Las recientes tensiones políticas en Santa Marta han escalado a instancias judiciales, luego de que el alcalde Carlos Pinedo Cuello presentara una denuncia penal ante la Fiscalía seccional Magdalena contra Carlos Caicedo y el exgobernador Rafael Martínez por los delitos de injuria y calumnia.
El mandatario sostiene que su derecho fundamental al buen nombre fue seriamente impactado después de que ambos líderes hicieran públicos, mediante plataformas digitales y comunicados, señalamientos sobre supuestos vínculos con grupos armados ilegales y delitos relacionados con la participación ciudadana y la seguridad pública.
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Las declaraciones, difundidas primero por Carlos Caicedo a través de la red social X, incluyeron la publicación de un comunicado titulado: “Denuncia Urgente”. En ese documento, el exgobernador relacionó al alcalde samario con la comisión de conductas tipificadas como delitos, argumentando que los hechos expresados encajan en el tipo penal de calumnia.
Rafael Martínez, por su parte, amplificó y reiteró esas imputaciones tanto en sus redes como en otros espacios públicos, lo que, de acuerdo con la denuncia, constituye una coautoría o complicidad en el delito de calumnia al contribuir decididamente a la difusión de acusaciones consideradas falsas.
A raíz de estas afirmaciones, el alcalde Pinedo emitió también su propio pronunciamiento en redes sociales, donde rechazó categóricamente los señalamientos.
Sostuvo que “ni ningún miembro de su equipo político o familiar han sido sujetos de procesos judiciales, investigaciones o sanciones por vínculos con organizaciones armadas ilegales o delitos electorales. Por tanto, las afirmaciones realizadas por los señores Caicedo y Martínez son manifiestamente falsas, y su difusión pública vulnera de manera grave el derecho fundamental al buen nombre, la honra y la reputación del denunciante”.
La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía seccional Magdalena, dando paso a una nueva etapa en la confrontación pública entre los dirigentes. El expediente penal destaca tanto la gravedad de las imputaciones como la intención de sancionar la presunta afectación a la reputación del actual alcalde de Santa Marta.
La Corte Suprema abrirá investigación por injuria y calumnia contra congresista que aseguró que el alcalde de Santa Marta está vinculado con grupos ilegales
Las acusaciones que involucran a Ingrid Johana Aguirre Juvinao, representante a la Cámara por Magdalena y figura destacada de la colectividad Fuerza Ciudadana, generarón tensión en el ámbito político de Santa Marta.
En un pronunciamiento divulgado por la propia Aguirre a través de su cuenta de X, la dirigente responsabilizó públicamente al alcalde Carlos Pinedo por presuntos lazos con grupos fuera de la ley, intensificando así el debate sobre la seguridad en la capital del departamento.
Aguirre Juvinao, en el material audiovisual planteó que “el de los clanes mafiosos, y el que tiene todo un presunto prontuario ligado a las mafias es usted. Cómo se atreve a instrumentalizar la seguridad, cuando son sus aliados, ligados a las mafias, los que han desplegado toda una operación para retomar el poder en el territorio”, acusando de manera directa al mandatario local de estar supuestamente vinculado con redes delictivas que, sostiene, buscan reposicionarse en el área.
Junto a estos señalamientos, la legisladora destacó que los financiadores detrás del alcalde estarían asociados a la reciente ola de inseguridad que afecta a Santa Marta, elaborando una estrategia para instaurar “caos y miedo” en beneficio propio.
Esta confrontación pública surge en medio de la disputa electoral del municipio, que se ha visto marcada por la inhabilitación de Patricia Caicedo, hermana del exgobernador Carlos Caicedo, quien aspiraba a la alcaldía de la ciudad. La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto desfavorable que respaldó la exclusión de su candidatura, hecho que fue reportado por la revista Semana.
Aguirre Juvinao, en sus declaraciones, consideró que la anulación de la inscripción de Patricia Caicedo representa un revés para el partido Fuerza Ciudadana, afectando a su base electoral y alterando el panorama político local.
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