El futuro político de partidos y figuras clave del Pacto Histórico permanece en suspenso por la inminente decisión que debe tomar el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre un expediente que involucra a la campaña presidencial de Gustavo Petro para el periodo 2022-2026.
La sesión de la Sala Plena, programada para el jueves 20 de noviembre de 2025, se vio alterada por la presentación de una tutela y dos comunicaciones formales, lo que generó incertidumbre sobre la resolución del caso y sus posibles repercusiones en el panorama electoral colombiano.
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El proceso, que mantiene en vilo a organizaciones como la Unión Patriótica, Colombia Humana y a directivos de la campaña Petro Presidente, entre ellos Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol, se centra en la presunta violación de topes electorales durante la contienda de 2022.
La Sala Plena del CNE debió convocar a conjueces tras una votación dividida: cinco magistrados se pronunciaron a favor de sancionar la campaña, mientras que dos salvaron voto. La magistrada Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) se abstuvo de participar por estar recusada, dado su papel como testigo electoral del Pacto, y Álvaro Echeverry (Colombia Justa Libres) se declaró impedido por haber ejercido como abogado en la misma campaña.
El Pacto Histórico busca presionar al CNE
Según información obtenida por El Tiempo, la sesión enfrenta nuevos obstáculos: una acción de tutela y dos cartas formales fueron presentadas ante el CNE. Por un lado, el Pacto Histórico solicita que el Consejo acelere los procesos sancionatorios contra partidos de la coalición de gobierno, con el objetivo de evitar que se vean afectadas sus personerías jurídicas de cara a las elecciones de 2026. Por otro, conjueces propuestos por magistrados afines al Pacto pidieron más tiempo para analizar el expediente sobre la supuesta violación de topes, lo que podría retrasar la votación definitiva.
El recurso legal fue interpuesto por el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda; la exministra de Salud, Carolina Corcho, que encabezará la lista al Senado; y el senador del Polo Democrático, Carlos Benavides, para ejercer presión sobre la entidad.
En el documento, los demandantes solicitan que “se ordene al Consejo Nacional Electoral que, en un término perentorio de 24 a 48 horas, culmine los procedimientos administrativos sancionatorios en curso contra el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, o adopte una medida que permita su continuidad (...) sin condicionar el proceso de fusión y disolución de los mencionados partidos, y sin condicionar los efectos del reconocimiento de personería jurídica del Movimiento Político Pacto Histórico (...), con el fin de que este pueda inscribir candidatos hasta el 8 de diciembre de 2025, conforme a la Resolución 2581 de 5 de marzo de 2025 de la Registraduría Nacional del Estado Civil”. El magistrado Rodrigo Ávalos Ospina, del Tribunal Superior de Bogotá, admitió la tutela.
Paralelamente, el medio citado tuvo acceso a las comunicaciones enviadas al CNE por los conjueces Fernando Guzmán Rodríguez y Jorge Iván Acuña Arrieta, que solicitaron una prórroga para estudiar el voluminoso expediente sobre la presunta violación de topes electorales.
En la carta, Acuña Arrieta argumentó: “Al ser un tema de trascendencia nacional y debido al amplio volumen de la ponencia que cuenta con más de 500 folios, considero que no cuento con el suficiente tiempo para el estudio del proyecto (02 días hábiles), razón por la cual me veo en la necesidad de solicitar se reprograme y/o aplace la Sala que tiene como finalidad la votación del proyecto de decisión para la semana comprendida entre el 24 al 28 de noviembre de 2025. Además de ello es de mi deber y deseo consignar el voto del proyecto de decisión para el cual fui designado”. De manera similar, Guzmán Rodríguez pidió al CNE un aplazamiento de 15 días hábiles para poder analizar el expediente en profundidad.
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