
La defensa de los operativos militares en Colombia, incluso ante la muerte de menores de edad en combates, y el anuncio de una denuncia internacional contra alias Iván Mordisco, marcaron la reciente publicación de Gustavo Petro en X.
El presidente colombiano reafirmó su respaldo a la continuidad de las acciones armadas del Estado y señaló que llevará a ‘Iván Mordisco’ ante la Corte Penal Internacional por el reclutamiento forzado de niños.
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En su mensaje, Petro subrayó la gravedad del conflicto armado y la persistencia de la violencia ligada a intereses políticos y economías ilícitas, mientras destacó cifras sobre menores afectados y liberados en el marco de su gobierno.
En la publicación, Gustavo Petro sostuvo que las operaciones militares bajo su mandato cumplen de manera estricta con el Derecho Internacional Humanitario, incluso en lo relativo al trato de los menores combatientes, conforme a las normas del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr).

El mandatario enfatizó que, pese a las críticas por la muerte de menores en enfrentamientos, las fuerzas armadas continúan sus acciones contra los grupos ilegales, siempre bajo el marco legal internacional.
“Las operaciones militares que he ordenado en mi gobierno respetan estrictamente el Derecho Internacional Humanitario, incluso ante el tratamiento al menor combatiente, como lo denomina el CICR y las normas internacionales”, afirmó Petro en su publicación en X.
En ese mismo mensaje, el presidente anunció que denunciará a ‘Iván Mordisco’ ante la Corte Penal Internacional, acusándolo de violar el Estatuto de Roma mediante el reclutamiento sistemático de menores.
Gustavo Petro atribuyó a este líder guerrillero la responsabilidad de forzar a más de doscientos niños, en su mayoría de comunidades indígenas, a integrarse a grupos armados.
Además, lo señaló como responsable de atentados con explosivos en ciudades como Cali y el Cauca, que han dejado decenas de víctimas civiles, y de actividades ilícitas como el narcotráfico y la explotación de minerales raros.

Según el mandatario, ‘Iván Mordisco’ busca expandir su control sobre territorios ricos en recursos, aprovechando la inestabilidad en zonas fronterizas como el Guaviare y el Esequibo, en la selva amazónica.
Petro también presentó cifras sobre el impacto del conflicto en la infancia colombiana. Según su propia investigación, desde el año 2000 han muerto más de cuatrocientos menores en combates.
El presidente afirmó que, durante su gobierno, se ha logrado la liberación de 2.411 menores del conflicto armado, y que en regiones como Nariño y Putumayo, donde la producción de cocaína es elevada, se ha registrado una reducción de la violencia y la entrega de menores por parte de grupos armados.
Gustavo Petro atribuyó estos avances a los procesos de paz y a la apertura de espacios de diálogo, en los que la liberación de menores y el respeto a la población civil son condiciones fundamentales.
Aseguró que en su administración no se han creado nuevas organizaciones ilegales y que su apuesta por la paz ha enfrentado resistencia de sectores que, según él, buscan mantener el conflicto por motivos electorales o económicos.
Petro también mencionó la coordinación internacional, especialmente con países amazónicos, para proteger la selva de las mafias dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.
En su mensaje, el presidente reiteró que la paz es la mejor vía para evitar que los niños sean víctimas de la guerra. No obstante, reconoció que la respuesta de los grupos armados ha sido diversa: mientras algunos han aceptado el desescalamiento de la violencia y la entrega de menores, otros, como el liderado por ‘Iván Mordisco’, han optado por la confrontación.
Petro insistió en que el Estado ofrece espacios de diálogo sociojurídico, pero que la continuidad de las operaciones militares es necesaria ante la persistencia de la violencia y la negativa de ciertos grupos a abandonar las armas.

La publicación de Gustavo Petro en X concluyó con un mensaje enfático sobre la respuesta estatal a la criminalidad: el presidente aseguró que las acciones de los grupos armados dedicados al narcotráfico recibirán una respuesta firme por parte del Estado, con el objetivo de garantizar que la población colombiana pueda vivir en libertad en todo el territorio nacional.
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