Jaime Esteban Moreno, el estudiante asesinado a golpes en Bogotá, tenía prohibida la entrada al bar en el que estuvo antes de su muerte

Un nuevo elemento surgió en la investigación sobre la muerte de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de la Universidad de los Andes que perdió la vida tras ser agredido violentamente a la salida de Before Club.

El diario El Tiempo difundió el testimonio de María Alejandra Palma, gerente del establecimiento, que aportó información que hasta ahora no había sido revelada en el proceso judicial.

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La declaración de Palma ante la Fiscalía detalla que el evento de la noche del 30 de octubre, denominado Relaja la Pelvi, fue organizado por el colectivo de eventos RLP.

Según explicó, el contrato de alquiler del espacio se firmó dos meses antes, estableciendo que la operación logística del personal recaía en Before Club, mientras que la venta de entradas era responsabilidad de All Tickets.

Palma precisó que todas las boletas se vendieron en preventa, lo que impedía la adquisición de entradas en la puerta y, por tanto, el acceso de personas sin boleta previo.

Durante la noche del evento, la gerente relató que el desarrollo dentro del local transcurrió sin incidentes y que contaron con el apoyo de 67 personas distribuidas en diferentes áreas del establecimiento. Solo el personal asignado a la puerta permanecía en un punto fijo, encargado de controlar el ingreso.

“Contamos con 67 personas para el apoyo. Las personas estaban distribuidas en diferentes espacios del establecimiento, no tenían un punto fijo, con excepción del personal que estaba en la puerta de ingreso. De igual manera, siempre hay una persona pendiente de si se presenta alguna novedad en el establecimiento, incluidos los baños, no se realiza con apoyo de la Policía Nacional”, dijo Palma en su declaración.

Un aspecto crucial de su testimonio se refiere a los requisitos de acceso: “Únicamente podían ingresar personas mayores de 21 años de edad. El personal de filtro de la entrada se encargaba de verificar la edad de la persona a través de la cédula de ciudadanía que tenían que presentar en la entrada”, afirmó Palma a la Fiscalía, según reveló El Tiempo.

Este dato adquiere relevancia porque Jaime Esteban Moreno tenía 20 años, por lo que, de acuerdo con las normas del local, no debió haber sido admitido en el evento.

La información aportada por la gerente plantea interrogantes sobre el cumplimiento de los protocolos de acceso y la posible responsabilidad del establecimiento en los hechos posteriores.

Según los testimonios de los presuntos agresores, la víctima habría acosado a una mujer dentro del local, aunque las autoridades no han confirmado este hecho. Lo que sí está acreditado es que Moreno salió de la discoteca y, pocos minutos después, fue víctima de la golpiza que le causó la muerte.

Las autoridades continúan analizando los procedimientos implementados en Before Club y evalúan si el establecimiento incurrió en alguna omisión o falta que pudiera estar relacionada con el desenlace fatal.

El impacto emocional que experimentó Ricardo Rafael González tras conocer la muerte de Jaime Esteban Moreno se convirtió en un elemento central durante la audiencia de medida de aseguramiento celebrada el 13 de noviembre de 2025. La defensa del acusado, encabezada por la abogada Gladys Marcela López, presentó el testimonio de quien era su jefe en ese momento para ilustrar el estado anímico de González y su reacción ante la noticia del fallecimiento del estudiante de la Universidad de Los Andes.

La reconstrucción de los hechos posteriores a la agresión revela que González no tuvo conocimiento inmediato del desenlace fatal. Según la versión de la defensa, después de la golpiza ocurrida en la madrugada del 31 de octubre, el acusado abandonó el lugar sin saber que Moreno se encontraba en estado crítico. Al día siguiente, 1 de noviembre, González acudió a su trabajo habitual en un puesto de comidas rápidas en San Victorino, en el centro de Bogotá, donde permaneció hasta las 4:00 p. m..

Fue durante esa jornada laboral cuando González se enteró de la muerte de Moreno y de la detención de varias personas vinculadas al caso. El relato de su jefe, presentado ante las autoridades, describe que el joven mostraba un aspecto “decaído” y desordenado.

Al regresar al puesto, el empleador lo encontró llorando. Al preguntarle la razón, González le mostró una fotografía en la que aparecían los detenidos por el homicidio. El jefe le consultó si él estaba con esas personas, a lo que González respondió afirmativamente.

“Me muestra una foto con tres personas que habían capturado por el caso del homicidio del estudiante de Los Andes. Cuando me muestra la imagen, le pregunto si él estaba con ellos y me dice que sí“, relató el empleador en su testimonio ante las autoridades.

La defensa interpretó este comportamiento —llanto, angustia y desorientación— como una señal de que González no comprendía la gravedad de lo ocurrido en un primer momento. La abogada López sostuvo que su cliente experimentó un fuerte impacto emocional al confirmarse la muerte de Moreno, lo que lo llevó a viajar a Cartagena, donde reside su familia.

López subrayó que el traslado no tuvo como objetivo evadir a la justicia, sino buscar apoyo emocional. Por esa razón, diez días después de los hechos, González se entregó voluntariamente en una URI de esa ciudad. “¿Qué hizo cuando se enteró por medio de las capturas y del fallecimiento de Esteban? Lloró, señora juez. Por lo que había sucedido, el miedo, la angustia. ¿Y qué hace un joven? Va a su entorno familiar”, expuso la abogada durante la audiencia.

El testimonio del jefe reforzó la postura de la defensa al afirmar que González le comunicó lo sucedido antes de viajar y que, en su opinión, no parecía consciente de la gravedad del caso. “Dijo que lo había dejado golpeado, que le había dado una golpiza muy dura, pero no sabía que el muchacho había fallecido”, declaró el empresario ante las autoridades.

A pesar de estos argumentos, la Fiscalía mantuvo que González representa un riesgo para la comunidad, señalando que abandonó el lugar del ataque sin prestar auxilio a la víctima. Para el ente acusador, este comportamiento evidencia peligrosidad y la posibilidad de reiteración. La jueza del caso respaldó la posición de la Fiscalía y ordenó que el procesado fuera enviado a prisión mientras avanza el proceso por homicidio agravado, cargo que González no aceptó.