El ministro del Interior, Armando Benedetti, alertó sobre un riesgo creciente para la estabilidad económica del país ante la ponencia de archivo de la Ley de Financiamiento que se tramita en el Congreso de la República. Esta iniciativa, respaldada por el Gobierno, cuenta actualmente con 10 de 17 firmas en la Comisión Tercera del Senado que podrían dejarla virtualmente hundida.
A través de su cuenta en X, Benedetti señaló que “crece el riesgo y la desconfianza en el pago de la deuda externa debido a que 10 senadores de la Comisión Tercera de Senado quieren hundir la Ley de Financiamiento que es el respaldo para garantizar su pago”.
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El funcionario agregó que la medida pondría en riesgo programas sociales dirigidos a los colombianos más pobres. “Solo por hacer oposición con las vísceras ponen en riesgo la estabilidad económica del país para el próximo año, olvidando programas sociales para los colombianos más pobres que son millones”, afirmó. La votación del proyecto está prevista para el próximo martes en el Congreso.
El proyecto de reforma tributaria del Gobierno enfrenta obstáculos incluso antes de ser radicado formalmente, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Hacienda por construir un clima de “ajuste concertado y responsable”. Dos ponencias ya han solicitado archivar la iniciativa, y la presentada por el senador Efraín Cepeda cuenta con amplias mayorías en la Comisión Tercera.
Ponencia de archivo con mayoría anticipa hundimiento de la reforma
Efraín Cepeda explicó que la ponencia negativa se presenta para evitar que la reforma “le golpee el bolsillo a las clases más bajas y medias de la población”, señalando como foco principal el impuesto al carbono, que vincula con el aumento del precio de la gasolina y su impacto en quienes dependen de motocicletas. Según el legislador, “en el país hay doce millones de motos”, y un alza afectaría directamente a los hogares más vulnerables.
El congresista también criticó los efectos territoriales del proyecto, indicando que incrementos en los impuestos a la cerveza, licores y cigarrillos “desfinancian los departamentos” y podrían generar contrabando, reduciendo los ingresos regionales. En su análisis, estas medidas transformarían un intento de fortalecimiento fiscal en un debilitamiento de las finanzas subnacionales.
Cepeda añadió que la reforma “la quieren es para aumentar el gasto, no para beneficio de los colombianos”, y advirtió que podría incrementar el déficit fiscal en $16 billones, sin corregir las presiones sobre el presupuesto. También señaló que el aumento de la tarifa efectiva al 50% para bancos y empresas extractivas “haría que el crédito se dispare inmediatamente”, afectando tasas de interés y acceso a financiamiento para hogares y empresas.
Gobierno busca mantener ajustes técnicos
Mientras la reforma enfrenta críticas políticas, el Ministerio de Hacienda ha intentado mantener un enfoque técnico. En un encuentro realizado en Casas de Santa Bárbara, el ministro Germán Ávila Plazas expuso ante ponentes y coordinadores de las Comisiones Económicas Conjuntas los ajustes que el Gobierno evalúa, incluyendo la eliminación de medidas sobre combustibles, la permanencia de la renta progresiva y la revisión de tratamientos tributarios.
El ministerio calificó la reunión como “un espacio clave para avanzar en un proceso de ajuste concertado y responsable”, destacando la participación del director encargado de la Dian, Carlos Betancourt, quien explicó los alcances fiscales de la iniciativa. Sin embargo, la existencia de una ponencia de archivo con mayoría dentro de la Comisión Tercera modifica el panorama, anticipando un debate más complejo.
La representante Katherine Miranda ya radicó una ponencia de archivo, y al menos un bloque de 12 congresistas estaría conformándose para asegurar que la reforma no avance.
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