Reforma pensional de Petro: ministro del Trabajo dijo que “no van a embolatar el derecho de 26 millones de trabajadores”

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó su optimismo respecto a que la reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro superará la revisión de la Corte Constitucional y entrará en vigor en 2025, una decisión que mantiene en expectativa a millones de trabajadores colombianos.

“Estoy optimista. Yo creo que el magistrado Ibáñez no va a lograr su propósito de engavetar o de embolatar el derecho de 26 millones de trabajadores colombianos a una pensión en condiciones de dignidad”, afirmó el funcionario, que insistió en la urgencia de que el alto tribunal resuelva los recursos pendientes y permita avanzar en la implementación del nuevo sistema. La nueva norma, aprobada por la Cámara de Representantes, se encuentra en revisión judicial tras la identificación de vicios de procedimiento y cuestionamientos sobre su contenido.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Sanguino resaltó que la expectativa de la población es alta y que la reforma representa un avance en la cobertura y equidad del sistema pensional. “Ese sistema pensional significará que pasemos de un 24% de cobertura de nuestro sistema de pensiones a un 52% en el primer año”, sostuvo el funcionario.

Destacó que el nuevo modelo, basado en cuatro pilares (solidario, contributivo, semicontributivo y de ahorro solidario), ya garantiza una renta básica de $230.000 mensuales para 3.100.000 adultos mayores en situación de pobreza, en contraste con los $80.000 que recibían en el pasado. El ministro habló de la necesidad de certezas para los trabajadores ante la posibilidad de traslados entre fondos, y reiteró que la sostenibilidad del sistema fue objeto de análisis durante el trámite legislativo.

De paso, dijo que el “magistrado Jorge Enrique Ibáñez no va a lograr su propósito” de tumbarla, por lo que expresó su confianza en que togado no logrará impedir el avance en la garantía del derecho a una pensión digna para 26 millones de trabajadores colombianos. Señaló que espera que antes de que finalice el año se resuelva la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal y que Ibáñez deje de solicitar pruebas que, según indicó, buscan retrasar la discusión en la Corte y aplazar el debate hasta pasado el receso judicial de enero.

Manifestó su expectativa de que el alto tribunal actúe conforme al espíritu del Estado social de derecho consagrado en la Constitución de 1991, cumpliendo su labor de protección de los derechos ciudadanos, especialmente los de los trabajadores.

El ministro destacó que millones de trabajadores están pendientes de la decisión, muchos con dudas sobre cambiarse o no de fondo de pensiones, pese a que la oportunidad de traslado continúa vigente. Añadió que se requieren certezas para que el nuevo sistema pensional derivado de la reforma funcione plenamente y asegure la continuidad del Pilar Solidario.

El presidente Gustavo Petro defendió la reforma como una herramienta para corregir desigualdades históricas y ampliar la protección social. En distintas oportunidades argumentó que el sistema actual es injusto, con baja cobertura y una marcada brecha de género, y que la nueva estructura de pilares permitirá mejorar las rentas mínimas para los adultos mayores más vulnerables.

Petro aseguró que la reforma no implica expropiación de ahorros ni aumento en la edad de pensión, y celebró la decisión de la Corte Constitucional de devolver el proyecto al Congreso para subsanar los trámites, lo que calificó la medida como una oportunidad para “salvar” la iniciativa.

Las advertencias técnicas y económicas no se han hecho esperar. El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, alertó sobre una posible reducción en el ahorro pensional de los trabajadores, que podría descender 10 puntos porcentuales del PIB para 2040, lo que equivaldría a $170 billones de 2024. López señaló riesgos de sostenibilidad fiscal y la generación de deuda a largo plazo, estimando que el fondo de ahorro público podría agotarse entre 2060 y 2070, lo que forzaría nuevas reformas.

Además, advirtió sobre impactos negativos en el mercado de capitales debido a la disminución del ahorro, lo que afecta la inversión en deuda pública y renta variable internacional. Insistió en la necesidad de ajustar la propuesta para mitigar problemas de sostenibilidad y evitar la creación de promesas fiscales imposibles de sostener.

Por su parte, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, mantiene una postura crítica respecto a la viabilidad de la reforma. Considera que el envejecimiento poblacional y la baja cotización de activos hacen insostenible el nuevo sistema, lo que podría obligar en el futuro a elevar impuestos o la edad de jubilación.

Cuestionó la obligatoriedad de cotizar los primeros 2,3 salarios mínimos en Colpensiones, lo que, a su juicio, afecta la propiedad individual del ahorro y limita la libre elección del trabajador. También mencionó vacíos jurídicos, falta de claridad en los procedimientos para traslados entre fondos y un cronograma de implementación que considera insuficiente para garantizar la operatividad. Aunque reconoció avances en equidad, advirtió que la sostenibilidad fiscal sigue en duda y que el corto tiempo para implementar la reforma pone en riesgo su funcionamiento.

El proceso judicial en la Corte Constitucional es determinante en el trámite de la reforma. En junio de 2025, la Corte devolvió el proyecto al Congreso tras identificar vicios de procedimiento, específicamente, la falta de debate y votación formal en la Cámara de Representantes.

La Corte ordenó suspender la entrada en vigencia de la ley hasta que se corrijan estos vicios y se pronuncie de fondo sobre su constitucionalidad. Además, existen cuestionamientos sobre el contenido de la reforma, como la reducción de requisitos para acceder a pensión en poblaciones étnicas y rurales, que podrían vulnerar los principios de igualdad y universalidad al crear regímenes diferenciados. El alto tribunal ya había sentado precedentes en 2023, cuando declaró inconstitucional el requisito de 1.300 semanas de cotización para mujeres y ordenó su reducción progresiva para garantizar el enfoque de género y la equidad.