Luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, renovó por tres meses la figura de gestores de paz para un grupo de 16 exjefes paramilitares, entre ellos, Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna) y Arnubio Triana Mahecha (alias Botalón), en una decisión que genera debate sobre justicia transicional y el futuro judicial de los acogidos a la Ley 975 de 2005.
Sin embargo, un nuevo episodio se conoció en el caso de “Don Berna”, debido a que en el juicio que sigue en contra de Manuel Antonio González, un militar investigado por el crimen de Carlos Pizarro Leongómez, la juez 10 especializada solicitó el testimonio de Murillo Bejarano.
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Sin embargo, para el exjefe paramilitar esta novedad se convirtió en otro seguro para su petición: seguir en el programa de justicia transicional Justicia y Paz, en medio de este caso que sigue en la Sana Penal de la Corte Suprema de Justicia desde el 15 de septiembre de 2023, señaló en una publicación la Comisión Colombiana de Juristas (Coljuristas) el 18 de noviembre de 2025.
La resolución de la petición de “Don Berna” y “Botalón” se reportó el viernes 14 de noviembre y mantiene la vigilancia sobre el rol de quienes participaron en los procesos de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y una eventual continuidad en los mecanismos de paz.
Según los documentos oficiales, la prórroga solo contempla actividades limitadas: durante el último periodo, los gestores realizaron un único evento en Valledupar, centrado en recorridos por municipios afectados por la violencia paramilitar para presentar recomendaciones y escuchar a comunidades.
Las entidades estatales no han detallado de manera pública cómo se evaluará el impacto ni el cumplimiento de objetivos propuestos por estos antiguos líderes armados.
La figura de “gestores de paz” sigue siendo objeto de controversia política y jurídica. Gustavo Petro sostiene que se trata de un instrumento para dinamizar la reconciliación nacional e impulsar el Pacto de Ralito, fundamentales en la estrategia de “paz total” del gobierno actual.
No obstante, la Oficina de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación aclaró, según el informe divulgado por W radio, que la renovación de los nombramientos no afecta las medidas judiciales ni implica beneficios adicionales en el régimen de libertad aplicable a los beneficiados.
Esto dijo la senadora María José Pizarro en 2023: hija del candidato presidencial del M-19 Carlos Pizarro
Cuando corría 2023, la senadora María José Pizarro realizó un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que permitan la declaración de Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como ‘Don Berna’, exjefe paramilitar condenado en Estados Unidos, a fin de escuchar el testimonio sobre eventos relevantes del conflicto armado colombiano, incluido el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, líder histórico del M-19.
La solicitud se conoció el 20 de abril de 2023, y surgió luego de que la hija de “Don Berna”, Mónica Murillo, informara sobre el grave estado de salud que atraviesa el excomandante.
En declaraciones públicas, María José Pizarro confirmó su interés en recibir la versión directa de Don Berna: “Hay quienes queremos escuchar la verdad que quiere contar Don Berna, y si sabe algo sobre el asesinato de mi padre, 33 años en la impunidad”, escribió la legisladora en su cuenta de X, pidiendo apoyo a la Fiscalía, a la JEP y a abogados de la organización Coljuristas para acompañar el proceso legal.
Según detalló la hija del exparamilitar durante una sesión de la Comisión Segunda del Senado," Don Berna" enfrenta serias limitaciones para cumplir con los compromisos de Justicia y Paz desde su lugar de detención en la cárcel de Terre Haute, en Indiana, Estados Unidos.
Además de las múltiples afecciones de salud —incluida una progresiva pérdida auditiva y el uso de silla de ruedas— Murillo enfrenta barreras tecnológicas que impiden su participación remota en las diligencias judiciales pendientes en Colombia.
“Nunca se ha negado a decir la verdad, solo que ahora, en esta prisión, no hay condiciones tecnológicas para que él siga con lo de Justicia y Paz diciendo la verdad, reparando a las víctimas. Ha sido muy complicado y piensan que él no quiere o se niega, pero no es así”, explicó Mónica Murillo.
El caso de Diego Fernando Murillo Bejarano mantiene en expectativa a distintos sectores sociales y políticos, dado que las revelaciones que pudiera hacer su testimonio contribuirían a esclarecer no solo crímenes directamente vinculados al accionar paramilitar, sino a procesos centrales de la historia del conflicto armado.
Tras su desmovilización en 2003, Don Berna fue trasladado a Estados Unidos en 2009, donde cumple una pena de 31 años por narcotráfico, sumando antecedentes por homicidio, concierto para delinquir y vínculos con organizaciones criminales.
El exjefe del bloque Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tiene más de 64 años y padece un deterioro físico que complica posibles comparecencias.
El entorno familiar del exparamilitar insistió en la voluntad de colaborar con el sistema de justicia colombiano y evitar que la falta de recursos técnicos o las condiciones de reclusión en el exterior se interpreten como una evasión.
Además, se destacó que las visitas familiares resultan extremadamente complejas: “En este momento se encuentra en silla de ruedas, las condiciones de visita son demasiado difíciles”, relató su hija, quien describió un trayecto de ocho horas y temporales extremos para llegar hasta la prisión.
La historia criminal de Don Berna tuvo origen en el Valle del Cauca, inicialmente como parte de grupos disidentes del EPL del Norte del Valle y, después, como figura de importancia en las redes del narcotráfico y paramilitarismo, trabajando incluso cerca de jefes del cartel de Medellín y sobreviviendo a purgas ordenadas por Pablo Escobar.
A lo largo de las décadas, su participación en crímenes de alto impacto lo convirtió en pieza clave para los procesos de justicia, verdad y reparación impulsados por los mecanismos transicionales.
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