En medio de la controversia generada por los bombardeos ordenados por el Gobierno nacional contra disidencias de las Farc, que resultaron en la muerte de varios menores de edad, el presidente Gustavo Petro salió al paso de las críticas y defendió la legalidad de la acción.
En sus declaraciones, Petro insistió en que las operaciones no vulneraron en ningún momento los principios fundamentales del derecho internacional humanitario (DIH). Aseguró que sus decisiones fueron tomadas conforme de la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales, y que tales acciones no deben verse como una violación a los derechos fundamentales de los civiles, incluidos los menores de edad.
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El presidente Petro abordó el tema con un mensaje publicado en su cuenta de X, al responder tanto a las críticas del jurista Kai Ambos como a los cuestionamientos provenientes de la opinión pública: “Vuelvo a insistir que no nos hemos salido del DIH en los bombardeos ordenados por mí. Decir que se detengan los bombardeos cuando estamos dentro del DIH es de una ingenuidad brutal”.
“Nosotros detenemos y detendremos la esclavitud de nuestro pueblo en muchas regiones de Colombia en manos de los grupos armados narcos. Decir que se paren los bombardeos en acciones ofensivas de los narcos es invitarlos a reclutar más niños”, continuó el presidente en su post.
Jurista alemán cuestionó los bombardeos; la razón de la respuesta de Petro
El pronunciamiento de Petro llegó luego de que el reconocido jurista Kai Ambos, experto en Derecho Penal Internacional, ofreciera un análisis sobre la legalidad de los ataques aéreos efectuados por el Gobierno colombiano en una entrevista con la revista Semana.
Kai Ambos, que es magistrado alemán en un Tribunal Internacional en La Haya y especializado en Derecho Internacional Humanitario, expresó sus preocupaciones sobre las consecuencias de los bombardeos que resultaron en la muerte de menores de edad, varios de los cuales, según informes, habrían sido reclutados forzosamente por los grupos armados ilegales.
En su análisis, Ambos señaló que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y que los menores que son reclutados de forma involuntaria deben ser considerados “personas protegidas”, lo que implica que no pueden ser atacados de manera intencional.
El jurista también desmintió la declaración del ministro de Defensa, quien afirmó que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna”. Ambos explicó que la protección de los civiles, incluidos los niños, está garantizada bajo el DIH, siempre que no participen directamente en el conflicto armado: “Un civil, sea un niño o un adulto, que no pertenece a las fuerzas armadas y que no participe voluntariamente en un conflicto armado, es una persona protegida”.
A pesar de estas advertencias sobre la legalidad de los ataques, Petro defendió la posición del Gobierno, al asegurar que los bombardeos eran una respuesta legítima a la amenaza que representan los grupos armados ilegales, muchos de los cuales, según él, se encuentran operando en regiones donde la población se ve sometida a la violencia y el control de los narcotraficantes.
Ambos reconoció la transparencia del gobierno colombiano, que ha admitido la muerte de menores en estos bombardeos. A diferencia de otros casos anteriores, en los que se negó la existencia de víctimas infantiles, “el presidente no niega esto, pero sí hace una declaración pública invocando las reglas del DIH para justificar el ataque”, destacó el jurista a la fuente citada.
El presidente Petro reaccionó negando tales afirmaciones, pero para la comunidad digital, sus justificaciones y declaraciones no son propias de una figura de su nivel. Especialmente porque, bajo su liderazgo, se llevaron a cabo los bombardeos en los que murieron menores de edad —en distintas regiones del país—.
A pesar de las críticas, Petro sostuvo que los operativos continuarían, al asumir la responsabilidad de dichas acciones.
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