Cámara de Representantes aprobó en primer debate el plan de reactivación económica presentado por el Gobierno

El avance de la iniciativa de reactivación económica en la Cámara de Representantes marca un nuevo capítulo en la estrategia fiscal del Gobierno colombiano, al obtener la aprobación en primer debate dentro de la Comisión Tercera.

Este proyecto, que se tramita de manera paralela a la reforma tributaria aún estancada, busca recaudar entre 5 y 6 billones de pesos y se presenta como una respuesta inmediata a la necesidad de cubrir el déficit fiscal generado tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026, cuyo monto de $546,9 billones permanece desfinanciado.

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La propuesta, conocida como el “plan B” del Ejecutivo, combina medidas tributarias, ambientales y sociales con el objetivo de dinamizar la economía y destrabar el debate fiscal.

Su estructura se divide en dos ejes principales: uno recaudatorio, enfocado en ampliar las bases gravables y generar ingresos fiscales adicionales, y otro de estímulos, orientado a impulsar sectores productivos mediante beneficios tributarios y facilidades crediticias.

Esta arquitectura busca equilibrar la sostenibilidad fiscal con el crecimiento económico en un contexto de bajo dinamismo y restricciones presupuestales para el próximo año.

Entre las medidas recaudatorias más relevantes, el articulado introduce un impuesto del 6% sobre el uso de plataformas digitales para transacciones realizadas por usuarios residentes en Colombia, alineándose con tendencias regionales de tributación a la economía digital y la presencia económica significativa establecida desde 2024.

Además, se establecen gravámenes específicos a importaciones de bajo valor efectuadas a través de plataformas de comercio electrónico como Temu o Shein, con el propósito de nivelar la competencia con el comercio local y captar ingresos por envíos postales y courier que hasta ahora gozaban de exenciones parciales.

En materia de salud pública, el proyecto extiende y actualiza el impuesto al consumo de tabaco, incorporando a vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares con nicotina. Estos gravámenes tendrán incrementos anuales indexados al IPC más cuatro puntos porcentuales, justificando la medida tanto por razones de salud como por la necesidad de recaudo adicional.

Estas disposiciones buscan cerrar brechas en la tributación de consumos emergentes y digitales, estimando aportes significativos al fisco sin modificar las tarifas generales de IVA o renta corporativa en esta fase inicial.

El componente de incentivos y beneficios para la reactivación prioriza estímulos fiscales y financieros. Se contemplan facilidades en créditos del Fondo Nacional de Ahorro (FNA), eliminando el requisito de hipoteca para ciertos segmentos poblacionales, lo que amplía el acceso a vivienda y consumo en un entorno de tasas de interés restrictivas.

Además, se incrementa el incentivo tributario por donaciones a fondos de protección y apoyo a personas con discapacidad, elevando el descuento en renta al 50% para quienes realicen aportes al Fondo Nacional de Protección y Apoyo a Personas con Discapacidad y sus Cuidadores, con el objetivo de fortalecer la atención social a esta población.

El proyecto también introduce beneficios para el reemplazo de flota de transporte público y de carga, permitiendo deducciones aceleradas o exenciones parciales en impuestos nacionales y territoriales, con el fin de promover la renovación vehicular bajo estándares ambientales y de eficiencia energética. Estas medidas se complementan con autorizaciones para que entidades territoriales reorienten rentas hacia inversión en infraestructura local entre 2025 y 2027.

En cuanto a alivios fiscales, la iniciativa plantea una reducción temporal de sanciones e intereses para contribuyentes con deudas ante la Dian y los entes territoriales. Quienes se acojan a esta medida pagarán únicamente el 10% del valor total de las sanciones, lo que representa una amnistía fiscal del 90% sobre las deudas existentes.

Asimismo, se prevé la conciliación de procesos administrativos y judiciales en materias tributarias, aduaneras y cambiarias, con el objetivo de agilizar la resolución de litigios y mejorar el recaudo. Durante los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley, los intereses moratorios se reducirán al 50% de la tasa vigente, incentivando el pago de obligaciones pendientes.

El trámite legislativo de este proyecto, al tratarse de una iniciativa congresional con impacto fiscal, requiere mensaje de urgencia o aval del Gobierno nacional para continuar su curso. Tras la aprobación en comisión, el articulado pasará a plenaria de la Cámara de Representantes, luego a primer debate en comisión del Senado y, finalmente, a la plenaria senatorial. Cualquier modificación sustancial podría derivar en una conciliación entre cámaras.

En el plano macroeconómico, con un crecimiento proyectado para 2025 del 2,8% y persistentes presiones sobre el déficit fiscal, la iniciativa representa una alternativa híbrida: un recaudo moderado, sin los alcances de una reforma estructural, combinado con estímulos selectivos que podrían activar multiplicadores en construcción, transporte y consumo privado.

Para el sector privado, los nuevos gravámenes a plataformas digitales y vapeadores implican ajustes en precios y cumplimiento, mientras que los incentivos en crédito y donaciones ofrecen ventajas en la planeación fiscal corporativa.

Para los inversores, el avance de este proyecto reduce la incertidumbre sobre fuentes alternativas de financiamiento público para 2026, aunque su impacto neto dependerá de la magnitud final de los estímulos frente al recaudo efectivo.

En el contexto regional, Colombia se suma a los países que gravan progresivamente la economía de plataformas y productos de riesgo sanitario, fortaleciendo la base fiscal sin depender exclusivamente de la renta o el patrimonio. La resolución del trámite en las próximas semanas será determinante para calibrar el cierre fiscal del año y las proyecciones de inversión privada en 2026.