Los secretarios de Salud de las ciudades capitales de Colombia se reunieron de manera extraordinaria para advertir el riesgo inminente de colapso del sistema sanitario, debido a la crisis financiera y operativa de la Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados en el país.
En un manifiesto emitido durante la sesión de Asocapitales, los representantes del sector sanitario de las principales urbes exigieron respuestas inmediatas del Gobierno nacional ante una situación que afecta la disponibilidad y calidad de los servicios médicos, según la comunicación oficial.
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Los funcionarios distritales y municipales se unieron para recordar la acción popular interpuesta por el alcalde paisa Federico Gutiérrez en mayo del año actual, en la que demandó al Gobierno nacional, en contra de la reforma de salud.
“El Ministerio de Salud y la Superintendencia han intervenido EPS sin garantizar los recursos a las IPS. Hay hospitales recibiendo apenas el 6 por ciento de lo que les deben mes a mes. Esa asfixia no es una casualidad: es una estrategia”, dijo el alcalde en su momento.
El comunicado oficial de Asocapitales detalló que las ciudades capitales actuarán de manera coordinada a través de la adhesión colectiva a la acción popular ya admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la presentación de una declaratoria de estado de cosas inconstitucionales en salud.
Lo que señaló Asocapitales
De acuerdo con Asocapitales, la Nueva EPS, que suma más de 11,7 millones de afiliados, enfrenta deudas históricas superiores a 21 billones de pesos y una ruptura de su red de prestadores.
Esta situación ha provocado miles de quejas por demoras en la entrega de medicamentos y asignación de citas, sumado a la imposibilidad de garantizar la atención oportuna, como lo afirmaron los funcionarios en el documento.
Asocapitales confirmó que las ciudades capitales concentran más del 70% de la infraestructura de servicios especializados de Colombia y reciben pacientes remitidos de todo el país.
El comunicado incluyó cifras como las 1.943 quejas registradas en Bogotá entre enero y septiembre de 2025 y el aumento de la deuda pública en la capital, que pasó de 35.000 millones a más de 90.000 millones de pesos.
El documento resaltó los impactos regionales del colapso. Valledupar, por ejemplo, reportó la parálisis en la entrega de medicamentos y la atención a pacientes de zonas aledañas.
Cali señaló dificultades que afectan cirugías, urgencias y tratamientos de alta complejidad. En Puerto Carreño se describe un escenario en el que la atención depende del acceso aéreo y varios pacientes mueren sin atención oportuna. Medellín ha invertido más de 400.000 millones de pesos para cubrir los servicios afectados por la falta de pagos de la Nueva EPS y Savia Salud.
El pronunciamiento de Asocapitales advierte que la crisis es “masiva y continua” en cuanto a la vulneración de derechos fundamentales. Entre las afectaciones identificadas se encuentran la interrupción en tratamientos para cáncer, diálisis y enfermedades crónicas, así como en salud mental.
También se observó riesgo de muerte por dificultades para acceder a servicios esenciales, sobrecarga en hospitales públicos y aumento acelerado de tutelas, desacatos y barreras de acceso.
Las exigencias de los secretarios de salud de las capitales
Como máximas autoridades sanitarias de las capitales, los firmantes del manifiesto exigieron del Gobierno nacional un plan de choque urgente, que incluya la publicación de un cronograma de pagos a hospitales antes de finalizar el año.
Solicitaron la continuidad de tratamientos críticos, ajustes en el flujo de recursos del Adres directamente a los prestadores y la revisión de las medidas de intervención vigentes. Además, pidieron la evaluación externa de la situación financiera de la Nueva EPS y mayor protección para los hospitales públicos.
También anunciaron la conformación de una Mesa Técnica Nacional de Salud, junto con el Ministerio de Salud, Supersalud, Adres y gremios hospitalarios.
Asocapitales se unió en el llamado de que “el país necesita respuestas urgentes: la vida de millones está en juego”. El texto incluyó este pronunciamiento: “No aceptaremos la normalización de la crisis. No permitiremos que la falta de decisiones nacionales ponga en riesgo la vida de los ciudadanos”.
Los secretarios de Salud reiteraron su compromiso con la población e hicieron un llamado a adoptar “decisiones técnicas, estructurales y de emergencia inmediata para evitar un colapso mayor del sistema”.
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