Lucy Marcela Laborde enfrentó múltiples obstáculos logísticos y de acceso al material probatorio, según el testimonio de Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro.
El letrado denunció que la mayor parte de las pruebas clave sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 no estuvo disponible para su entrega durante la diligencia.
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Carranza recalcó que la Comisión no pudo obtener “ni el 80% de las pruebas solicitadas”, enfatizando que la fiscal Laborde no tenía ni siquiera las declaraciones juramentadas de Nicolás Petro y Day Vásquez.
Este material es determinante en la investigación sobre el presunto vínculo de Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico, con la financiación de la campaña liderada por su padre.
“Todas las evidencias de las declaraciones y entrevistas bajo juramento que tomaron los investigadores Forero y el fiscal Mario Burgos no las tenía. Tampoco tenía ningún video, ningún link, no tenía nada para entregarle a la Comisión. Entonces a la Comisión le toca pedírselos a la Fiscalía central para ver si de pronto ellos sí acceden a colaborar en la investigación. Tampoco tenía las audiencias, ninguna de las audiencias que hemos hecho. El 80% ó 90% de las cosas que teníamos que recaudar, que eran todas las entrevistas en video y todas las audiencias, pues no se pudieron recaudar”, señaló el abogado del presidente.
Entre los pocos elementos obtenidos, Carranza mencionó como excepción el principio de oportunidad concedido a Day Vásquez, la extracción de datos de los celulares de Laura Ojeda y su madre, junto al escrito de acusación. El resto de la documentación y los registros audiovisuales permanecen fuera del alcance de la Comisión, según su relato.
El abogado extendió sus críticas a la infraestructura de la Fiscalía, alegando deficiencias en el soporte tecnológico y la dotación de recursos para el manejo de audiencias y almacenamiento de información.
Carranza ejemplificó esta situación al señalar que la fiscal Laborde se vio impedida de brindar información desde su computadora por la suspensión de los puertos USB, atribuida a decisiones internas del organismo acusador.
“Si la fiscal general no le da un drive para que ella (fiscal Laborde) guarde las audiencias, como por qué el servidor público va a tener que pagar de su sueldo eso. Entonces yo entiendo eso. Y según entiendo eso, no es que sea solo ella, es que todos los fiscales del país están con un déficit en la logística para atender las necesidades que tienen. Si al computador de ella le bloquearon los accesos para que no puedan sacar información de la USB, ¿qué culpa tiene ella? No puede si la tecnología que maneja la Fiscalía le impide que ella abra su correo electrónico en otras cuentas”, explicó Carranza.
A pesar de tildar de “descortés” la actitud de Laborde durante el trámite, Carranza aclaró que no presentará acciones legales por obstrucción, indicando que las barreras identificadas corresponden más a problemas administrativos y estructurales que a una voluntad explícita de obstaculizar la investigación.
En otro orden, Carranza dirigió su atención hacia la seguridad del juez Hugo Carbonó, que participa en el caso de Nicolás Petro. El jurista manifestó su inquietud ante la situación del juez, que se desplazó recientemente en transporte de aplicaciones digitales y sin la protección habitual de escoltas, a raíz de averías en el vehículo proporcionado por la Unidad Nacional de Protección. En ese sentido, instó a las autoridades competentes a asegurar la integridad del magistrado cuando el juicio se aproxima.
El calendario judicial indica que la audiencia de Nicolás Petro proseguirá el miércoles 26 de noviembre a las 2:00 p. m., mientras que la relativa al principio de oportunidad concedido a Day Vásquez fue programada para el jueves 27 de noviembre a las 9:00 a. m.
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