El debate público por las operaciones militares contra estructuras disidentes de las extintas Farc tomó fuerza en el país tras confirmarse la muerte de 15 menores de edad durante recientes bombardeos ordenados por el presidente Gustavo Petro.
Las discusiones se intensificaron después de que el jefe de Estado defendiera la continuidad de estos ataques, a pesar de las críticas planteadas por organismos de control y distintos sectores sociales frente al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
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Las reacciones incluyeron pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo y de figuras políticas, entre ellas la Humberto de la Calle que alertó sobre lo que denominó un debate marcado por intereses políticos y advirtió sobre el riesgo de que la discusión se desvíe de los aspectos humanitarios y jurídicos de fondo.
En su pronunciamiento a través de X, afirmó: “Bombardeo con menores. El gran problema es que si la presunta presencia de menores conduce a la suspensión de la acción militar, el reclutamiento se dispara. Es peor el remedio que la enfermedad. Que la sociedad se divida en torno a este tema, es un buen síntoma. Muestra una comunidad deliberante. Lo grave es el cruce de cables: los defensores del bombardeo bajo Duque, ahora atacan al gobierno. Y el entorno petrista llega hasta la alucinante afirmación de q si Petro bombardea, es culpa de la derecha“.
El excandidato presidencial agregó: “En ambos casos no hay una genuina reflexión moral ni una cuestión de alta política. Es un detestable ejercicio de politiquería electoral. El ministro de Defensa ha explicado bien las salvaguardas necesarias y las delicadas necesidades militares. No estoy de acuerdo con la moción de censura”
Su mensaje concluyó con la postura a favor de las recientes acciones militares: “Repito: suspender acciones militares por la posible presencia de menores, termina poniendo en riesgo de reclutamiento a un mayor número de ellos”, escribió De la Calle.
Defensa de Petro
El presidente Gustavo Petro respondió a los señalamientos hechos a raíz de las operaciones en las que murieron los menores. Desde su cuenta de X, el mandatario afirmó que no suspenderá los ataques y presentó su postura sobre los riesgos que, a su juicio, enfrentarían las tropas si cesaran las acciones contra las disidencias.
“Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero sí dejó avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados”, señaló el presidente.
Petro también respondió al llamado de la defensora del Pueblo, Iris Marín, que había solicitado suspender los bombardeos en los que pudiera haber presencia de menores. Sobre este punto, Petro afirmó que “si se suspenden los bombardeos los capos van a reclutar más niños y niñas porque se darán cuenta de que así se cubrirán de riesgos militares mayores”.
Las declaraciones generaron nuevas reacciones y profundizaron el debate público sobre la necesidad de revisar los procedimientos operacionales y los límites establecidos por el DIH para este tipo de acciones armadas.
El debate de fondo: respeto al derecho internacional humanitario
Más allá de las diferencias políticas, el debate central gira alrededor del cumplimiento del derecho internacional humanitario en escenarios donde puede haber menores de edad involucrados, particularmente en operaciones aéreas ofensivas.
El DIH establece límites estrictos en contextos de conflicto armado, entre ellos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución:
- Distinción: obliga a diferenciar entre objetivos militares y personas civiles, incluidos menores reclutados por grupos armados. Aunque el reclutamiento forzado convierte a los menores en víctimas, su presencia en campamentos no los convierte automáticamente en objetivos militares legítimos.
- Proporcionalidad: exige que el daño colateral previsible no sea excesivo respecto a la ventaja militar anticipada. Esto implica que la posible presencia de menores debe ser un factor determinante al evaluar la legalidad de una operación.
- Precaución: requiere tomar todas las medidas posibles para verificar la presencia de civiles y evitar o minimizar daños a la población no combatiente.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) ha reiterado que los Estados deben adoptar medidas reforzadas cuando hay riesgo de que niños estén vinculados a grupos armados, dado su especial nivel de protección en el DIH.
En Colombia, estas obligaciones han sido reconocidas por distintas entidades del Estado, incluida la Defensoría del Pueblo, que ha insistido en la necesidad de revisar los protocolos operacionales para asegurar que las acciones militares cumplan con los estándares internacionales.
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