General (r) Mauricio Santoyo podría quedar fuera de la JEP por incumplimiento de sus compromisos con la verdad

Mauricio Alfonso Santoyo Velasco es un general retirado de la Policía Nacional de Colombia, institución en la que ocupó varios cargos de alto rango, incluyendo el de jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez en su primer mandato.

En 2012 fue noticia nacional por declararse culpable ante una corte en Estados Unidos por su participación directa con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que era considerada una estructura terrorista por las autoridades en el país norteamericano.

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En ese momento, Santoyo fue acusado de entregarle información confidencial de las Fuerzas Militares a las AUC, lo que permitió que la estructura paramilitar perpetrara secuestros y homicidios en varias zonas de Colombia.

Tras el proceso judicial, el militar retirado fue condenado a 13 años de prisión en Estados Unidos, en donde recibió una disminución de la pena por revelar secretos que sabía sobre el grupo armado que firmó un acuerdo de paz con el Estado colombiano en 2003.

Santoyo fue deportado a Colombia, en donde debe cumplir parte de su condena y también afrontar otros procesos legales en su contra por acciones ilegales que cometió durante el tiempo que fue policía.

Es por ello que en el país Santoyo se vinculó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el compromiso de aportar información relevante sobre el conflicto interno del país y de cierta forma remunerar a las víctimas de sus acciones.

Sin embargo, en varias ocasiones se han registrado denuncias sobre el presunto incumplimiento del uniformado retirado de su compromiso, provocando que el 19 de noviembre la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP lo citara a una audiencia pública.

En esta se buscará determinar si Santoyo Velasco en realidad ha incumplido con el régimen de condicionalidad de la JEP, que sería un factor por el que podría quedar fuera del sistema transicional y por ende debería ser juzgado de manera ordinaria.

En el comunicado expuesto por la sala se recuerda que en el proceso se relaciona al policía retirado con crímenes registrados entre 1997 y 2001, considerado el auge de las AUC en el país.

En ese momento, Santoyo era comandante del Gaula de la Policía Nacional en Antioquia, misma época en la que se registró la desaparición forzada de varios defensores de los derechos humanos, entre ellos Claudia Monsalve y Ángel Quintero.

El primer reporte por incumplimiento en contra del uniformado (r) se abrió en marzo de 2025, después de que la JEP consideró que los aportes de Santoyo eran insuficientes y no cumplían con su compromiso de verdad en contraste con la magnitud y la información que consideran en realidad puede tener el general sobre esos hechos puntuales por su rango y funciones en la Policía Nacional.

La diligencia fue programada para el 20 y 21 de noviembre en Bogotá, en donde se verificará el nivel de cumplimiento que ha tenido Mauricio Alfonso Santoyo Velasco durante sus compromisos de reparación y no repetición.

Al respecto, en el comunicado la sala resaltó que en caso de que se concluya que no ha sido efectiva la reparación de Santoyo, le serán revocados los beneficios judiciales y su caso será remitido a la justicia ordinaria.

Desde la JEP recordaron que los comparecientes deben cumplir plenamente con los compromisos adquiridos para conservar los beneficios de la justicia transicional, puesto que la mayoría van centrados en la protección de los derechos de las víctimas.

De la misma forma, se ha conocido que la defensa de Santoyo ha entregado pruebas sobre la participación del uniformado (r) en espacios de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd).