Servicios a usuarios de la Nueva EPS podrían suspenderse en hospitales de Bogotá por impagos y crisis financiera, alertó la Personería

Una alerta de la Personería de Bogotá ha puesto en el centro del debate la crisis de salud que enfrenta la Nueva EPS en la capital colombiana.

El 22% de las quejas que recibe la Personería contra las Entidades Promotoras de Salud del Distrito corresponde a esta aseguradora, lo que la convierte en el principal foco de inconformidad entre los usuarios.

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El órgano de control advirtió que la situación representa un problema estructural que amenaza el acceso a la salud de miles de bogotanos y exige respuestas urgentes de las autoridades y la propia EPS.

“Esta no es una simple falla de atención. Es un colapso estructural. El análisis de la Personería ha identificado que las causas son técnicas y financieras. La propia EPS ha reconocido problemas en la implementación del nuevo software de gestión y graves dificultades financieras“, explicó la entidad.

Entre enero y septiembre de 2025, la Personería documentó 1.943 quejas de afiliados de la Nueva EPS que no recibieron atención, según afirmó la personeria.

El análisis de estos reclamos revela que el 49% se relaciona con demoras en la entrega de medicamentos, mientras que el 36% obedece a la imposibilidad de conseguir citas médicas. Estas cifras reflejan la magnitud de la crisis y evidencian que los problemas afectan aspectos esenciales del servicio, como el acceso a tratamientos y la programación de consultas.

La investigación de la Personería, señala que las causas de este colapso son tanto técnicas como financieras. La propia Nueva EPS reconoció dificultades en la implementación de un nuevo software de gestión, lo que ha generado fallos en la operación cotidiana y ha dificultado la atención a los usuarios. Además, la entidad enfrenta graves problemas financieros, que han derivado en deudas multimillonarias con operadores farmacéuticos y hospitales, profundizando la crisis.

El impacto de estos problemas se ha hecho sentir en toda la red de atención. La falta de medicamentos, atribuida a la ruptura de relaciones con operadores farmacéuticos como Audifarma, ha dejado a numerosos pacientes sin acceso a sus tratamientos.

Además, hospitales de alta complejidad, entre ellos el Hospital de San José, han anunciado la suspensión de servicios a la Nueva EPS debido a los impagos, lo que ha agravado la dificultad para conseguir citas médicas y ha puesto en riesgo la continuidad de la atención para los afiliados.

W Radio ha documentado que esta situación ha llevado a un colapso en la prestación de servicios básicos, con consecuencias directas sobre la salud de los usuarios.

Ante este panorama, la Personería de Bogotá hizo un llamado urgente a la Nueva EPS y a la Superintendencia de Salud para que adopten medidas inmediatas que permitan superar la crisis. El órgano de control insistió, en declaraciones recogidas por W Radio, en que la situación actual pone en riesgo la vida de los bogotanos y requiere una intervención decidida de las autoridades competentes.

La entrega de medicamentos para los afiliados de Nueva EPS enfrenta una nueva crisis tras la decisión de Disfarma G.C. S.A.S. de terminar unilateralmente su contrato con la aseguradora, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio para 2.4 millones de usuarios en 232 puntos de atención distribuidos en 19 departamentos de Colombia, según informó Infobae.

La situación se agrava en un contexto de crisis financiera profunda en Nueva EPS, actualmente bajo intervención del Gobierno nacional.

La entidad acumula una deuda cercana a siete billones de pesos con clínicas y hospitales, lo que ha provocado la suspensión o terminación de contratos por parte de instituciones como el Hospital de San José y la Clínica Shaio. En el caso de esta última, la deuda supera los 95.000 millones de pesos, con atrasos que exceden los 360 días.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ha advertido que Nueva EPS representa el caso más crítico entre las EPS intervenidas, al concentrar más del 50% de la deuda total del sistema, estimada en 24 billones de pesos. Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, las obligaciones financieras de la entidad aumentaron un 33.7%, pasando de cinco a 6.69 billones de pesos.

Disfarma, con sede en Girón (Santander), justificó la terminación del contrato por una “insostenibilidad operativa y financiera” derivada de la falta de flujo de recursos y los reiterados incumplimientos en los pagos por parte de Nueva EPS.

La empresa aseguró que agotó todos los canales de diálogo antes de activar el preaviso de terminación contractual, enviando comunicaciones formales el 16 y el 24 de octubre de 2025, sin obtener respuesta efectiva de la EPS.

A pesar de las dificultades económicas, Disfarma mantuvo un cumplimiento superior al 98% en la entrega de medicamentos durante los últimos meses y asumió responsabilidades adicionales en regiones como Valle del Cauca y Santander, bajo la coordinación de la aseguradora.