La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, inició una noticia criminal para esclarecer las circunstancias de los recientes bombardeos realizados contra las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.
Al menos 15 menores de edad murieron en estas operaciones, ejecutadas en zonas donde opera este grupo armado ilegal.
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El objetivo central de la indagación es determinar si, durante el desarrollo de los operativos militares, hubo omisiones a los protocolos establecidos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Como parte de la investigación preliminar, la Fiscalía revisará si la labor de inteligencia anticipó la posible presencia de menores en los lugares objetivo.
En ese sentido, la entidad solicitó a la Justicia Penal Militar la entrega de informes y registros operacionales recogidos antes, durante y después de los bombardeos para reconstruir el proceso de planeación y las decisiones tácticas tomadas por la fuerza pública.
Además, la indagación no se limitará al actuar de los militares. La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos también abrió una línea de investigación para establecer responsabilidades sobre el reclutamiento ilícito de los menores fallecidos por parte de las disidencias de las Farc.
De acuerdo con información preliminar, parte de los adolescentes ya estaba reportada como reclutada o desaparecida. Por ello, se emprendió la localización de las familias para recoger información sobre cómo llegaron estos menores a los campamentos.
En paralelo, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales asumirá el esclarecimiento de los hallazgos encontrados en los campamentos bombardeados y de los elementos materiales probatorios incautados contra las estructuras lideradas por alias Iván Mordisco. La Fiscalía, adicionalmente, coordina la reconstrucción del contexto y la gestión de la entrega de los cuerpos identificados por Medicina Legal.
Otras investigaciones en curso
Luego de conocerse la cifra oficial de menores asesinados en el operativo, la Procuraduría General de la Nación lanzó cinco investigaciones preliminares acerca de los operativos militares realizados no solo en Guaviare, también en otras áreas del país.
Además, la entidad alertó sobre un aumento significativo de casos de reclutamiento forzado entre 2024 y 2025, con 578 víctimas identificadas (351 niños y 227 niñas), de las cuales 277 eran indígenas. En el mismo periodo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) rescató 370 menores, con edades entre los 13 y 17 años, un 70% de los cuales eran niños y un 30% niñas.
De otro lado, el lunes 17 de noviembre de 2025, la Fiscalía Militar y Policial anunció la apertura de una investigación formal sobre la reciente operación militar en la zona rural de Puerto Cubarro, municipio de Calamar, en Guaviare, donde fallecieron veinte personas, incluyendo siete menores.
La autoridad judicial castrense detalló en un comunicado que la indagación se desarrollará conforme a los más altos estándares “jurídicos y técnicos”, para evaluar si los procedimientos empleados por la fuerza pública se ajustaron a los principios legalmente vigentes para el uso legítimo de la fuerza.
La Fiscalía reiteró el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia de los uniformados implicados hasta que se adopte una decisión final.
En el país, los bombardeos militares contra grupos armados ilegales han provocado la muerte de al menos 25 menores de edad desde 2019 en siete acciones distintas, bajo directrices de los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro.
El primer registro corresponde al 29 de agosto de 2019, durante el Gobierno de Duque, cuando un operativo en San Vicente del Caguán (Caquetá) dejó tres menores muertos. Este caso dio lugar a una censura parlamentaria y la renuncia del entonces ministro de Defensa Guillermo Botero.
La política de operativos aéreos continuó en años posteriores. El 2 de marzo de 2021, un ataque en Calamar (Guaviare) ordenado por el gobierno de Duque resultó en la muerte de una menor de 16 años, seguido de un bombardeo en Litoral de San Juan (Chocó) el 16 de septiembre de 2021, donde murieron cuatro menores.
Ya bajo el mandato de Gustavo Petro, la ofensiva persistió: el 23 de agosto de 2025, en El Retorno (Guaviare) murieron tres menores y el 1 de octubre de 2025, en Puerto Santander (Amazonas), otros cuatro.
La última semana, el 10 de noviembre de 2025, una operación en Calamar (Guaviare) dejó veinte fallecidos, incluidos siete menores, y generó nuevas investigaciones y cuestionamientos legislativos dirigidos al actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. Tres días después, el 13 de noviembre, un bombardeo en Puerto Rondón (Arauca) causó la muerte de ocho personas, entre ellas una menor, sin precisarse si el objetivo era una facción de las Farc o el ELN.
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