En medio de las críticas contra el ministro de Defensa, el general Pedro Arnulfo Sánchez, y el presidente Gustavo Petro por cuenta de los recientes bombardeos que, según cifras oficiales del Instituto de Medicina Legal, dejó un saldo de 15 menores muertos, se conocieron nuevos detalles que tendrían en jaque al Gobierno nacional.
De hecho, en la mañana del miércoles 19 de noviembre, la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, del Partido Alianza Verde, reveló que la cifra de menores muertos atribuida a bombardeos de la fuerza pública contra disidencias de las Farc habría sido subestimada en los informes iniciales.
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Durante la sesión de control político al ministro de Defensa, la congresista reportó que, según Medicina Legal, el saldo mortal en este tipo de operaciones sería de 17 menores, dos más de los comunicados previamente.
La revelación se apoyaría en información actualizada de las autoridades forenses, que documentan dos presuntos bombardeos adicionales ejecutados en 2023 y 2024. Estos eventos, que habrían ocurrido en el municipio de Argelia, departamento del Cauca, aún no han sido incorporados a los balances oficiales.
“Son 17 porque hay dos bombardeos más de los que no sabíamos y Medicina Legal tiene reportado que allí fallecieron dos menores”, detalló la parlamentaria.
“Nosotros tenemos registro de otros dos bombardeos en julio de 2023 en Argelia, Cauca, en donde falleció, al parecer, un menor también en medio de este bombardeo. Y tenemos un segundo bombardeo registrado en abril de 2024, también en Argelia, Cauca, donde habría muerto otro menor. Eso nos daría un total de diecisiete menores fallecidos en bombardeos durante este Gobierno”, añadió Juvinao.
Más allá de los bombardeos, la representante alertó sobre el deceso de al menos 25 menores más en situaciones distintas, pero igualmente atribuibles a la fuerza pública. En su intervención sostuvo que, durante este gobierno, estos niños y adolescentes perdieron la vida por disparos en medio de enfrentamientos.
“Tenemos 25 menores de edad fallecidos adicionales a los de bombardeos, para un total de 42 menores fallecidos. Estos 25 en, aparentemente, enfrentamientos con la fuerza pública y fueron muertos por arma de fuego a causa de la fuerza pública”, subrayó Juvinao.
El desglose por años y regiones, expuesto durante su participación en la Comisión Cuarta de la Cámara, precisa que estos casos se distribuyen del siguiente modo: siete menores en 2022 en los departamentos de Arauca, Atlántico, Cauca, Nariño y Valle del Cauca; once durante el año 2023 en Arauca, Atlántico, Chocó y Valle del Cauca; y siete más en 2024 en Valle del Cauca, Caquetá y Huila.
Juvinao además denunció lo que considera una falta de transparencia en el manejo de las cifras oficiales, y reclamó mayor claridad sobre el verdadero impacto de las operaciones militares donde los menores se han visto involucrados.
“Estamos denunciando una posible opacidad por parte del Gobierno nacional y de la fuerza pública en el reporte, primero, de los bombardeos y segundo, de las víctimas de estos bombardeos”, declaró.
Entretanto, el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa Pedro Sánchez fue radicado en la Cámara de Representantes tras los bombardeos en los que, desde agosto, habrían muerto al menos 15 menores de edad, según cifras de Medicina Legal.
Entre los argumentos presentados en la solicitud, los firmantes señalaron una posible vulneración al Derecho Internacional Humanitario y a las obligaciones reforzadas de protección que el Estado colombiano debe garantizar a la niñez en el contexto del conflicto armado.
Además, recordaron que uno de los fines esenciales del Estado es “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y que las autoridades están instituidas para “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida”.
La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, lideró la radicación de la moción junto a otras 26 firmas, entre ellas las de congresistas de la bancada de Gobierno como Martha Alfonso (Partido Verde) y Alexandra Vásquez (Pacto Histórico).
El ministro Pedro Sánchez deberá responder ante la Cámara de Representantes en los próximos 10 días, un proceso que podría derivar en su salida del cargo. “Tiene que renunciar el ministro por ética, por dignidad y por respeto a las víctimas”, afirmó Miranda.
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